Los acontecimientos dados a conocer en cables despachados por el embajador Hugo Llorens desde Tegucigalpa, dan cuenta de la óptica con que el jefe de misión de los Estados Unidos vio la crisis, su incidencia y su rol en los albores de la misma.
Los despachos también muestran los compromisos del entonces presidente Manuel Zelaya con la izquierda y las actuaciones de los líderes políticos, tras bastidores.
Proceso Digital ofrece la traducción libre de tres cables que denotan hechos relacionados a uno de los momentos históricos más difíciles de la vida institucional de este país centroamericano.
El despido de general Vásquez y la renuncia de Orellana 09TEGUCIGALPA495 FECHA: 6/25/2009 16:51 1. (C) Resumen. El Presidente Manuel «Mel» Zelaya despidió al Jefe Militar Conjunto General Romeo Vásquez la noche del 24 de junio después de que éste se negó a llevar a cabo una orden de proporcionar apoyo a la consulta del 28 de junio para fundamentar una referendum en noviembre, referéndum sobre la reforma constitucional, una encuesta declarada ilegal por un tribunal de apelación de Honduras. El resto de la cúpula militar luego renunció, seguida por el Ministro de Defensa Edmundo Orellana. Zelaya, a continuación, pidió una reunión los grupos sociales que lo apoyan en el Palacio Presidencial para el mediodía el 25 de junio. El Fiscal General Luis Alberto Rubí emitió una declaración calificando el despido de ilegal y dijo que buscaría una orden judicial para el restablecimiento de Vásquez. El Congreso de Honduras y la Corte Suprema han sido llamados a sesión. El descalabro siguió al fracaso de los líderes políticos de Honduras para llegar a un acuerdo sobre el texto de la encuesta del 28 de junio. Aunque los principales líderes del Partido Liberal se reunieron en cuatro sesiones entre el 17 y el 22 de junio, organizadas por el embajador, no pudieron llegar a un acuerdo sobre la redacción de la encuesta para que todos aceptaran su legalidad. Tras el final de las conversaciones, los que se oponen a la encuesta prepararon una legislación (que no requiere la aprobación presidencial para convertirse en ley) que apoyaría los dictámenes de a la Corte sobre su ilegalidad, pero permitiría a los militares a proporcionar apoyo logístico, sin sanciones, eliminando así la presión sobre los militares. El Congreso, sin embargo, se negó a apoyar el proyecto de ley. Fin del resumen. 2. (C) El presidente Manuel «Mel» Zelaya despidió al Jefe Militar Conjunto General Romeo Vásquez la noche del 24 de junio después de la este último se negó a llevar a cabo una orden con el fin de proporcionar apoyo a la consulta del 28 de junio para fundamentar un referendum en noviembre, referéndum sobre la reforma constitucional, una encuesta declarada ilegal por un tribunal de apelación de Honduras. Vázquez confirmó al Oficial Adjunto de Defensa de la Embajada que había sido despedido al no llevar a cabo una orden «ilegal». Vásquez emitió una declaración instando a los militares a mantener la calma y seguir las órdenes. El resto de la cúpula militar a continuación renunció, seguida por el ministro de Defensa, Edmundo Orellana, un partidario leal a Zelaya. Orellana dijo al Embajador que Zelaya le había pedido que se quedara, pero que él le respondió que no podía hacerlo ante la renuncia de los dirigentes militares. 3. (C) Zelaya anunció el despido y las renuncias en un breve discurso transmitido a nivel nacional e instó a los grupos sociales de izquierda a que lo apoyen a reunirse en Casa Presidencia al mediodía del 25 de junio. Mientras tanto, el Procurador General, Luis Alberto Rubí, emitió una declaración calificando el despido de ilegal y dijo que buscaría una orden judicial para el restablecimiento de Vásquez. El Congreso ha sido llamado de nuevo a sesión y el Tribunal Supremo emitió una declaración diciendo que se encontraba en reunión. 