Managua – Una veintena de estudiantes universitarios se plantaron hoy frente a la Universidad Centroamericana (UCA) en Nicaragua para protestar contra el Gobierno, a pesar de la presencia de más de un centenar de policías y antimotines que están en el lugar desde el amanecer.
Hacia el suroeste de Managua grupos oficialistas y policías se instalaron cerca de la estatal Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua (UNAN-Managua), que hoy abrió sus puertas a los cursos regulares tras una interrupción de cinco meses a causa de la crisis y un llamado previo a la «desobediencia estudiantil», por los alumnos muertos en ataques policiales y de paramilitares.
El pequeño grupo de la UCA se mantuvo gritando consignas como «¡Daniel Ortega, violador de la autonomía (universitaria)!», «¡Pueblo únete!», «¡Viva Nicaragua libre!», «¡Queremos un pueblo sin dictadura!», o ¡»Daniel y Somoza son la misma cosa!».
También lucían carteles con frases como «No puedo estudiar cuando la sangre de mis hermanos pide justicia a gritos», «Queremos autonomía» o «A la libertad por la universidad».
En un momento los estudiantes interrumpieron sus consignas para gritar «¡Asesinos, asesinos!», a los antimotines que se bajaron de un autobús cerca del plantón, que después de varias horas transcurrió de manera pacífica.
La tensión en el país aumentó luego de que este fin de semana, la Policía Nacional atacó varias manifestaciones en diferentes ciudades y capturó a decenas de personas, tras haber llamado «ilegales» a las protestas contra el presidente Daniel Ortega.
Organismos defensores de los derechos humanos han reiterado que las protestas son un derecho constitucional de los nicaragüenses y que las personas capturadas en el contexto de la crisis son «presos políticos», de los que cuentan más de 300.
La Articulación de Movimientos Sociales y Organizaciones de la Sociedad Civil denunció ayer que el Gobierno mantiene un «estado de sitio de hecho» en Nicaragua, para silenciar las protestas contra su Gobierno.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la oficina del Alto Comisionado de la Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh) han responsabilizado al Gobierno de Ortega por «más de 300 muertos», ejecuciones extrajudiciales, torturas, obstrucción a la atención médica, detenciones arbitrarias, secuestros, violencia sexual, entre otras violaciones a los derechos humanos.
Ortega ha negado los señalamientos y ha sostenido que se trata de un intento de «golpe de Estado».
Las protestas contra Ortega y su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo, comenzaron el 18 de abril pasado, por unas fallidas reformas de la seguridad social y se convirtieron en una exigencia de renuncia del mandatario, después de 11 años en el poder.
