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Ulloa defiende acciones de Gobierno sobre periodistas y la asocia a pandillas

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Madrid.– El vicepresidente de El Salvador, Félix Ulloa hijo, defendió este lunes las acciones del Gobierno del presidente Nayib Bukele sobre algunos periodistas del país que han denunciado presiones y asoció la actividad de muchos de ellos con la de las pandillas criminales.

En una Tribuna EFE-Casa de América en Madrid, Ulloa, que se encuentra de viaje en España, restó importancia a las denuncias de los periodistas así como a informes de asociaciones de prensa que alertan de prácticas contra estos profesionales en el país.

Según un informe de la Sociedad Iberoamericana de Prensa (SIP) aprobado en su reciente asamblea general en Madrid, las libertades de expresión y de prensa languidecen en El Salvador con el gobierno de Bukele, mientras los medios de comunicación y las fuentes son «sistemáticamente intimidados y amenazados».

Debido a la censura e intimidación, al menos 10 periodistas se fueron al exilio en el periodo de la Administración de Bukele, tras ser señalados por «personeros gubernamentales o recibir amenazas anónimas en las redes sociales», señala el informe.

«Me gustaría saber cuáles son los hechos, si hacemos un examen ningún medio ha recibido un censor, ni se ha cerrado ninguno, a pesar de que son de la oposición y contra el Gobierno», justificó el vicepresidente.

A su juicio, «los que se sienten perseguidos o se han auto exiliado sabrán por qué lo hacen» ya que, según dijo, «no hay causas en su contra».

LAS LEYES CONTRA LAS PANDILLAS QUE AFECTAN A LOS PERIODISTAS

Preguntado sobre los periodistas que han debido exiliarse del país por amenazas contra su vida, Ulloa compartió que él también sufre esas situaciones y «no por eso va a dejar el cargo».

Se refirió directamente a tres periodistas «autoexiliados»: el español Roberto Valencia y los hermanos salvadoreños Oscar y Carlos Martínez. Todos, dijo, están vinculados pandillas, y «cuando empezamos esta guerra contra las pandillas se dieron ciertas normas para combatirlas», contextualizó.

Sobre Valencia aseguró que públicamente llegó a afirmar que tras entrevistar varias veces a un líder pandillero «llegaron a hacer amistad» y le dio un «recado para su mujer y otro a la jueza que llevaba su caso».

«Es algo que se prohibió en esta ley (el nuevo código penal), para que cualquier persona que difunda mensajes de las pandillas pueda ser procesada», explicó.

Sobre los hermanos Martínez, periodistas ambos del diario digital El Faro, aseguró que Oscar defendió públicamente la existencia de las pandillas y que Carlos «vio secuestros, asesinatos y violaciones» durante una investigación que hizo al respecto.

«Estaba con ellos viviendo, no iba con intención de matar, pero hay un delito de omisión», declaró Ulloa.

OCHO MESES DE ESTADO DE EXCEPCIÓN

El pasado 27 de marzo, la Asamblea Nacional de salvadoreña (dominada por el partido de Bukele con 56 de los 84 escaños) aprobó el Estado de Excepción que suspende derechos de libre asociación, inviolabilidad de la correspondencia o defensa ante una detención.

Ampliado cada 30 días con votación de la Asamblea, hasta el momento ha dejado 56.716 detenidos, según informó el propio Gobierno la semana pasada. El Ministerio de Seguridad y Justicia salvadoreño actualizó la cifra el pasado viernes en Twitter sin detallar cuántas de las personas capturadas son pandilleros o a qué banda pertenecen.

Recientemente, siete organizaciones de El Salvador dieron a conocer que registran 4.071 denuncias por violaciones a derechos humanos bajo el régimen de excepción, que junto a las más de 3.400 registradas por la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) superan las 7.400.

«Llevamos más de 220 días sin homicidios», valoró el vicepresidente antes de explicar que otros delitos siguen sucediendo en el país por lo que el Estado de Excepción es aún necesario.

Asimismo, Ulloa negó saber el estado de la petición de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de visitar el país para conocer el estado de las personas detenidas y que aún no ha recibido respuesta.

Afirmó que el pasado mes no existía «posición» del Gobierno salvadoreño sobre este pedido, hoy dijo que «desconoce» en qué punto se encuentra la solicitud y apuntó a que es la Cancillería «la que tiene que responder a ese pedido».

La situación de los miles de presos es algo que preocupa a la CIDH así como a otros grupos de defensa de los Derechos Humanos quienes elevan los detenidos a cerca de cien mil.

(ir)

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