1. Resumen: La siguiente es la línea de tiempo de la Embajada de los acontecimientos políticos y jurídicos que llevaron al golpe de estado del 28 de junio 2009. Creemos que los militares y el Congreso conspiraron en el golpe. También hubo decisiones que incidieron en la situación jurídica de Zelaya. Sin embargo, aunque hay pruebas de muchas de las irregularidades e ilegalidades cometidas por el gobierno de Zelaya, las medidas adoptadas para destituir al Presidente fueron manifiestamente ilegales. El procedimiento adecuado para destituir a un Presidente habría requerido un juicio en el sistema judicial. Fin del resumen.
Línea de tiempo ——–
2005: – El Congreso deroga la ley de juicio político. Si bien el Congreso tiene el derecho de convocar al Presidente e investigar sus acciones, no existe un procedimiento claro sobre qué medidas puede tomar después de dicha investigación. El único medio legal restante para destituir a un Presidente es que el Ministerio Público presente una causa penal en la Corte Suprema de Honduras. La Corte Suprema nombra a un juez para conocer del asunto. Si el magistrado determina que el caso es válido, el caso será llevado a juicio. Durante este proceso, el Presidente tendrá pleno derecho al debido proceso legal y se le da el derecho a representación legal. Un fallo de la Corte Suprema de Justicia contra el Presidente es la única manera de separarlo legalmente de su puesto.
23 de marzo, 2009: – El presidente hondureño José Manuel Zelaya Rosales anuncia un plebiscito que se celebrará el 28 de junio de 2009 para medir el apoyo popular a la Cuarta Urna. Habrá tres urnas el día de las elecciones de noviembre 29, 2009, una para el Presidente, uno para el Congreso y uno de los candidatos a alcalde. La cuarta urna sería para votar sobre si el electorado quiere convocar a una asamblea constituyente con el propósito de reformar la Constitución de Honduras.
01 de mayo 2009: – Zelaya lanza oficialmente la campaña de la cuarta urna. Zelaya y sus aliados defienden la reforma de la Constitución a través de una asamblea constituyente. La campaña de la Cuarta Urna se lanzó oficialmente en un acto por el 1 de Mayo con 5.000 – 10.000 seguidores. Los principales participantes fueron representantes de sindicatos, organizaciones de agricultores y trabajadores del gobierno que apoyan a Zelaya. Las encuestas en este punto sugerían que la Cuarta Urna tenía entre 55 por ciento y 75 por ciento de apoyo popular. La mayoría de los encuestados en ese momento no entendía el propósito del plebiscito y aproximadamente el 90 por ciento no apoyaban la idea de Zelaya de permanecer en el poder más allá de su mandato.
Mayo de 2009: – La oficina del Procurador General presenta un caso en un tribunal Administrativo Federal para impugnar la legalidad del plebiscito de 28 de junio. El caso es determinar si el plebiscito es legal, porque la entidad encargada de llevar a cabo el plebiscito, el Instituto Nacional de Estadística (INE), no puede participar en actividades que son de naturaleza política. La propuesta de celebrar una asamblea constituyente también se considera inconstitucional.
28 de mayo, 2009: – El juez del Tribunal Administrativo dicta en favor del Fiscal General y deroga el decreto presidencial que autoriza el plebiscito. El juez instruye a todas las agencias del gobierno a suspender toda la publicidad y las actividades logísticas relacionadas con el plebiscito. – Zelaya convoca a una conferencia de prensa, junto con el Ministro de Defensa Edmundo ((Orellana)) y el Jefe de las Fuerzas Armadas General Romeo Vásquez Velásquez, para decir que va a continuar con el plebiscito a pesar de la orden de la corte. Zelaya ordena a las Fuerzas Armadas proveer la logística para llevar a cabo el plebiscito. – En respuesta a la resolución, Zelaya reformula el decreto, haciendo referencia al plebiscito como una «encuesta» en un esfuerzo por eludir el fallo del tribunal. El caso regresó a la corte y el juez dictaminó que la decisión fue bastante amplia, que abarca cualquier actividad de llamadas de una asamblea constituyente.
16 de junio, 2009: – Un tribunal de apelación dicta en favor de la sentencia del tribunal inferior. Zelaya hace caso omiso de la decisión y continúa la preparación y promoción de la encuesta del 28 de junio. Tras el fallo, el juez ordenó a la Procuraduría General notificar al Presidente y las Fuerzas Armadas que, en caso de que continúe el apoyo a la encuesta, estarían en violación de la decisión y estarían sujetos a sanciones penales y multas.