4. (C) El descalabro siguió al fracaso de las conversaciones entre los líderes del Partido Liberal para forjar un consenso sobre la encuesta del 28 de junio. Dando seguimiento a la solicitud del Presidente Manuel «Mel» Zelaya para organizar una reunión entre él y sus colegas liberales para reiniciar un diálogo entre ellos, el Embajador, acompañado de subjefe de misión, siguiendo las instrucciones figuran en el telegrama de referencia, organizó cuatro reuniones en su residencia en las noches del 17 de junio, 19, 20 y 22. Un lado estaba representado por Zelaya, mientras que el otro por el ex presidente Carlos Flores. Las conversaciones se centraron rápidamente en la redacción de la encuesta del 28 de junio, que llamaba específicamente a una asamblea constituyente. Flores argumentó que la razón por la que los tribunales habían declarado la consulta ilegal fue que hacía un llamamiento específico para este tipo de asamblea, que legalmente sólo podría hacerse mediante un referéndum aprobado por el Congreso. Flores, a través de una serie de propuestas, intentó que Zelaya a aceptara un texto sin referencia a una Asamblea Constituyente, sugiriendo que aceptara un texto que llamara a un referéndum para la reforma de la Constitución, dejando el método en que se hiciera en manos del Congreso cuando este redactara el texto de la consulta. Flores argumentó que era del interés del Presidente encontrar una manera para legalizar la encuesta, ya que dos jueces ya habían fallado en contra de ella. En particular, la legalización restaría presión sobre los militares que habían recibido la orden de Zelaya de proporcionar apoyo logístico a la encuesta y habían sido ordenados por los tribunales a no hacerlo. Las conversaciones lograron la restauración de un grado de camaradería entre los presentes. Zelaya acordó aceptar la nueva redacción tres veces, pero cada vez se retractó, alegando la presión de los grupos sociales de izquierda… 5. (C) A lo largo de las conversaciones, Flores ha indicado en privado al Embajador que, a falta de un acuerdo, él y sus aliados tenían una «opción B», que giraba en torno a una propuesta legislativa que daría solución al problema de los militares. Después de tornarse claro que no habría acuerdo, Flores se reunió con el Embajador y el subjefe de misión la noche del 23 de junio y describió el plan. Nos mostró un proyecto de ley que proporcionaría cobertura legal a los militares para llevar a cabo el apoyo logístico para la encuesta, mientras que se mantiene la ilegalidad de la encuesta. Flores explicó que había tres tipos de legislación que podrían convertirse en ley sin la aprobación presidencial, una de estas refiere la conducta del Poder Ejecutivo, dijo que esta legislación se aprobó en esa categoría. Añadió que había recibido ya la aprobación de la legislación por parte de los líderes del Partido Liberal y del líder del Partido Nacional y candidato presidencial Porfirio «Pepe» Lobo, y que creía que iba a pasar. Sin embargo, tanto liberales y nacionalistas del Congreso se rebelaron contra la idea el 24 de junio y no pasó. 6. (C) Comentario: La situación actual sigue siendo fluida. Hemos instado a Zelaya a cancelar la consulta, y alentado a otros líderes políticos y militares a mantener la calma. En las conversaciones sobre la encuesta, Flores, Santos y Micheletti, representan al establshment y destacaron la necesidad de seguir las reglas del juego, mientras que Zelaya, abrazado a la retórica populista, argumenta que el país necesita un cambio fundamental con el fin de desarrollarse. Mientras que sólo la embajada tuvo la influencia necesaria para reunir a las dos partes, al final era evidente que Zelaya no estaba dispuesto a hacer los compromisos necesarios para llegar a un acuerdo. |
La destitución de Zelaya y los consejos del 09TEGUCIGALPA501 FECHA: 6/26/2009 20:11 1. (C) Resumen: En la noche del 25 de junio, El Congreso Nacional estuvo a punto de someter a votación la destitución del Presidente Zelaya. El Embajador aconsejó enfáticamente al presidente del Congreso Micheletti en contra de tal acción precipitada que podría sumir a Honduras en una profunda crisis constitucional. Otros políticos de alto nivel también han trabajado tras bastidores para retractar a un Congreso al borde del abismo. Al final, los líderes del Congreso desistieron de la votación y se limitaron a poner en marcha una investigación judicial por las violaciones que pueden haber sido cometidas por el presidente Zelaya y su Administración. El Presidente del Tribunal Supremo Rivera dijo que el Congreso no tiene el poder de destituir al Presidente, desde la derogación de esa ley en 2005. En la actualidad, el único medio para destituir a un Presidente es mediante la presentación de un caso penal por el Ministerio Público con la propia Corte Suprema. Fin del Resumen. 