París.- Una nueva oleada de manifestaciones en toda Francia mantuvo hoy el pulso ciudadano contra la reforma laboral del presidente, François Hollande, con movilizaciones en las que se repitieron los altercados entre antisistema y fuerzas del orden.
Esta séptima jornada de protesta en poco más de dos meses había sido convocada por siete sindicatos estudiantiles y de trabajadores, que se levantaron tanto contra ese proyecto de ley como por su reciente aprobación en primera lectura en la Asamblea Nacional sin el voto parlamentario.
Su llamamiento buscaba «incrementar la movilización ante el rechazo de la democracia» atribuido al Ejecutivo socialista, que el pasado 10 de mayo decidió recurrir al artículo 49.3 de la Constitución para evitar el aval de los diputados, ante su previsible falta de apoyos.
El texto pasará por los senadores entre los próximos 13 y 24 de junio, y cuatro días después será votado en esa cámara. De introducirse cambios, algo previsible puesto que esa cámara está controlada por la oposición conservadora, volvería a la Asamblea, donde el Gobierno podría apoyarse otra vez a ese resorte constitucional.
Unas 400.000 personas, un cuarto de ellas en París, participaron en las manifestaciones, según los organizadores, mientras que la policía calculó que eran 128.000.
Los manifestantes encarnaron hoy la petición para retirar esa reforma y obtener nuevos derechos, al denunciar que el proyecto contemplado en la actualidad supone un paso atrás.
La movilización ciudadana comenzó en cuanto se filtraron en febrero algunas de sus disposiciones y tuvo su culmen el 31 de marzo, cuando 390.000 personas ó 1,2 millones, en función de las cifras oficiales o sindicales, se echaron a las calles en todo el país.
Imágenes de lanzamientos de proyectiles por parte de radicales, habitualmente encapuchados y con la cara tapada, y de gases lacrimógenos y pelotas de goma por parte de la policía para frenarles, han ilustrado desde entonces esas marchas.
La tensión y el descrédito de las fuerzas del orden ante la viralidad de esos vídeos y fotografías llevaron el miércoles a los agentes a manifestarse en la parisina plaza de la República en denuncia de las agresiones en su contra, que según sus cifras elevan a 350 el número de heridos en sus filas.
El incendio ese mismo día y a pocos metros de un coche policial por parte de encapuchados ha provocado que el debate se haya centrado estos días no tanto en el texto discutido como en los altercados paralelos.
«El Estado de derecho es nuestro bien más preciado. Las sanciones deben ser implacables», dijo hoy el primer ministro, Manuel Valls, en una entrevista en la emisora «RTL», donde no descartó que se vuelva a prohibir a ciertos individuos manifestarse por orden policial.
Los sindicatos avanzaron que planean ampliar sus protestas al mes de junio, cuando Francia celebrará la Eurocopa de fútbol, y, en palabras del secretario general de la CGT, Philippe Martinez, dejaron claro que «la pelota está en el tejado del Gobierno» y que ellos están «determinados».
Esa determinación se tradujo esta semana tanto en una manifestación el martes como en bloqueos y huelgas en el sector aéreo, ferroviario o de transporte por carretera, con las que se multiplicaron los frentes abiertos contra el Ejecutivo.
Solo hoy se recortaron el 15 % de los vuelos programados en el aeropuerto parisino de Orly, según la Dirección General de la Aviación Civil (DGAC), y desde la compañía pública de transporte ferroviario SNCF anuló la mitad de los trenes regionales y uno de cada tres de alta velocidad.
El apoyo a ese proyecto, según un sondeo de este miércoles, se sitúa en el 48 % de la población, pero la violencia de los últimos días ha afectado al Gobierno: tres de cada cuatro ciudadanos cree que no ha sido lo suficientemente firme, y desde el ultraderechista Frente Nacional se ha pedido, por ello, la dimisión del ministro de Interior, Bernard Cazeneuve.
