Tegucigalpa. – Venezuela se ha convertido en un caso emblemático de esta nueva fase de confrontación global que ahora tenemos. Y ello ha sucedido no por casualidad, sino por la singular posición estratégica de ese país, su peso energético, su historia política y su demostrada capacidad para superar las presiones políticas extremas y polarizadas, tanto de izquierda, como de derecha.
Valdría la pena destacar que Venezuela hoy ya no es un país de prioridad cumbre para Washington, como lo es al presente Irán que controla el estrecho de Ormuz, siendo uno de los puntos de estrangulamiento energético más importante del mundo.
Sin embargo, Venezuela es uno de los países más observados y de interés geopolítico, y al que pronto se le sumará Cuba.
Para ello ha contribuido la captura y el juicio legal de Nicolás Maduro, que ahora está en marcha en el sistema jurídico de los Estados Unidos de América. Maduro enfrenta un proceso en un tribunal de Nueva York, donde le pesan hasta 5 cargos, en su mayoría por desarrolla un narcoestado. Entre sus efectos produjo el ascenso de Delcy Rodríguez, que prefiere que solo la llamen Delcy, la presidenta interina, como una reciente y efectiva líder de Venezuela, donde ella se destaca como abogada especializada en Derecho Laboral, siendo además una figura clave y popular dentro del chavismo.
Hechos, que sumados pueden usarse como un punto de inflexión para decidir qué hacer y no hacer — y que, como efecto, siga manteniendo la apertura legal que se ha iniciado, y así poder responder a las necesidades más profundas y desafiantes que enfrenta ese país.
En el ámbito político, la atención nacional, regional, internacional y global se centra en la precaria estabilidad de las instituciones venezolanas que funcionan en la diplomacia y en migración, y las que tienen la posibilidad de un diálogo real y efectivo, respondiendo al continuo reto que representan e impulsan sus lideres y figuras influenciadoras con sus actuaciones, incluyendo las posiciones tradicionales congeladas, tanto de extrema izquierda y de derecha.
Tras 7 años de cierre de la embajada de Estados Unidos en Caracas y sin prestar el servicio consular a los ciudadanos norteamericanos, que como inmigrantes radican en Venezuela –que debería ser la función principal de cualquier Embajada operando con efectividad en un país extranjero para sus ciudadanos– probará, si lo que hace, y deja de hacer, legalmente normaliza sus esenciales labores diplomáticas.
Procurar que ese país retome, en la mayor medida posible, las condiciones laborales necesarias cuando Venezuela atraía a miles de inmigrantes extranjeros, muchísimo más en número que los nacionales venezolanos que querían irse del país.
Eso era posible porque Venezuela funcionaba entonces con favorables acuerdos económicos y humanitarios. Gozando de un salario promedio al ciudadano común que superaba los aumentos en el costo de vida. Y al mismo tiempo, logrando anular la resistencia que impulsaban los sectores internos y externos que tradicionalmente se oponen a cualquier intento que implique una vuelta a la normalidad legal, que favorezca a «los de abajo», según la legalidad vigente.
La economía venezolana sigue siendo muy frágil, dependiendo del petróleo que todavía posee en su gran reserva natural aunque ahora, sus costos de refinamiento se han disparado a niveles inflacionarios. Ese nocivo adicional sigue reduciendo el poder adquisitivo del pueblo venezolano, por ser los inmediatos consumidores nacionales de gasolina, diésel y gas propano con altos precios que genera su débil economía.
Las reformas adoptadas por Venezuela para atraer la inversión privada extranjera en el sector energético han progresado, pero no lo suficiente. El camino hacia la recuperación nacional sigue siendo incierto, largo y retador.
China Continental se interesa mayormente en proyectos que resulten en grandes infraestructuras, como lo sería una refinería de petróleo crudo y por represas hidroeléctricas regionales.
Los venezolanos siguen enfrentando escasez en bienes básicos, por los altos costos y el bajo ingreso que en promedio tienen sus asalariados. Como impacto, muchos de sus jóvenes y familias emigran a Estados Unidos, España, México, Colombia y Ecuador– en busca de ingresos que sean más estables y que con el tiempo aumenten de valor.
El ámbito social evidencia los efectos más dolorosos de la crisis venezolana: miseria, extrema pobreza, dificultades en vivienda, en salud, educación, transporte, con limitaciones que evitan el cumplimiento de derechos ciudadanos fundamentales. Los mismos que, supuestamente estarían garantizados por un Estado democrático, con separación de sus 3 poderes constitutivo: presidencial, legislativo y judicial. Y todo encabezado por el Tribunal Supremo de Justicia/TSJ, integrados en Venezuela por 20 miembros principales, que faciliten el gradual mejoramiento ordenado de la ley vigente.
Por eso, la recuperación exigida no será solamente económica o política; también tendrá que serlo ética, moral y culturalmente, fomentando fe y confianza en sus instituciones nacionales, presentes y futuras.
Venezuela, en un punto de inflexión
Hay signos de cambio, pero la verdadera transformación dependerá de la capacidad de sus líderes en lo que legalmente debe hacer y evitar que suceda dentro de la soberanía nacional que queda para generar consensos, con énfasis en la participación conjunta y activa de la sociedad civil y de la cooperación regional, internacional y global.
Es un momento de reflexión y acción. Urge priorizar la reconstrucción del país que durante años ha sufrido los efectos de malas decisiones políticas, económicas y sociales.
Ahora, la esperanza vuelve a estar presente, y debe acompañarse con un compromiso sostenido con la democracia, la justicia y el bienestar. Con crecimiento y desarrollo, lo más alto y equitativo posible para los venezolanos.
