El derecho a la salud, en el contexto del cambio climático, es un tema de creciente preocupación para la comunidad internacional. Así, la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH) reconoció que, este fenómeno amenaza la salud y el bienestar de las personas y que, los Estados tienen la obligación de tomar medidas para proteger este derecho, especialmente con relación a la adaptación y sus impactos.
En el caso de Honduras, el cambio climático ha generado condiciones propicias para la
proliferación de enfermedades transmitidas por vectores como el dengue, zika y Chikunguña. Solo en el 2024, Honduras reportó más de 144,142 casos de dengue y 190 muertes, reflejando una crisis sanitaria que desbordó los sistemas locales de salud.
Además, la contaminación del aire derivada de incendios forestales y la expansión urbana, sin control, agravó enfermedades respiratorias, afectando principalmente a niñas, niños y adultos mayores.
Las inundaciones y deslizamientos de tierra, también son fenómenos que han contaminado fuentes de agua potable, aumentando la propagación de enfermedades gastrointestinales e infecciones cutáneas en comunidades con infraestructura sanitaria deficiente. Lo cierto es que la falta de programas de salud pública, adaptados a los nuevos riesgos climáticos, ha generado una respuesta insuficiente ante estos desafíos.
La Ley de Cambio Climático indica que la Secretaría de Salud (SESAL) y el Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), deben tomar en cuenta el cambio climático en sus planes para mejorar la prevención y disminuir las enfermedades que podrían incrementarse debido a la variabilidad climática.
El Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (CONADEH) emitió, en el 2024, una “Alerta Temprana” en la que recomendó, a las autoridades hondureñas, adoptar medidas urgentes encaminadas a proteger el derecho a la salud colectiva, ante el riesgo que representa, para las personas, la contaminación del aire.
Asimismo, se recomendó, al Estado de Honduras, imponer -a todos los sectores de la sociedad- medidas de protección obligatorias, en aras de garantizar la prevención de afectaciones al derecho a la salud, tomando en consideración el nivel de riesgo en cada uno de los departamentos del país.
Es evidente que, en el país, por años, el sistema de salud pública ha estado en crisis y requiere ser fortalecido con un enfoque adaptado al cambio climático, implementando medidas preventivas y programas de salud para hacerle frente a enfermedades relacionadas con el clima.
Además, es crucial y urgente que, el Estado implemente un mecanismo de Alerta Temprana para las comunidades que viven colindando con ríos y quebradas, de lo contrario, su salud y su vida estará siempre colocada en una situación de riesgo de manera perpetua.
Adicionalmente, es imprescindible mejorar la infraestructura sanitaria, especialmente en las comunidades vulnerables, garantizando el acceso a servicios de salud de calidad. Aunado a ello,
el Estado debe contemplar la promoción de la educación en salud y la sensibilización sobre los riesgos climáticos, así como adoptar medidas para prevenir la contaminación del aire y de las fuentes de agua potable.
En conclusión, es indispensable y urgente que el Estado hondureño implemente políticas públicas para atender y contrarrestar los efectos del cambio climático sobre los derechos humanos y con ello asegurar y proteger la salud de toda la población.
