Por: Hugo Noé Pino
Tegucigalpa.- El progreso económico y social de una nación requiere un marco institucional fuerte, que permita a los diferentes actores económicos desempeñarse de la forma más eficiente y equitativa posible.
Por un momento haremos abstracción de la reelección legal e ilegítima en marcha, para concentrarnos en lo negativo de las políticas económicas que la permanencia de JOH en el poder trae consigo.
En primer lugar, al concentrar el poder mediante el control de la Corte Suprema de Justicia, el Ministerio Público, el Tribunal Supremo Electoral, el Tribunal Superior de Cuentas, etc., envía el mensaje de que la seguridad jurídica en el país tiene que pasar por aduanas políticas, solo así se cumplen o firman contratos entre privados y entre privados y gobierno. A todas luces esto es un desincentivo a la inversión privada nacional y extranjera, de por sí carentes de dinamismo en los últimos años.
Un segundo elemento por considerar es la estructura tributaria hondureña. El ajuste fiscal, que el mismo JOH ayudó a construir siendo presidente del Congreso Nacional, ha contribuido a aumentar la desigualdad en el país al recaer su peso sobre la mayoría de la población. En efecto, se han mantenido las exoneraciones a grupos privilegiados y los bienes públicos han aumentado de precio o limitado sus alcances sin que la prometida eficiencia asome por alguna parte . Es bastante conocido que la reducción de la desigualdad aumenta el crecimiento económico.
Lo anterior es producto de que la política económica ha sido dirigida y diseñada por JOH y respaldada por el Fondo Monetario Internacional y la élite económica hondureña. Esta argolla empresarial tiende a preferir mercados cautivos, regulaciones leves y contratos amigables al aumento de sus ganancias, en lugar de competencia leal basada en aumentos de productividad. Una élite de esta naturaleza, más mercantil que capitalista, resta competitividad a las empresas y al país en su conjunto. Es la élite que respalda a JOH para mantener sus privilegios.
Un factor adicional es el manejo del presupuesto público, que enfatiza el gasto militar y el gasto en clientelismo político, en detrimento de sectores tan importantes como la salud, educación y la seguridad social. Programas como Vida Mejor, son bienvenidos, cuando se diseñan y aplican con base científica, pero terminan en fiasco cuando privan los objetivos de caudillismo y de partido. Este es una de las explicaciones más importantes de por qué los indicadores de pobreza en Honduras se mantienen casi invariables.
Las inversiones públicas en infraestructura económica se han mantenido a niveles de entre el 2% y el 3% del PIB, cuando el país requiere porcentajes más altos, pero es un problema de prioridades equivocadas, donde el peso de la deuda pública es una limitante. Esta última ha venido absorbiendo entre el 20% y el 25% de los ingresos tributarios en los últimos cinco años, con fuertes pagos programados para los años venideros. El cambio de composición al trasladar parte de la deuda interna a bonos soberanos puede representar problemas futuros de pagos. La ENEE, a cuyo destino se dijo que irían el último tramo de bonos soberanos por $750 millones, no solamente encuentra un desafío en su situación endeble financiera, sino que ahora la depreciación acelerada del tipo de cambio amenaza también con aumentar fuertemente la deuda en lempiras.
La economía internacional urge de gobiernos con transparencia y decisión en la lucha contra la corrupción. Ante los intentos de la MACCIH, del Consejo Nacional Anticorrupción y de UFECIC de disminuir los actos ilícitos, las más altas esferas de gobierno dirigen el contraataque a las redes de corrupción en el país. La elección del próximo Fiscal General será una muestra de ello.
La gobernabilidad de un país es una condición sine quo non para el avance económico y social en los países que han mostrado progresos sustanciales. Sin embargo, los asesores políticos de JOH enfatizan la confrontación y la división como mecanismos para mantener el poder. A esto se unen las violaciones a los derechos humanos, ampliamente documentadas por organizaciones nacionales e internacionales, pero cuyas recomendaciones son rápidamente pasadas por alto.
Dadas éstas y muchas más razones, la política económica, y las decisiones de gobierno en general, deben cambiar de rumbo. Su continuidad implica que se mantengan los problemas estructurales del país, la falta de mano de obra capacitada, las exportaciones basadas principalmente en productos primarios, la desigualdad y otros problemas. Su resultado son los niveles altos de desempleo, pobreza y desigualdad. Al igual que lo expresado por un joven universitario nicaragüense en la cara de Daniel Ortega, el inicio a la búsqueda de soluciones en Honduras pasa por la salida del poder del homólogo hondureño. ¿O esperará JOH a que algún valiente también se lo diga de frente?
