Guatemala.- La Corte Suprema de Justicia (CSJ) celebrará el próximo lunes un pleno extraordinario para analizar y evaluar las solicitudes que piden retirarle el fuero al presidente de Guatemala, Jimmy Morales.
«Ya se fijó pleno extraordinario para el lunes. Allí conocerán de los antejuicios (retiro de la inmunidad) del presidente», confirmó el portavoz de la Corte a los medios de comunicación, Ángel Pineda.
Un informe de la Cámara de Amparos y Antejuicios detalla que la Corte ya recibió tres de las cuatro peticiones para retirarle el fuero a Morales, que esta semana enfrentó una crisis política por intentar expulsar del país al jefe de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), Iván Velásquez.
Estas son las que presentó la propia Cicig y el Ministerio Público el pasado viernes, en las que piden quitarle la inmunidad para que pueda ser investigado por un delito de financiación electoral ilícita durante la campaña que lo llevó al poder en 2015.
Las otras tres -una de las cuáles aún no ha llegado al Supremo-, fueron presentadas por organizaciones civiles y personas individuales que lo acusan de obstrucción a la Justicia, abuso de autoridad y desobediencia tras declarar non grato a Velásquez el pasado domingo.
Esta decisión fue anulada por la Corte de Constitucionalidad el martes al entender que Morales había violado preceptos legales.
La Corte Suprema de Justicia debe decidir si da trámite o no a las solicitudes y en caso afirmativo el expediente se remite al Congreso, que elegirá al azar una comisión pesquisidora para analizar el caso y presentar al pleno un informe, no vinculante, en el que se recomiende si es viable quitarle el fuero a Morales.
Entonces se vota la decisión en el pleno, donde se necesita el aval de 105 diputados para que se le retire la inmunidad al presidente, un hombre que durante su campaña utilizó el eslogan «ni corrupto ni ladrón» para llegar a la Presidencia del país.
El mandatario guatemalteco vive uno de sus momentos más complicados desde que asumió la Presidencia en enero de 2016 al intentar, unilateralmente, expulsar al comisionado colombiano, por lo que la Justicia le dio un fuerte revés al anular su decreto.