2. (C) En la noche del 25 de junio, el Presidente del Congreso Roberto Micheletti llamó el Embajador para informarle de que con un fuerte apoyo de los partidos políticos de Honduras (incluyendo a los dos grandes partidos Liberal y Nacional), el Congreso Nacional había comenzado un debate formal para considerar la destitución del Presidente Zelaya. Micheletti dijo que el Congreso deliberaría y revisaría las violaciones legales cometidas por el presidente y su gobierno durante su mandato. Dijo que la decisión ilegal del presidente de destituir al Jefe de las Fuerzas Armadas, Romeo Vásquez había sido el catalizador inmediato de la acción del Congreso. Él dijo que creía que había los votos necesarios para tomar esta medida definitiva contra el Presidente. Micheletti dijo que quería que los Estados Unidos estuvieran informados de las deliberaciones del Congreso y de su probable acción. El Embajador respondió que si bien el gobierno de Estados Unidos tenía un gran respeto por el Congreso de Honduras y nunca trataría de decirles a los legisladores soberanos como proceder, nuestra opinión era que esta acción parecía totalmente prematura, era peligroso y podría precipitar una de las principales crisis constitucionales en Honduras, con resultados inciertos. El Embajador habló de la alta tensión que prevalece en el país y dijo que el potencial de conflicto social y violencia era alto. Cualquier acción apresurada del Congreso en contra del Presidente de un gobierno democráticamente electo es un asunto muy serio que podría ser visto de una manera muy crítica por muchos en la comunidad internacional. El embajador también señaló que el Consejo Permanente de la OEA tenía previsto discutir y debatir la situación de Honduras por la mañana. Señaló que si bien algunas personas en el país no estaban satisfechos por la manipulación del Gobierno de Honduras del papel de la OEA en la encuesta del 28 de junio, la participación de la OEA podría ser un apoyo para encontrar un marco jurídico, constitucional y pacífico como salida a la crisis. 3. (C) Micheletti respondió que el Presidente Zelaya estaba empeñado en derribar el sistema democrático en Honduras. Señaló que ese mismo día Zelaya había amenazado con cerrar el Congreso y meterlo a él en la cárcel. Dijo que Zelaya había alienado totalmente al Congreso de Honduras y que el presidente no tenía prácticamente ningún apoyo. Micheletti apreció los consejos honestos del Embajador, pero consideró que el momento de la decisión había llegado. El Embajador advirtió de nuevo que cualquier acción precipitada podría traducirse en consecuencias incalculablemente negativas para Honduras y aconsejó paciencia y calma. Más tarde, el embajador hizo llamadas a varios líderes clave del Partido Liberal como el candidato presidencial Elvin Santos y el ex presidente Carlos Flores y transmitió nuestra preocupación por las deliberaciones en curso en el Congreso. Ambos coincidieron en que la acción del Congreso parecía abrupta e irracional, pero ambos dijeron que la creciente retórica radical de Zelaya y acciones, su voluntad de impulsar una encuesta que fue claramente declarada ilegal, y el despido del alto mando militar había enajenado al Congreso. Sin embargo, Santos y Flores dijeron que también estaban tratando de influir en los principales líderes del Congreso, incluyendo Micheletti (que ambos describieron como tenaz), y que continuarían haciendo llamadas por la noche. Más tarde, por la noche nos enteramos de que tras las consultas privadas entre los líderes de las distintas partes y de las delegaciones, se alcanzó un acuerdo para evitar una votación sobre la destitución del Presidente. En su lugar, el Congreso votó a favor de iniciar una investigación de las violaciones cometidas por el Presidente con el propósito de tener en cuenta algún tipo de acción futura por parte del Congreso. 4. (C) En una reunión celebrada el 25 de junio, el Presidente de la Corte Suprema de Honduras Jorge Rivera Avilés, dijo al embajador que estaba muy preocupado por la acción del Congreso prevista contra el Presidente. Rivera dijo los líderes del Congreso le habían comentado sus planes para destituir al Presidente. Rivera dijo que les aconsejó en contra de esa medida, que calificó como ilegal. Rivera dijo que en 2005 el Congreso había derogado la ley de juicio político. Actualmente, el único medio para destituir a un presidente era a través de la presentación de una causa penal por el Ministerio Público (Fiscal General), con la Corte Suprema. En tales circunstancias, el Tribunal Supremo de Justicia designaría a un magistrado de la Corte Suprema para conocer del asunto. Una sentencia del juez contra el Presidente constituía el único medio legal para separarlo del cargo. Rivera dijo que el Ministerio Público puede optar por actuar contra Zelaya si sigue adelante con la consulta de junio 28, que un juez ha declarado como ilegal. |
