Washington – Venezuela se situó en 2019, por segundo año consecutivo, como el país menos apegado al Estado de Derecho en el mundo, según un estudio difundido este jueves en Washington, que evalúo la situación de 126 naciones desde la perspectiva de los límites al poder del Gobierno, la justicia y la corrupción.
– En los últimos lugares de la región se situaron Nicaragua, Honduras, Bolivia y Venezuela.
El Índice de Estado de Derecho, elaborado desde 2008 por la organización no gubernamental World Justice Project (WJP), situó a Dinamarca, Noruega, Finlandia, Suecia y los Países Bajos al frente de esta clasificación que tiene como base encuestas a personas y expertos de cada uno de los países evaluados.
Venezuela «no solamente bajó la posición sino también el puntaje absoluto (de 0,29 a 0,28)», explicó a Efe el director de investigación del WJP, Alejandro Ponce, quien agregó que esto indica que la situación en ese país «es peor que la del año pasado, más allá de la inclusión de nuevos países».
El Estado suramericano, sacudido en las últimas semanas por una profundización de su crisis política después de que el jefe del Parlamento, el opositor Juan Guaidó, se proclamara presidente interino y declarara «ilegítimo» al mandatario Nicolás Maduro, pasó del puesto 113 el año pasado al 126.
Junto a Venezuela terminaron al final del listado Camboya (125), República Democrática del Congo (124), Afganistán (123) y Mauritania (122). En el informe de 2018, los países situados en el parte baja de la tabla fueron Camerún (109), Egipto (110), Afganistán (111), Camboya (112) y Venezuela (113).
Ponce aseguró que este índice es «multidimensional», ya que «toma en cuenta todas las manifestaciones del Estado de Derecho», al analizar aspectos como los límites al poder gubernamental, ausencia de corrupción, Gobierno abierto, derechos fundamentales, orden y seguridad, justicia civil y justicia penal.
«Está basado en lo que piensan las personas, entonces es un índice que tiene una perspectiva ciudadana», resaltó el investigador, quien apuntó que esta clasificación es usada por organismos internacionales para destinar fondos u otras actividades.
Por regiones, Uruguay, que está en el puesto 23 en la escala global, encabeza la clasificación del Índice para América Latina y el Caribe, seguido por Costa Rica, Chile y Barbados.
En los últimos lugares de la región se situaron Nicaragua, Honduras, Bolivia y Venezuela.
Según Ponce, la seguridad sigue siendo un «tema pendiente» en todos los países de América Latina, ya que es el «área más insegura de todas las regiones», así como la justicia penal, especialmente en cuanto a la profesionalización de la Policía, los actos asociados con la violencia y la impunidad.
En ese contexto, consideró que México y los países de Centroamérica «están batallando todavía mucho» con temas de seguridad, de impunidad, de corrupción.
«Hay países que han mejorado también en América Latina, no todos los países son iguales. Uruguay y Chile se destacan dentro de América Latina», dijo el experto, quien observó que Argentina «durante los últimos tres años ha estado mejorando constantemente sus puntajes de Estado de Derecho».
Por el contrario, advirtió de un «retroceso» en Brasil; consideró que Colombia «bajó un poco también en los indicadores»; y describió a Costa Rica como «un caso interesante», ya que se ha mantenido constante en los primeros puestos de la región.
«Nicaragua es un país que mostró uno de los descensos más importantes este año en los puntajes de Estado de Derecho, Honduras también mostró algunos cambios (…) Nicaragua fue el país que más cambió con respecto al año anterior en América Latina», puntualizó.
Ponce detalló que en los países con bajos puntajes en el Estado de Derecho existe corrupción y una justicia penal deficiente debido en parte a la falta de recursos, pero también a «intereses» que se benefician de este sistema.
A su juicio, las transformaciones que han llevado a los Estados a los primeros lugares de esta medición son solo posibles «cuando se logran contener esos intereses».
Y esto generalmente sucede cuando hay «ventanas de oportunidad en las que la sociedad civil dice es suficiente» y se establece «un mecanismo para institucionalizar esas demandas», agregó.
