Los proveedores de salud son aliados clave para frenar la violencia contra la mujer.
Si trabajaras en una clínica o en un hospital de América Latina y el Caribe y te tocara hacerle el chequeo inicial a una mujer que ha llegado con visibles lesiones en su rostro y notas que intenta ocultar la causa de su condición, ¿qué harías?
La respuesta habitual sería atender sus lesiones acatando el protocolo médico para estos casos, aunque es casi seguro que esa mujer requiera más que curar sus heridas y mitigar su dolor físico, hay una alta probabilidad de que se trate de un caso de violencia doméstica. Se estima que en todo el mundo, una de cada tres mujeres ha sufrido algún tipo de violencia, física, psicológica y sexual, en manos de su pareja.
En la mayoría de países, el personal de salud se ha limitado hasta ahora a brindar la atención básica. Parece increíble que una paciente en esas condiciones abandone el centro de salud sin recibir ningún tipo de orientación o asistencia que la haga sentir comprendida y le pueda dar la motivación para poner un alto a una situación de violencia.
Las buenas prácticas requieren entre otras cosas de un enfoque multisectorial, interdisciplinario e interinstitucional de las intervenciones en las que deben participar en conjunto policía, salud, poder judicial, servicios apoyo social. CEPAL desde hace 10 años publicó los casos de Costa Rica, México, Bolivia, Panamá, República Dominicana, Honduras, Jamaica y Paraguay como referentes relevantes en materia de salud. El éxito radica en la duración del proyecto, la voluntad política, la disponibilidad de equipos técnicos especializados y de procesos participativos de diseño, implementación y evaluación.
Conozco muy de cerca una experiencia exitosa donde los proveedores de salud están ahora ayudando a salvar vidas de mujeres, se trata de La Clínica del Pueblo. Es un centro de salud sin fines de lucro que está en Washington DC, donde cada año se brindan servicios gratuitos a más de ocho mil personas (mujeres, hombres, niños y niñas), la mayoría de ellos inmigrantes latinos.
La Clínica es pionera en el modelo de atención a mujeres que son víctimas de la violencia doméstica. Lo primero que hicieron fue sensibilizar y capacitar a todo el personal para que tengan siempre una respuesta adecuada y una orientación precisa para cada mujer que lo solicite. Además de ello, incluyeron en el cuestionario médico inicial preguntas relacionadas a la violencia doméstica y el abuso sexual.
Dilcia Molina, gerente del Programa de Salud y Género de esta clínica me explicó que el resultado de esta nueva atención integral en el caso de las mujeres es acercarlas a los médicos, enfermeros, psicólogos y promotores de salud en un plano que va más allá del cuidado médico, “Queremos que sientan la confianza de poder hablar de su caso cuando estén enfrentando una situación de violencia doméstica y poder quizá dar así el primer paso para poner fin a este tipo de abuso que puede estar alcanzando también a sus hijos”, me dijo en una charla reciente.
Para Molina, cuando una mujer puede liberarse de los conflictos emocionales o prejuicios familiares, religiosos y hasta sociales que van acompañados a una situación de violencia doméstica, el proceso de sanación puede agilizarse, dándole así el empoderamiento que requiere para recobrar la confianza en sí misma. “Sólo de esta manera se puede convertir en una actora y autora de su propia salud”.
La violencia contra la mujer no sólo es un problema de salud pública sino también de derechos humanos, que alcanza a mujeres sin distinción de raza, cultura y nivel económico y social. Cada 25 de noviembre, en el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, hombres y mujeres debemos alzar la voz para reclamar políticas y programas de salud de prevención más efectivas que permitan abordar las principales causas detrás de este fenómeno, responsable cada año, de la muerte de cientos de miles de mujeres en el mundo.
Además de estas políticas debemos fortalecer la infraestructura social de servicios que incluya más líneas telefónicas de asistencia, refugios, consejería legal, acceso a la justicia, asesoramiento, servicios sanitarios y una protección judicial más efectiva.
Todos y todas tenemos responsabilidad frente a este problema considerado ya una pandemia por la Organización Mundial de la Salud. Todos y todas tenemos la obligación de permitir a las mujeres vivir una vida con dignidad, una vida libre de violencia.
