Tegucigalpa – Honduras cuenta con cerca de 100 mil hombres armados que ejercen su trabajo diariamente, pero que no están regulados por el Estado por la falta de una legislación que los supervise, estimaron conocedores del tema de seguridad.
Esos 100 mil hombres con poder de fuego superan en cantidad a las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, las dos instituciones a las cuales la Constitución les otorga la exclusividad del poder de fuego en el país y que tienen al Estado hondureño como su ente coordinador.
Pero el negocio de la seguridad tomó auge a raíz del incremento de la violencia y ha crecido en las últimas décadas con el surgimiento de las agencias privadas que proveen de guardias a las empresas, negocios y zonas habitacionales.
Las agencias de seguridad privada no solo son reconocidas por los expertos del ramo y la ciudadanía, sino que el mismo Estado, que, a través de la Secretaría de Seguridad, señala que existen las mismas, aunque reduce y señala la cantidad de miembros a 40 mil hombres en armas que laboran para dichas empresas.
Las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional en forma combinada casi llegan a los 30 mil efectivos, de manera que el Estado ha perdido la superioridad de los hombres en armas en relación con las fuerzas privadas al servicio del mercado.
Debido a ese poder de fuego sin control, la Secretaría de Seguridad, la Asociación para una Sociedad Más Justa (ASJ), con el apoyo de la organización de Estados Americanos (OEA), elaboraron un anteproyecto de ley que regularía el negocio de la seguridad privada y fue presentada al Congreso Nacional.
Pero la aparición de la pandemia ha dejado en pausa dicho proyecto de ley, aunque los sectores involucrados coinciden que se ha socializado y que esperan el retorno al trabajo normal legislativo para su discusión y aprobación.
Riesgo de seguridad
El director ejecutivo de la ASJ e integrante de la Comisión para la Transformación de la Policía, Carlos Hernández, señaló lo importante de regular a las agencias, reafirmando que las mismas tienen más hombres armados que los militares y policías en forma conjunta.
Hernández recordó que las condiciones en que trabajan la mayoría de los guardias de seguridad son precarias, con jornadas laborales extendidas, sin pago de horas extras, salarios debajo del mínimo y sin beneficios sociales como el Seguro Social.
Indicó el director de la ASJ que lo anterior constituye un factor de riesgo, porque ese descontento generalizado y la gran cantidad de empleados representan un peligro para la seguridad del Estado.
Asimismo, destacó que por testimonio de quien era el presidente de la comisión ordinaria de seguridad del Congreso Nacional, públicamente argumentó que incluso bandas del crimen organizado han usado en el pasado esas compañías para brindar seguridad a bandas de narcotraficantes u otro tipo de delincuencia.
“Entonces urge que el Congreso, agende esto, esta es una tarea pendiente, el proyecto ya está, ha salido validado, se le ha dado mucho estudio, lamentablemente sabemos que los intereses detrás de esto son bastante grandes y esto es lo que ha detenido esto”, argumentó Hernández.
Refirió que ASJ ha venido denunciando las violaciones a los derechos laborales de los guardias de seguridad privada desde hace mucho tiempo. Incluso recordó el asesinato de uno de sus colegas que investigaba esas violaciones y que perdió la vida por defender los derechos de los trabajadores.
Criticó que acuerdos previos con las agencias no se cumplieran y denunció que incluso el Estado mismo sigue contratando a esas empresas y no es garante que se les respeten los derechos a los trabajadores.
“Es una tragedia para estos 90 mil o 100 mil hombres, muchos de ellos de los estratos más bajos del país y creo esto debería de provocar entre distintos sectores de la sociedad, unirse y generar la presión necesaria para que se apruebe esa ley”, recalcó Hernández.
Intereses
El también miembro de la Comisión de Transformación y Depuración de la Policía Nacional, pastor Alberto Solórzano, manifestó que en el tema de las empresas de seguridad privada hay varias situaciones y reiteró el tema laboral respecto a los derechos de las personas que trabajan en esas compañías.
