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Llegada de DiDi reaviva debate sobre regulación de transporte en Costa Rica



Llegada de DiDi reaviva debate sobre regulación de transporte en Costa Rica
Autor del artículo: EFE

San José - La entrada en operación de la aplicación china DiDi ha reavivado en Costa Rica el debate sobre la urgencia de regular las plataformas que alojan servicios de transporte de personas, una misión que no ha podido ser cumplida por el Gobierno ni por el Congreso tras cuatro años de la entrada de Uber.

Costa Rica, un pequeño país de 5 millones de habitantes, se ha convertido en un mercado muy atractivo para este tipo de plataformas de transporte debido al buen acceso a internet y especialmente por los problemas de tráfico que la gente suele experimentar en las principales ciudades.

Tras cuatro años de la entrada de Uber al país y de numerosas protestas de los taxistas, el Gobierno ni el Congreso han podido cumplir con la promesa de regular el servicio que brindan este tipo de aplicaciones tecnológicas.

LA CHINA DIDI ENTRA CON FUERZA

El pasado martes comenzó a brindar el servicio la empresa china DiDi, la cual promete convertirse en la competencia de Uber, y ser una opción atractiva para los costarricenses.

La aplicación inicio sus operaciones en cinco de las siete provincias de Costa Rica con unos 5.000 conductores registrados, un número nada despreciable para sus primeros días.

Una fuerte campaña de promociones a través de las redes sociales ha sido la punta de lanza de DiDi, que mira a Costa Rica como una consolidación en el mercado Latinoamericano (ya opera en México, Chile, Colombia y Brasil) y posiblemente la puerta de entrada al resto de Centroamérica.

UBER Y LOS CUATRO AÑOS SIN REGULACIÓN

Uber, que en Costa Rica tiene 22.000 conductores afiliados y 780.000 usuarios, comenzó a operar en agosto de 2015 y desde entonces ha provocado un gran debate sobre la legalidad de este tipo de plataformas, la urgente necesidad de su regulación y sobre el futuro de los taxistas regulados por el Estado.

Al principio Uber fue declarado por el Gobierno como un servicio ilegal de transporte y la Policía de Tránsito está facultada para aplicar multas, retirar las matrículas y hasta decomisar los vehículos de los socios conductores.

Sin embargo, esto no ha sido impedimento ni ha disminuido el uso de la aplicación, ante lo que el Gobierno del presidente Carlos Alvarado presentó un proyecto de ley que buscaba regular esta actividad.

Sin embargo, el Congreso archivó esa iniciativa porque tenía elevados cobros para los conductores y las empresas que brindan los servicios, así como una especie de canon a las tarifas que se iba a destinar a ayudar a los taxistas; y además establecía límites a la cantidad de conductores que podían inscribirse en las aplicaciones.

A mediados de este año varios diputados presentaron un nuevo proyecto que no ha mostrado mayores avances.

EL DEBATE SE REAVIVA

La llegada de DiDi ha reabierto el debate sobre la regulación y también ha provocado la reacción de los taxistas que han anunciado protestas para los próximos días.

Los taxistas ya han efectuado en numerosas protestas durante los últimos años para exigir la flexibilización de los requisitos que deben cumplir para operar o que el Gobierno bloquee las aplicaciones como Uber, pues consideran que se trata de una competencia ilega que está afectando seriamente al gremio.

El ministro de Obras Públicas y Transportes, Rodolfo Méndez, dijo a los periodistas que "no es de extrañar" que más plataformas se interesen en Costa Rica ante la ausencia de regulación, reconoció que se trata de un tema "complejo" y que su esperanza es que los diputados resuelvan con criterios técnicos.

"La Asamblea Legislativa está discutiendo un proyecto de ley que establece un volumen ilimitado de vehículos. Eso es hacer las cosas al revés, estamos provocando un congestionamiento terrible. Es indispensable ponerle un límite a estos servicios en cuanto al número de vehículos, las vías no aguantan", aseguró Méndez.

Los diputados de la Comisión de Asuntos Económicos del Congreso, que son los encargados de analizar en primera instancia el proyecto, pidieron al Gobierno definir con claridad sus argumentos y su postura, y aseguraron que buscarán un texto que beneficie a todas las partes.


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