24 de junio 2009: – Zelaya despide al General Vásquez después de que Vásquez se niega a cumplir la orden de Zelaya para proporcionar apoyo logístico a la encuesta 28 de junio. Vásquez se niega a cumplir la orden porque él considera que es ilegal basada en las resoluciones de los tribunales. – Los jefes de Infantería, Fuerza Naval y Aérea, junto con el ministro de Defensa Orellana dimiten en solidaridad con el General Vásquez. Todos los líderes militares siguen en sus puestos a pesar del despido del Presidente a Vásquez y sus renuncias. Zelaya no nombra a ningún sucesor.
25 de junio 2009: – La Corte Suprema y el Congreso Nacional son llamados a sesión después de que los líderes políticos de Honduras son incapaces de llegar a un acuerdo sobre el texto de la encuesta de 28 de junio. Zelaya quiere que la encuesta se refiera a una asamblea constituyente, la oposición quiere que la encuesta sirva sólo para preguntar sobre la reforma constitucional y permita que el Congreso Nacional determine la manera de reformar la Constitución. –
El Tribunal Supremo Electoral (TSE), la entidad responsable de ejecutar todas las elecciones oficiales hondureñas, declara la encuesta ilegal. –
El Fiscal General Luis Alberto Rubí emite una declaración calificando el despido de Vásquez como ilegal y se compromete a buscar una orden judicial para reintegrar a Vásquez. El Fiscal General anuncia que su oficina se dirigirá a la Fuerza Aérea para tomar el control de los materiales de votación, que habían sido traídos por vía aérea, a petición del TSE. –
Zelaya pide a un grupo de aproximadamente 2,000 activistas sociales que vayan con él a la sede de la Fuerza Aérea para recoger los materiales antes de que el Fiscal General pueda hacerlo. El Jefe de la Fuerza Aérea, General Javier Prince entrega los materiales a Zelaya. –
La «Sala de lo Constitucional,» un panel de cinco magistrados de la Corte Suprema de Justicia, dictan por unanimidad que el despido de Zelaya al General Vásquez era ilegal y reincorporan a Vásquez. La corte solicita que el caso relacionado con la encuesta de Zelaya sea presentado ante ellos. –
Zelaya anuncia que el apoyo logístico de la encuesta estará a cargo de voluntarios en lugar de funcionarios del gobierno. –
El liderazgo del Congreso elaboró una legislación para apoyar los resultados judiciales sobre la ilegalidad de la encuesta, pero para permitir a los militares prestar apoyo logístico, sin sanciones. El Congreso se niega a apoyar el proyecto de ley. –
El Congreso estuvo a punto de presentar una moción para destituir a Zelaya de su cargo. Los líderes del Congreso en última instancia, deciden no votar para sacar a Zelaya. El Congreso pone en marcha una investigación y crea una comisión para indagar las violaciones jurídicas presuntamente cometidas por Zelaya y su gobierno. Entre el 25 de junio y el 27 de junio, el Congreso estableció 18 alegaciones de violaciones jurídicas perpetradas por Zelaya, pero no estableció pruebas para apoyar las acusaciones.
26 de junio 2009: – La Cámara de Comercio de Tegucigalpa organiza una manifestación contra Zelaya en el Parque Central de Tegucigalpa. Varios miles de partidarios se presentan. – Varios miles de personas se reúnen frente a la sede del Estado Mayor Militar Conjunta de Honduras en apoyo de las acciones de los militares.
27 de junio 2009: – El periódico en línea Proceso Digital publica un artículo alegando que el decreto de Zelaya, publicado en la edición 25 de junio del diario oficial La Gaceta, establece que la encuesta de 28 de junio convoca de inmediato a una asamblea constituyente. El periódico informa que Zelaya ha cambiado las reglas en el último minuto, y la encuesta tendrá consecuencias de las que no se informó previamente. –
Zelaya convoca una conferencia de prensa e invita a los diplomáticos extranjeros a asistir con el pretexto de discutir la crisis política. Anuncia que seguirá adelante con la encuesta del 28 de junio en presencia de los «observadores internacionales» presentes en la conferencia de prensa. –
Un pequeño grupo de líderes del Congreso incluyendo al Presidente del Congreso Nacional, Roberto Micheletti Bain deciden que Zelaya debe ser removido de la Presidencia sobre la base de su creencia de que va a convocar a la Asamblea Constituyente después de la encuesta de 28 de junio y que la Asamblea Constituyente disolverá al Congreso y a la Corte Suprema. Su preocupación se basa en la publicación del 25 de junio del decreto en La Gaceta (se adjunta copia), que interpretan a decir que la encuesta legalmente autoriza la convocatoria de una asamblea constituyente. –
Micheletti obtiene la aprobación del general Vásquez para la remoción de Zelaya al parecer con una orden de la Corte Suprema que autoriza a las Fuerzas Armadas para detener a Zelaya.
