La política migratoria “tolerancia cero” del presidente estadunidense Donald Trump, ha llegado a extremos impensables al disponer la detención y separación de las familias migrantes al ingresar irregularmente a territorio norteño.
Esta política llevó a la inhumana separación de más de 2,500 niños y niñas; sus padres fueron arrestados y sus menores hijos llevados a “centros especiales” improvisados, calificados como jaulas o perreras. La mayoría son originarios de Honduras, Guatemala y El Salvador.
Creíamos que aquellos campos de concentraciones nazis en la segunda guerra mundial, era ya una historia que aterró al mundo y que ya no sucedería. Pero estamos en una tragedia similar con la encarcelación masiva de familias migrantes en Norteamérica, que gracias a los medios de comunicación y redes sociales nos enteramos de sus sufrimientos. A diario vemos escenas desgarradoras de niños de apenas dos, tres y más años de edad, que sufren con clamor las separaciones violentas. Las autoridades han llegado a extremos de llevar y obligar a estos menores a declarar indefensos ante jueces, práctica violatoria a las convenciones internacionales.
En días pasados conocimos el caso de una madre que fue arrebatada por agentes de migración de su niño cuando lo amantaba. Asimismo de una adolescente hondureña de quince años, que se escapó cuando la llevaban del albergue a un centro de salud y se refugió en un taller, donde fue recapturada en medio de llantos porque no quería regresar al centro de detención. También de una niña de apenas seis años que fue violada, revelándose denuncias de más acosos y abusos sexuales de menores cometidos por los mismos empleados de los centros de migrantes.
Parte de la población organizada y de sectores políticos de la nación americana, han repudiado estas prácticas atroces pidiendo su cese inmediato. Como reacción, un juez federal ordenó al gobierno de Trump, reunificar las familias migrantes y detener su separación en las fronteras dando un plazo para su cumplimiento. Hasta la fecha el gobierno no ha logrado la reunificación total de estas familias, debido a la improvisación en las separaciones y detenciones, careciendo de datos completos de los nombres de los niños y niñas albergadas, ni de sus padres con las direcciones de sus familiares. Es de imaginarse la desesperación de estos padres y sus menores hijos ante la incertidumbre de no saber si podrán reencontrarse o si quedarán huérfanos anónimos. Según últimos datos revelados, se encuentran 314 niños hondureños que continúan retenidos sin poder ser reunificados con sus familiares.
Ante estos escenarios dramáticos, legisladores demócratas han exigido la renuncia de la Secretaria de Seguridad Nacional por su negligencia y selección en la separación de niños de sus progenitores. Y debido a estas presiones y a la incapacidad de las autoridades de no lograr las reunificaciones, se reveló que el gobierno federal le ha encargado a la organización “Unión Americana de Libertades Civiles” la responsabilidad de reunificar a los cientos de menores inmigrantes con sus padres deportados o detenidos; y que el Departamento de Estado ha iniciado conversaciones con gobiernos extranjeros para que cooperen con estos esfuerzos.
Si bien, hay que reconocer las acciones que el gobierno hondureño realiza individual y conjuntamente con sus homólogos del Triángulo Norte acompañados por México, para contrarrestar las políticas anti migrantes del gobierno estadunidense; pero no son suficientes porque deben denunciar internacionalmente y a todos los niveles las graves violaciones a nuestros connacionales. En este contexto, convendría conformar un grupo de trabajo de funcionarios diplomáticos de carrera con experiencias en materia migratoria y consular, que si los tenemos, que establezca estratégicas nacionales y regionales a fin de encontrar soluciones integrales al drama de nuestra población migrante.
Al interno, pareciera que a ciertos grupos sociales organizados y líderes políticos, no les interesa la política “tolerancia cero” de la administración Trump, y a manera de reacción o escape al tema, sólo critican que la cantidad de hondureños que emigran se debe a la pobreza, la violencia e inseguridad y falta de empleo, hasta ahí nomás.
Algunos miembros de la sociedad civil muy conocidos por cierto, hacen visitas a la capital norteamericana para denunciar la corrupción gubernamental y hablar y hablar de sus hazañas y logros contra estos flagelos y justificar la obtención de fondos para sus organizaciones. Las mismas visitas han hecho algunos dirigentes políticos para plantear similares temas, agregando el interés del diálogo político que es lo único que les interesa para mantenerse vigentes en sus aspiraciones personales y políticas. Y hasta ahora no se conocen reacciones o críticas de estos dirigentes sociales y políticos a las prácticas inhumanas y atentatorias de las autoridades del país norteño contra nuestros migrantes; ni menos que se unan a las luchas de tantas organizaciones que defienden a esta población ausente de nuestro país. Pareciera que no les concierne porque no les produce la materia prima para sus objetivos, o porque los votos infantiles no les suman a sus pretensiones electoreras.
El drama de nuestra niñez migrante y sus familiares que sufren en Estados Unidos de America y que pudiese pasar en otros países, es un asunto de suma prioridad nacional que debe atenderse en una mesa de trabajo excluida de los temas políticos partidarios.
