Tegucigalpa- La titular del Consejo Nacional Anticorrupción (CNA), Gabriela Castellanos, afirmó que la Constitución de la República no le asigna al Congreso Nacional un papel decorativo, sino una función clave de resguardo institucional, especialmente cuando se presentan actuaciones contrarias al Estado de derecho.
En su columna de opinión “Disculpen mi Castellano”, Castellanos sostuvo que el juicio político es un mecanismo constitucional diseñado para defender la institucionalidad democrática, y no un instrumento de castigo político. Según explicó, su finalidad es clara: la destitución del cargo cuando se comprueba responsabilidad funcional de altas autoridades.
La directora del CNA recordó que la Constitución establece que el juicio político procede ante denuncias graves por actuaciones contrarias a la norma suprema, al interés nacional o por negligencia, incapacidad o incompetencia en el ejercicio del cargo, y que corresponde al Congreso activarlo conforme al procedimiento establecido en la Ley Especial.
Castellanos también se refirió a la crisis electoral de noviembre de 2025, marcada por retrasos en el escrutinio, cuestionamientos administrativos y controversias judiciales, lo que —según señaló— generó una profunda preocupación ciudadana sobre la solidez de las garantías democráticas en el país.
En ese contexto, indicó que tanto la legislatura anterior como la actual tienen responsabilidad institucional, ya sea por decisiones u omisiones que contribuyeron al conflicto político y al bloqueo electoral, por lo que la nueva conformación del Congreso está llamada a corregir ese rumbo.
A renglón seguido añadió que “la prudencia o la estabilidad no pueden ser excusas para evitar el examen institucional cuando existen denuncias graves”.
Asimismo, advirtió, que la gobernabilidad auténtica se construye sobre la rendición de cuentas y no sobre la postergación indefinida de decisiones difíciles.
Finalmente, Castellanos subrayó que el juicio político debe aplicarse con objetividad, garantías y apego estricto a la ley, y que omitir su activación cuando existan causas documentadas también constituye una decisión política con consecuencias institucionales para Honduras.LB
