Tegucigalpa – La recién estrenada Unidad de Fiscalización de la Política Limpia sigue bordeando el tema del financiamiento en las campañas políticas, ampliando plazos y dando a cuenta gotas algunos resultados sin saber a ciencia cierta si los políticos y los partidos cumplieron, de cuánto fue el gasto en la campaña y si el narcotráfico incidió o no en el proceso.
– Este lunes vencía el plazo en el cual los partidos políticos debían presentar sus informes financieros de gastos, debidamente auditados. A solicitud de las instituciones políticas se ampliará el período para este fin.
Los comisionados de la Unidad entraron en operaciones en medio del agite político de la campaña, pero ya antes de los comicios tenían un esquema de cómo iba el proceso, sabían cuántos de los tres mil aspirantes a cargos de elección popular en los distintos niveles electivos, abrieron o no cuentas bancarias para depositar ahí sus fondos de campaña.
Esos datos ya estaban en su poder, pero el país se fue a las elecciones sin saber a ciencia cierta cuántos cumplieron la ley abriendo cuentas o llenando otros requisitos. La información fue dispersa y lo único que se informó es que todos los nueve presidenciables habían creado sus cuentas y designado a su responsable financiero ante la Unidad como establece la Ley de Financiamiento y Fiscalización de Campañas Políticas conocida como “Ley de Política Limpia”.
La Unidad de Política Limpia aún tiene muchas preguntas que responder.Pero ¿Cuántos aspirantes a diputados cumplieron la ley? ¿Cuántos aspirantes a alcaldes? ¿Qué tipo de impasses se dieron? ¿Qué tan receptivos fueron los candidatos? ¿Qué tan receptivos fueron los partidos? ¿Cómo respondieron a la política limpia las candidaturas independientes? ¿Rindieron cuentas todas y todos? ¿Hubo sanciones o analizan aplicarlas? ¿Cuántas y a quienes?
Algunas de estas preguntas son parte del informe de rendición de cuenta pre y post elecciones que están obligados a dar los comisionados de la Unidad de Fiscalización de la Ley de la Política Limpia, que no terminan de dar el paso para informar en términos generales, mientras concluye su trabajo de auditoría, cómo anduvo la campaña a nivel de financiamiento y transparencia.
Reportes parciales y aislados
Días antes de los comicios, se informó de un aspirante a alcalde de la zona norte, de no cumplir requisitos y que sería sancionado, pero se desconoce cuántos casos similares se presentaron previo a los comicios. De momento, lo que se sabe es que de los más de tres mil aspirantes a cargos de elección popular que participaron en los tres niveles electivos, solo un poco más de mil rindieron cuentas y de éstos apenas 261 aspirantes han rendido su informe completo de financiamiento y gastos de campaña.
El pleno de la Unidad ha tenido comunicación con la prensa.Germán Espinal, uno de los tres comisionados de la Unidad de Fiscalización, dijo que por ahora se lleva contabilizado un gasto de campaña de 136 millones 521 mil 75 lempiras, “pero el gasto puede llegar a más, quizá a un poco más de mil millones”, acotó en entrevista a los medios luego de emitir su último comunicado el 9 de febrero de los corrientes.
En ese comunicado, la Unidad de Fiscalización cita ese monto de gasto de campaña del que habla el magistrado Espinal, al tiempo que anuncia dos cosas: el 19 de febrero, fecha que justamente se cumple hoy, es el plazo en el cual los partidos políticos deben presentar sus informes financieros de gastos, debidamente auditados; y el 26 de febrero se cancelan las cuentas bancarias de todos los aspirantes políticos donde fueron depositados los fondos de sus campañas.
¿De cuánto estuvo el gasto electoral?
De los partidos políticos, solo el Pinu-SD es el único que entregó sus informes financieros debidamente auditados, dijo el comisionado de la Unidad de Fiscalización, Kelvin Aguirre. Otro instituto político, cuyo nombre la Unidad no difundió, habría entregado sus informes, pero no estaban con la certificación de auditoría y les fue devuelta para hacer las subsanaciones del caso, se informó.
El Pinu-SD es el único que entregó sus informes financieros.Esa información a cuenta gotas, impide hacer una proyección de cómo anduvo la campaña electoral, sus gastos y financiamiento. Se desconoce, por ejemplo, si en términos generales el financiamiento fue privado, público, de colectas populares o de sectores ilícitos.
Esa figura de penetración del crimen organizado en el financiamiento de campañas políticas, tras el destape en Nueva York de uno de los líderes del cartel de Los Cachiros, Devis Leonel Rivera Maradiaga, cobró fuerza en el proceso electoral pasado pues fue esa figura una de las detonantes que dio vida a la Ley de la Política Limpia.
No obstante, sobre ese aspecto del financiamiento de campañas políticas de forma ilícita producto de dinero del crimen organizado o de la corrupción, ni siquiera es abordado públicamente por los responsables de la Unidad de Fiscalización de la Política Limpia. Extraoficialmente ha trascendido que un expediente sobre presunto financiamiento ilícito del narcotráfico ha sido enviado al Tribunal Superior de Cuentas, sin entrar en detalles.
Nuevos plazos fatales
Lo más notorio que de momento se conoce a la Unidad de Fiscalización es que ha sido “benévola” ampliando plazos a los políticos y los partidos políticos para que rindan cuentas. Ya para el plazo fatal del 19 de febrero que indica la Ley de Política Limpia es el establecido para que los partidos políticos cierren sus estados financieros y auditados sobre el gasto electoral, se escuchan peticiones de ampliación por el tiempo, lo novedoso de la ley y otra serie de argumentos.
Aunque el derroche fue menor en comparación con otras contiendas,
hubo quienes exageraron.En el pasado proceso electoral, un promedio de 45 candidaturas independientes se postularon, pero tampoco se sabe si rindieron cuentas todos o solo un grupo. Se desconoce si de los 261 que han presentado sus informes de rendición de cuentas, alguno corresponde a las candidaturas independientes, tampoco se conoce cuántos de esos 261 son de determinado partido político.
Así la Unidad de Fiscalización de la Ley de Política Limpia inicia su rendición de cuentas a medias, pese a tener información que le puede permitir dar una proyección amplia de cómo estuvo la campaña a nivel de gastos y financiamiento, en especial, cuántos se sometieron a las reglas a nivel presidencial, de diputados y alcaldes, cómo estuvieron los departamentos y las comunidades en cuanto a la rendición de cuentas. Es posible que por la premura del caso no cubrieran todo el país, pero una muestra representativa sin duda la hay. Ese es el informe pendiente.
