Validan Modelo de Atención para Privados de Libertad en fase de ejecución de la pena

Tegucigalpa – Defensores públicos, jueces, fiscales y miembros de la Comisión Especial de Transición del Sistema Penitenciario iniciaron un proceso de validación del Modelo de Gestión sobre la Unidad de fase de ejecución de la pena, con el fin de brindar una atención especializada para todas las personas privadas de libertad en situación de condenadas.
 

El magistrado coordinador de la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia, Jacobo Antonio Cálix Hernández, inauguró el seminario realizado para tal fin quien estuvo acompañado de la abogada Sandra Isabel Palacios, jueza del juzgado de ejecución y por los doctores Héctor Sánchez Ureña y Tatiana Rodríguez Araya, ambos de la República de Costa Rica, quienes acompañan el proceso.

El doctor Ureña expuso sobre el Proyecto de Fortalecimiento de la Defensa Pública en Fase de Ejecución de la Pena. Otros profesionales expusieron temas como Presentación del Modelo de Atención de la Unidad de Fase de Ejecución de la Pena (UFEP), Acceso a la Información como Derecho Fundamental, Presentación de la base de datos de UFEP, Comentarios a la Ley del Sistema Penitenciario, Labor de la Defensa Pública en la Fase de Ejecución de la Pena, el Acceso a la Justicia de la Personas privadas de libertad y la labor de los Juzgados de Ejecución de la Pena.

Este Seminario a cargo de la defensa pública, forma parte de las actividades que conforman el Proyecto “Ampliación y Fortalecimiento de la Unidad de Fase de Ejecución de la Pena de la Defensa Pública” mismo que se realiza con apoyo de la Presidencia de la Corte Suprema de Justicia y Euro Social II a través de la Asociación Interamericana de Defensorías Públicas, el que contempla brindar una atención debidamente especializada para todas las personas privadas de libertad en situación de condenadas.

Hay que mencionar, que las herramientas de trabajo encaminadas a la atención de la población penal estuvo a cargo de los expertos costarricenses Sánchez Ureña y Rodríguez Araya, así como del equipo nacional de la defensa pública, quien tiene la responsabilidad de evitar que se vulnere los derechos a las personas privadas de libertad en situación de condenadas, ya que la restricción de su libertad es el único derecho que la ley les ha restringido, no los demás.

Los representantes de la Defensa Pública de Honduras y de Costa Rica iniciaron el proyecto en el mes de febrero de este año con un estudio en el sistema penitenciario lo que culminó con los siguientes documentos: el Protocolo de Actuación del Defensor en Fase de Ejecución de la Pena, un Modelo de Atención para Personas Usuarias de la Unidad de Fase de Ejecución de la Pena y un Manual de Funciones del Defensor en la Fase de Ejecución de la Pena.

La idea del proyecto surge en un encuentro de Defensorías Públicas de Latinoamérica, realizado en la ciudad de Fortaleza en Brasil cuando un grupo de países solicitaron a Euro social intervenir en el proceso de atención de las personas privadas de libertad. Esta iniciativa fue analizada y posteriormente fue aprobada mediante la ampliación y fortalecimiento de la Unidad de la Fase de Ejecución de la Pena en Ecuador, Guatemala y Honduras.

Al acto inaugural del seminario asistieron la magistrada Edith Urtecho López, directora de la Escuela Judicial; la abogada Paulina Pérez, directora nacional de la defensa pública; el abogado Rolando Argueta, director general de fiscalías, defensores y defensoras públicas, jueces y juezas del Juzgado de Ejecución.

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