Tegucigalpa- Transparencia Electoral presentó su Informe Preelectoral sobre las Elecciones Generales de Honduras 2025, un documento en el que analiza el contexto político, institucional y técnico previo a los comicios programados para el 30 de noviembre.
-La organización llamó a garantizar independencia, transparencia y un clima de diálogo antes de la votación del 30 de noviembre.
El informe recoge hallazgos y recomendaciones surgidas de la visita de la organización al país entre el 26 y el 29 de octubre, periodo durante el cual sostuvieron reuniones con autoridades electorales, partidos políticos y organizaciones de la sociedad civil.
La evaluación advierte una profunda crisis de gobernanza derivada de la confrontación entre el Consejo Nacional Electoral (CNE) y el Tribunal de Justicia Electoral (TJE), además de fuertes tensiones internas dentro de ambos órganos. Según Transparencia Electoral, la representación partidista de sus miembros ha intensificado los desacuerdos, generando incertidumbre y provocando retrasos significativos en el calendario electoral.
En materia de tecnología y transparencia, la organización reconoce que se adjudicaron contratos clave para la identificación biométrica del electorado, el Sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP) y la conectividad satelital, a cargo de Smartmatic, Grupo ASD y el Consorcio Reytel-Ufinet, respectivamente. Sin embargo, señala que estos procesos estuvieron marcados por controversias, demoras y la falta de publicación completa de los contratos millonarios en los portales de transparencia estatales.
Otro punto de preocupación es la fiscalización del financiamiento político. Solo el 43% de los sujetos obligados se ha acreditado ante la Unidad de Financiamiento, Transparencia y Fiscalización (UFTF), lo que, según el informe, evidencia las limitaciones en los mecanismos de control y supervisión.
Transparencia Electoral insta a las autoridades y actores políticos a:Asegurar la independencia institucional de los organismos electorales.
Evitar injerencias judiciales o militares en el proceso electoral. Garantizar transparencia y rendición de cuentas en el uso de recursos públicos.
Asimismo, promover un clima de respeto y diálogo entre las fuerzas políticas y los órganos electorales.
En el informe la organización remarca que el proceso electoral de 2025 avanza hacia su fase final bajo serios riesgos derivados de la confrontación política y la fragilidad institucional.
La desconfianza histórica entre actores se ve agravada por la presunta instrumentalización del Ministerio Público, así como por las presiones provenientes de otros poderes del Estado —incluyendo Fuerzas Armadas y el Congreso Nacional— sobre el CNE y el TJE.
Pese a los avances técnicos obtenidos en las contrataciones, Transparencia Electoral advierte que persisten dudas sobre la transparencia en los procesos de adquisición y un incumplimiento preocupante en la fiscalización del financiamiento político.
Asimismo, la judicialización de conflictos internos y la falta de aprobación de presupuestos clave para el TJE y la UFTF elevan el riesgo de afectar la autonomía de los entes electorales.
El informe concluye con un llamado urgente a que los actores políticos actúen con madurez y compromiso democrático para garantizar la legalidad, la transparencia y el respeto a la voluntad popular en las urnas.LB
