Por: Juan Alberto Lara Bueso
Hace un tiempo tuve conocimiento que la Empresa Nacional de Energía Eléctrica -ENEE- entregaba a sus empleados un bono en la Semanas Santa, quienes lo llamaban ocurrentemente el bono del pescado porque en esa época se consume esa especie acuática y otros productos del mar, que se disfrutan en exquisitos platos de mariscadas, tortas de pescado y que en los pueblos acompañan con la bebida de chilate , torrejas y futas de temporada; mi recordada madre preparaba las papayitas con miel de rapadura de dulce.
También la ENEE les entregaba una cantidad para las navidades y que le decían el bono del tamal porque es el plato favorito en esas épocas. Es posible que estas bonificaciones estén establecidas en el contrato colectivo; y no sé si actualmente continúan entregando esos bonos.
Viene a mi memoria el comentario anterior, por la noticia que ha circulado recientemente sobre la entrega del Congreso Nacional a los diputados propietarios de cincuenta mil lempiras y a los suplentes veinticinco mil como subsidios destinados para ayudas; según informaciones circuladas, no aceptaron los subsidios los parlamentarios de la bancada de LIBRE Jari Dixon y Patricia Murillo. Juan Barahona lo devolvió. Haciendo un cálculo matemático, suman nueve millones seiscientos mil lempiras la partida presupuestaria entregada, restando los bonos que no aceptaron los tres diputados antes mencionados.
En lo personal, tengo el mejor respeto por las y los honorables diputadas y diputados, conozco personalmente a muchos y no dudo que han entregado estos subsidios en forma debida de acuerdo a las disposiciones del Congreso Nacional. Pero no podemos obviar las reacciones de algunos sectores, criticando las entregas de esas ayudas porque precisamente fue en la pasada Semana Santa y por ello la han denominado el bono del pescado.
Sobre el particular y con las disculpas de los parlamentarios, considero que aunque las ayudas las utilizaron adecuadamente para personas que las necesitaban, no era conveniente su aprobación porque aun está en la opinión pública lo sucedido con la entrega del Fondo Departamental a los diputados desde el año 2005, que ocasionó requerimientos fiscales del Ministerio Público, a solicitud del Consejo Nacional Anticorrupción y de la MACCIH; y de una reforma de la Ley de Presupuesto de la Republica en el sentido que las auditorías por el uso de este fondo entregado a los parlamentarios deben hacerse en el Tribunal Superior de Cuentas, lo que originó reacciones adversas.
A mi entender, el subsidio recibido no es una cantidad considerable, ni mucho menos suficiente para que cada diputado pueda atender tantas necesidades sociales en sus lugares de origen; me imagino que se han producido críticas y malestares de muchas personas que no fueron favorecidas con esta ayuda. En este sentido, si es una partida del presupuesto Legislativo, lo conveniente hubiese sido que el pleno del Congreso Nacional aprobara una moción para que esa cantidad fuera destinada a un hospital público, como lo son el Hospital Escuela y el San Felipe donde acuden la mayoría de personas de escasos recursos para la asistencia médica. Por otra parte, para los diputados que la recibieron les resulta complicado presentar sus liquidaciones, las que aunque estén correctas, siempre quedará en el ambiente algunas dudas y reservas. Además, lo es para la misma auditoría del Congreso y del TSC que se ocuparan como corresponde, a revisar y verificar la documentación por cada subsidio que suman más de doscientos y tantos diputados; ello ocasiona destinar a un gran número de auditores que pueden estar ocupando su tiempo en otros tantos expedientes, además la utilización de material, recursos y de equipo que creo que el TSC no tiene en abundancia.
Estamos afrontando una cultura de la sospecha y de la confrontación especialmente de ciertos sectores políticos y sociales, que todo lo critican pero que cuando son beneficiados aceptan y justifican las ayudas recibidas, siendo capaces hasta de tirar la primera piedra para simular la parábola bíblica.