“Esa gente es un ejército prácticamente, entonces todo eso está contemplado en el proyecto, incluso si no había personas ubicadas en esos espacios de las empresas de seguridad que de repente fueron sacados de algunos lugares por tener algún tipo de situación reñida con la ley y aprovechando esos espacios la gente cree que se dedican a cuidar y tal vez a lo que se dedican es a delinquir y todo eso hasta las pruebas de confianza están contempladas en la ley”, comentó Solórzano.
Agregó que las armas que les proporcionan no son fiables, el personal que contratan no tiene el entrenamiento debido.
Al haber una ley, se van a comenzar a regular esas agencias y obviamente hay a quienes no les interesa ni conviene que se apruebe esa ley. “Ni lo dude que hay intereses poderosos”, acotó el pastor.
Regulación ha mejorado
El director de la Unidad de Control de Empresas de Seguridad Privada de la Secretaría de Seguridad, subcomisionado Darwin Cruz Mendoza, indicó que actualmente tienen registradas más de mil compañías, las que se calcula tienen un personal que ronda los 40 mil empleados.
En tanto los conocedores señalan que esas empresas son formales, pero existe un subregistro del 50 por ciento de empresas de seguridad que no están oficializadas.
Indicó el subcomisionado Cruz Mendoza que, para regular las empresas de seguridad, existe una ley especial aprobada por el Congreso Nacional orientada a regular todo el funcionamiento de las empresas de seguridad privada, desde el uniforme, lo mismo se rigen por algunos artículos contenidos en la Ley Orgánica de la Policía Nacional.
Agregó que actualmente existe un anteproyecto para una nueva ley, ya que, aunque se había presentado una propuesta al Congreso Nacional se determinó que había algunos aspectos que se podían mejorar para ejercer una buena regulación.
Apuntó que en la nueva ley toda persona que va a trabajar en una empresa de seguridad tiene que llenar una serie de requisitos, además que se tiene que hacer una homologación con las legislaciones que existen en los otros países de la región centroamericana.
Aseguró que, en la actual administración de la Policía Nacional, se ha incrementado el control sobre las empresas de seguridad privada, precisamente a raíz de la aprobación de la nueva Ley Orgánica de la Policía Nacional en 2018 que creó la Dirección de Control de Empresas de Seguridad que abrió oficinas en San Pedro Sula, se tiene presencia en La Ceiba y en los próximos días se va a abrir una oficina en Choluteca.
Añadió que la mayor parte de las empresas están reguladas, y se está abordando el tema de los guardias de seguridad que prestan el servicio en las colonias a las que, según aseguró, están supervisando para verificar datos relacionados a su hoja de antecedentes penales y policiales para evitar que se infiltre el crimen.
El subcomisionado Cruz Mendoza indicó que procuran que cada guardia de seguridad cumpla por lo mínimo con pruebas psicológicas, toxicológicas y esté adiestrado en el manejo de armas de fuego.
Sin fecha de aprobación
Sobre el referido anteproyecto, el actual presidente de la comisión ordinaria de Seguridad del Congreso Nacional, David Chávez, aseguró que él mismo ha sido ampliamente consensuado, con sectores como el Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep), con las agencias de seguridad, la ASJ que ha acompañado en el dictamen de esa iniciativa al igual que la Comisión Especial para el Proceso de Depuración de la Policía.
“Hay un buen proceso de socialización, eso para nosotros es importante dejarlo claro, pero en eso se vino la pandemia, incluso hubo una propuesta de la OEA, una de la Secretaría de Seguridad, hubo varias propuestas, pero al final se trata de regular porque hay muchas empresas de seguridad que no están reguladas y que hoy por hoy, tienen más armas que los cuerpos de seguridad y muchas de ellas han estado al servicio del crimen organizado”, señaló el parlamentario.
En ese sentido, afirmó que ya se cuenta con un dictamen y se espera que haya una curva más plana de la pandemia para que la secretaría del Congreso Nacional pueda agendarlo en las sesiones de la Cámara Legislativa que actualmente son de manera virtual.
Insistió en que existe bastante consenso sobre el dictamen que ha sido respaldado por la Organización de Estados Americanos y la Comisión Depuradora de la Policía.
Enumeró que, entre los aspectos más importantes de la ley, sobresale que todos los guardias tienen que pasar por un proceso de certificación, contar con la experticia necesaria, el respeto al salario mínimo, el cumplimiento de la seguridad social. (PD)