28 de junio 2009:
05.25 horas: Zelaya es capturado en su domicilio por las Fuerzas Militares de Honduras. Él es transportado a la Base de la Fuerza Aérea y conducido a San José, Costa Rica. Zelaya llega a Costa Rica a las 07.25 hrs. El Congreso anuncia que iniciará una sesión de emergencia. –
08.00 horas: Un pequeño número de manifestantes comienzan a reunirse frente al Palacio Presidencial. –
08.30 horas: Los primeros informes surgen de que la ex ministra de Relaciones Exteriores de Honduras, Patricia Rodas Baca ha sido capturada y retirada de Honduras. –
11.00 horas: La Corte Suprema de Justicia anuncia que la encuesta de Zelaya era ilegal y no debería haber sido llevado a cabo. –
12.33 horas: El Secretario del Congreso, José Alfredo Saavedra, lee una presunta carta de renuncia de Zelaya. La carta está fechada el 25 de junio. El Congreso vota para aceptar la dimisión. –
13.45 horas: El Presidente del Congreso Nacional, Roberto Micheletti Bain, es nombrado Presidente Constitucional de Honduras. Él promete que las elecciones se celebrarán en la fecha prevista el 29 de noviembre. El nombramiento de Micheletti como presidente se ratifica a las 15.30 horas. Saavedra es nombrado presidente del Congreso Nacional. Enrique Ortez Colindres es nombrado ministro de Relaciones Exteriores. –
1945 horas: Zelaya deja Costa Rica para viajar a Nicaragua para la conferencia del SICA.
29 de junio 2009: – Los líderes políticos argumentan que destituyeron a Zelaya debido al decreto publicado en La Gaceta de convocatoria a una Asamblea Constituyente, algo que sólo puede hacer el Congreso. El Congreso tenía la preocupación de que Zelaya pudiera suspender al congreso y los tribunales. Los dirigentes políticos sostienen que Micheletti fue nombrado presidente porque el vicepresidente Arístides Mejía nunca asumió el cargo. –
El área sigue estando relativamente tranquila, con incidentes aislados de violencia frente al Palacio Presidencial por parte de los manifestantes favorables a Zelaya. –
Gabriela Núñez es nombrada Ministra de Finanzas. Adolfo Leonel Sevilla es nombrado ministro de Defensa. Jorge Aguilar es nombrado Director de la empresa estatal de telecomunicaciones Hondutel. –
Zelaya se compromete a devolver (regresar) a Honduras el jueves, 2 de julio.
30 de junio 2009: – Zelaya habla en las Naciones Unidas. Alrededor de 10,000 personas participan en una protesta en contra de Zelaya en el Parque Central. Aproximadamente 2,000 personas se manifiestan en favor de Zelaya, frente al Palacio Presidencial. Hay otras protestas aisladas, dispersas en todo el país a favor de Zelaya. –
El Ministerio Público presenta los oficios por 18 cargos contra Zelaya y promete que será detenido si regresa a Honduras. –
Jorge Rodas Gamero se mantiene como ministro de Seguridad, Sandra Midence dirige el Banco Central.
Comentario ——-
2. Si bien se ha dicho que el Tribunal Supremo dictó una orden de arresto de Zelaya, el presidente de la Corte Suprema de Justicia nos ha dicho que esto no es cierto. La única orden de la que somos conscientes es de una expedida la tarde el 25 de junio o temprano el 26 de junio por un tribunal de primera instancia que ordena la incautación de material de votación. Parece que el Fiscal General y los militares conspiraron con Micheletti y otros líderes del Congreso para destituir a Zelaya en base al temor de que tenía previsto convocar una Asamblea Constituyente inmediatamente después de la encuesta del 28 de junio. Ellos basan su afirmación de que él hubiera hecho esto sobre la publicación en el diario oficial la Gaceta del 25 de junio del decreto llamando a la encuesta. Los seguidores de Micheletti dicen que la publicación es una convocatoria de la Asamblea Constituyente. Sin embargo, esto es evidentemente falso; la publicación dice simplemente: «¿Está usted de acuerdo en que en las elecciones generales de 2009, haya una cuarta urna en la que el pueblo decida la convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente?».
3. Si bien las Fuerzas Armadas y el Congreso parecen haber estado detrás del golpe de Estado, en realidad no tienen poder legal para destituir a un presidente. Esta competencia corresponde exclusivamente a los tribunales, y tendría que basarse en una causa penal presentada por el Ministerio Público (fiscales). Hemos visto una carta de renuncia de fecha 25 de junio firmado por Zelaya. Él niega haberla firmado. Sin embargo, incluso si lo hubiera hecho, habría sido hecho a punta de pistola en la madrugada del 28 de junio. Las leyes de Honduras no reconocen ninguna acción tomada mientras se está bajo coacción. Llorens
