Esa fue la pregunta que don Renato Álvarez planteó la semana pasada en su conocido programa Frente a Frente. Renato hacía la pregunta a raíz de los problemas habidos durante el desarrollo del proyecto hidroeléctrico Patuca III. Este es un mediano proyecto hidroeléctrico, aproximadamente la cuarta parte de El Cajón, si lo medimos por su producción de energía, localizado en el departamento de Olancho. El proyecto ha sufrido un atraso de seis años, según los panelistas invitados por Renato. Además ha padecido de un significativo sobrecosto que hace que ahora su costo se estime en quinientos millones de dólares, convirtiéndolo así en uno de los proyectos más caros de Centro América, según los panelistas. Para colmo de males, su producción no podrá ser plenamente utilizada porque no se han construido las líneas de transmisión necesarias para llevar la energía y potencia a los centros de consumo. El siguiente lunes 28 Renato invitó a otro grupo de panelistas quienes brindaron información adicional y corrigieron algunos de los datos proporcionados en el primer programa televisivo. En su primer programa Renato planteó la pregunta, ¿por qué somos como somos? Lamentablemente la pregunta no tuvo respuesta. Veamos ahora si nosotros podemos brindar una respuesta.
Antes de intentar contestar la pregunta, completemos el panorama que presenta la construcción de Patuca III. Para comenzar, el proyecto no contó con un estudio de viabilidad, mucho menos con diseño y documentos de licitación. No sabemos si se preparó un estudio de su impacto ambiental. En todo caso, el proyecto se entregó a una empresa china a nivel de perfil a cambio de que China financiara su construcción. Los chinos prepararon, no sabemos si contaron con la participación de una firma consultora internacional e independiente, el estimado de costo y luego brindaron financiamiento al gobierno. Se aceptó lo que propusieron y se procedió a la construcción. No sabemos si se contó con los servicios de una firma supervisora internacional e independiente, como normalmente se estila en la construcción de proyectos de esta índole. Algunos dicen que el costo del proyecto de cien MW es de quinientos millones de dólares, otros dicen que fue de cuatrocientos sesenta y nueve millones, pero en todo caso nunca se nos ha dicho cual fue el monto, ni las condiciones, del financiamiento chino. A mi juicio, nadie sabe con certeza el costo del proyecto. Los estados financieros de la ENEE no han sido certificados desde hace ya varios años por auditores externos debido a las serias deficiencias que ellos encuentran en los sistemas de contabilidad de la ENEE. Por tal razón cualquier cifra que se mencione será cuestionada. En todo caso, lo que la transparencia demanda es que se nos presente el costo del proyecto con el desglose que se acostumbra, es decir, incluyendo las obras civiles, equipo electromecánico, subestaciones y líneas de transmisión, obras sociales, la adquisición de las tierras y los intereses durante la construcción. Recordemos que estos continúan acumulándose ya que no ha entrado en operación. Además, hay que atender todavía gastos por la adquisición de los terrenos inundados y por la reparación de vías de comunicación dañadas por la construcción. Todo eso permite pensar que probablemente el costo del proyecto sobrepase los seiscientos millones de dólares, o sea seis mil dólares por kW instalado, una cifra muy alta, si se compara con las cifras correspondientes a otros proyectos construidos en países vecinos y que rondan los dos mil o tres mil dólares por kW.
En el segundo programa televisivo se explicó que el proyecto no podrá operar próximamente ya que es menester completar algunas obras sociales y proceder a someter los equipos y obras a las pruebas necesarias para asegurar la correcta operación del proyecto. Para esto último se requiere que el embalse alcance cierto nivel, cosa que no ha ocurrido todavía. Por otro lado, es sabido que el contratista chino ha manifestado a la Comisión Interventora que el personal de la ENEE no ha sido capacitado para operar el proyecto. Siendo todo esto así, es razonable suponer que estamos a meses, sino a un año, de ver el proyecto en operación.
Es menester también recordar que se ha mencionado que una de las empresas de Los Cachiros participó en la construcción de los campamentos del proyecto. En resumen, la obra ha sufrido traspié tras traspié. Ciertamente que no es un modelo de cómo proceder con la construcción de un proyecto hidroeléctrico.
Visto todo esto, cabe preguntar ¿por qué ocurren estas cosas? o, como lo plantea don Renato, ¿por qué somos como somos? A mi juicio, esto se debe a que, al menos en nuestro país, cuando las empresas de servicios públicos son propiedad y son operadas por el sector público, están sujetas a incentivos políticos, y no económicos, y por ello fracasan. Vea sino el caso de ENEE, de Hondutel o del SANAA. Cuando las empresas están en el sector público, con las honrosas excepciones del caso, quienes son nombrados para administrarlas entienden que lo importante es usar la empresa para contratar activistas, para hacer favores y entregar jugosos contratos a amigos y correligionarios y para evitarle problemas al gobierno. Esto último implica que no se le suspenda el servicio a quienes no pagan, o hurtan energía o agua, ya que eso puede llevar a quejas, reclamos y manifestaciones. La eficiencia, la reducción de costos, el cobro oportuno del servicio prestado, el combate al hurto y fraude, que son los criterios que privan en el sector privado, brillan por su ausencia. Curiosamente, muchas personas insisten en ignorar esta realidad. Muchos insisten en que el problema es la intromisión de la política en la administración de las empresas, pero igual y equivocadamente insisten en que lo único que se requiere es que se nombre gerentes por sus méritos profesionales y que se les deje trabajar. Y es posible que eso pueda darse, ocasionalmente. Nuestro modelo estatal ya tiene, en el caso de la ENEE, cerca de setenta años y a partir del retorno a la democracia los gerentes políticos han sido mucho más numerosos que los profesionales. Una golondrina no hace verano. La experiencia nos demuestra que en Honduras la erradicación permanente de la política en las empresas públicas es imposible. En nuestro país el único muro inexpugnable a la intromisión política es el sector privado. Si queremos superar problemas como los causados por la construcción de Patuca III debemos trasladar las actividades de distribución al sector privado. Si las empresas privadas de distribución son las encargadas de contratar la nuevas centrales de generación mediante licitación pública internacional, ya veremos cómo casos como el de Patuca III no se repetirán.
Algunos rechazarán esta idea y seguirán exigiendo que las empresas de distribución continúen siendo propiedad estatal. Según ellos, el modelo estatal es rescatable, y ese puede ser el caso en otros países, como Costa Rica, donde el Instituto Costarricense de Electricidad, al cual me tocó supervisar hace años, funciona razonablemente bien. Pero eso requiere una madurez política que no encontramos en nuestro país. En nuestro caso los políticos seguirán metiendo las manos en las empresas públicas.
Contestando la pregunta de Renato, somos como somos porque rehusamos aprender de nuestros errores. En el caso que nos ocupa, insistimos en mantener a las empresas de servicios públicos en el ámbito estatal a pesar del evidente fracaso del modelo. Por supuesto que esta conclusión lleva a otra pregunta, ¿por qué rehusamos aprender de nuestros errores? ¿Por qué nuestra fascinación con el sector público? Pero la respuesta a estas interrogantes debería ser el tema de otro programa de don Renato Álvarez.
