La violencia contra la mujer es una grave violación de los derechos humanos y una manifestación de relaciones históricamente desiguales de poder. Así lo reconoce la Declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer de las Naciones Unidas (Resolución 48/104, 1993), al definirla como todo acto de violencia basado en el sexo femenino que tenga o pueda tener como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico, incluidas las amenazas, la coacción o la privación arbitraria de la libertad, tanto en la vida pública como en la privada.
En este marco, es imprescindible reconocer nuevas formas de violencia de género que han surgido y se han intensificado con el desarrollo de las tecnologías digitales. Las agresiones que se ejercen a través de redes sociales, plataformas digitales e internet se engloban hoy bajo el término de violencia de género digital o ciberviolencia, una problemática creciente que afecta especialmente a mujeres y niñas.
Entre las manifestaciones más comunes se encuentran el ciberbullying y el hostigamiento mediante insultos sexistas y misóginos; la difusión no consentida de imágenes íntimas, como el sexting privado divulgado sin permiso, el shaming para avergonzar públicamente y el doxing, que expone datos personales con fines de intimidación. También se presenta el discurso de odio por razones de género, el control y chantaje digital de parejas o exparejas, el acecho en línea y la violencia política digital contra mujeres en la esfera pública.
El impacto de esta violencia es profundo. Provoca ansiedad, depresión, miedo y daños emocionales duraderos. Restringe la libertad de las mujeres, quienes dejan de expresarse o de participar en espacios digitales por temor, y tiene consecuencias reales en su vida cotidiana. Además, constituye un serio obstáculo para la igualdad, al intentar relegar nuevamente a las mujeres al silencio.
En Honduras, esta realidad se ve agravada por un vacío legal. No existe una ley específica que tipifique de manera expresa la violencia de género digital o ciberviolencia como un delito autónomo. Esta ausencia normativa favorece la impunidad y envía un mensaje de tolerancia frente a agresiones que vulneran derechos humanos fundamentales. Por ello, resulta urgente que el nuevo gobierno impulse la creación de una ley específica sobre violencia de género digital, que tipifique estas conductas, establezca sanciones proporcionales, mecanismos de denuncia accesibles y medidas de prevención, y garantice su efectiva aplicación.
Frente a discursos que minimizan estas agresiones —“qué escándalo por una simple foto”— es necesario educar desde el hogar, la escuela y la infancia en respeto y dignidad, reforzar la ciberseguridad y garantizar el compromiso del Estado para prevenir la violencia digital.
Conmemorar el Día de la Mujer Hondureña implica mirar de frente las violencias que persisten y actuar para erradicarlas. Defender el derecho de las mujeres a existir sin miedo, también en el mundo digital, es una urgencia ética que Honduras no puede seguir aplazando.
