Tegucigalpa – Existen decretos que hay que respetar en relación a la protección ambiental en las Islas del Cisne, expuso el abogado Germán Licona, quien lanzó la advertencia sobre las implicaciones legales y ambientales de la construcción de dicha obra.
La construcción de esa cárcel podría someter a Honduras a una demanda internacional. Según Licona, un decreto PCM de 1991, emitido el 30 de octubre de ese año, establece que la zona debe ser protegida. Además, un decreto Legislativo número 198 del año 1994 refuerza esta protección.
Licona cuestiona cómo el ministro de Mi Ambiente, Lucky Medina, puede tener lista una licencia de impacto ambiental para la construcción de la cárcel sin que el Congreso Nacional haya aprobado una reforma que permita esta obra.
«Cuando los políticos desconocen por acción u omisión el imperio de la Constitución y sus leyes, creo que hay un abuso por exceso de poder», expresó Licona.
El abogado subraya que la construcción de la cárcel no solo tendría un impacto ambiental significativo, sino que también plantea un grave problema de legalidad. Los funcionarios públicos no deben cometer actos contrarios a la legislación hondureña, y en este caso, la construcción va en contra de decretos que están vigentes.
Licona enfatiza que el Congreso Nacional debería ser el primer órgano en conocer y aprobar cualquier cambio legislativo, similar a lo ocurrido en Colón, donde se redujo la zona núcleo de una reserva para permitir la instalación de una minera. «Espero que no cometan ese mismo error” en el caso de la Isla del Cisne, porque vendrán consecuencias, reiteró. LB
