San Francisco (EE.UU.) – La exprimera ministra de Dinamarca Helle Thorning-Schmidt y la exrelatora para la libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) Catalina Botero Marino forman parte del «Tribunal Supremo» que moderará los contenidos en Facebook e Instagram, anunció este miércoles la compañía.
Thorning-Schmidt y la colombiana Botero liderarán, junto a dos profesores de derecho estadounidenses, Michael McConnell y Jamal Greene, un equipo que inicialmente estará constituido por veinte personas y que será la corte de última instancia para decidir qué contenidos pueden publicarse y cuáles no en las redes sociales.
Esta suerte de «Tribunal Supremo», al que cualquier usuario podrá recurrir después de que su caso haya pasado por todas las instancias inferiores dentro de Facebook, empezará a escuchar casos «en los próximos meses», operará de forma independiente a la empresa y sus decisiones serán «vinculantes».
Thorning-Schmidt fue primera ministra de Dinamarca entre 2011 y 2015 con el partido socialdemócrata, y desde 2016 es la consejera delegada de la organización sin ánimo de lucro Save The Children, dedicada a la lucha contra la pobreza infantil.
Por su parte, Botero Marino es la decana de la Facultad de Derecho de la Universidad de Los Andes, y entre 2008 y 2014 ejerció de relatora especial para la Libertad de Expresión de la CIDH, un organismo autónomo de la Organización de Estados Americanos.
Thorning-Schmidt y Botero Marino ofrecieron este miércoles una rueda de prensa telefónica conjunta con McConnell y Greene, puesto que los cuatro ejercerán de líderes del equipo, y aseguraron que la «junta de supervisión» -como ha sido bautizado este tribunal- tendrá absoluta independencia de Facebook.
«Facebook se ha comprometido con el cumplimiento de las decisiones que tomemos y, en caso de que no lo hiciese, como estas serán públicas, tendría un coste reputacional muy alto para la empresa», apuntó Botero Marino.
RESPUESTA A LAS CRÍTICAS DE ABUSO DE PODER
La creación de una junta de supervisión independiente fue anunciada en 2018 por el consejero delegado y cofundador de Facebook, Mark Zuckerberg, para tratar de dar respuesta a las críticas de abuso de poder por parte de la mayor red social del mundo y de arbitrariedad en la moderación de contenidos.
Facebook e Instagram (de su propiedad) tienen unas guías de uso por las que se limita qué contenidos pueden compartirse en las plataformas (se prohíben, por ejemplo, mensajes que inciten a la violencia, imágenes explícitamente sexuales, etc.) y cuando la empresa considera que estas normas se han violado, procede a retirar contenidos.
Sin embargo, la naturaleza inevitablemente subjetiva de muchas de estas decisiones (en el día a día aparecen multitud de casos en que la valoración de si un contenido se ajusta o no a las reglas es cuestión de perspectiva) hace que muchos internautas sientan que la empresa toma decisiones a discreción.
INSTANCIA SUPERIOR
En la actualidad, cuando a un usuario se le retira un mensaje que ha compartido en Facebook o Instagram porque observadores humanos o la inteligencia artificial consideran que viola las normas de uso, este puede apelar la decisión y que un nuevo «tribunal» la considere, pero siempre dentro de la propia empresa.
La idea de la junta de supervisión es que, una vez agotada esta vía, si el usuario sigue creyendo que su contenido ha sido eliminado de forma injusta, pueda recurrir a esta instancia superior, cuyo dictamen será vinculante para Facebook «salvo que su implementación sea contraria a la ley».
A la hora de valorar cada caso y emitir una decisión, la junta tendrá en cuenta tanto las políticas de uso de la compañía como «las normas internacionales de derechos humanos por lo que respecta a la liberta de expresión», así como al «impacto sobre los usuarios y la sociedad».
Para garantizar la diversidad cultural y de experiencia de la junta, los veinte miembros actuales (en un futuro se planea aumentar el grupo a cuarenta) provienen de EE.UU. y Canadá (25 %), Latinoamérica y el Caribe (10 %), Europa (20 %), Asia y Oceanía (25 %) y África (20 %).
Facebook ha asignado un fondo de 130 millones de dólares para el funcionamiento de la junta que no pueden ser revocados, y sus miembros (que no están empleados por Facebook sino por la propia junta), recibirán una compensación económica y se les requerirá dedicación a tiempo parcial.
