El jurista de origen costarricense y que visita Nicaragua en el marco de la presentación del primer informe centroamericano de gobernabilidad jurídica e institucional 2007, agregó que un Estado fuerte implica jurídicamente, primero, «un Estado fiscal fuerte».
Observó que todos los países de la región tienen problemas en la construcción de la democracia, por diversos matices y principalmente por la cultura política, sin embargo consideró que «la solución no es de cultura política».
«La creación del mercado y de la sociedad civil son resultado del Estado y no la inversa», añadió.
A su juicio, la construcción del Estado supone una racionalidad jurídica y una racionalidad institucional que sirva para limitar y resolver el conflicto, así como otorgar una racionalidad del proceso de diálogo social.
«¿Cómo lo solucionas?, sobre la base de un fortalecimiento de los instrumentos del Estado», continuó.
En ese sentido, sugirió fortalecer el régimen de derecho público, derecho administrativo y toda la estructura institucional que rige en las relaciones de los miembros de la sociedad.
«Esto implica un re-fortalecimiento del Estado», insistió.
Según Ordoñez, una de las cosas que hay que desmitificar es que para tener sociedades y economías fuertes, el Estado tiene que ser débil.
«Todo lo contrario. El Primer Mundo demostró que para tener economías fuertes, mercados competitivos y robustos, hay que tener Estados fuertes», reafirmó.
Por tanto, el jurista hizo un llamado a trabajar en las reformas jurídicas e institucionales que mejoren las políticas públicas en la región.
«La única manera de consolar a nuestros gobernantes de aquí a los próximos 30 años, los que vengan, es crear ese andamiaje de normas e instituciones que los obliguen a amarrarse a una política pública», anotó.
Otra de las reformas a las que se debe aspirar en Centroamérica, según Ordoñez, es asignar un siete por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) a la educación y un seis por ciento del PIB a la salud.
También, incluir elecciones de medio período, crear un mecanismo revocatorio en el ámbito del Gobierno central y local, entre otros, como medida de control social, rendición de cuentas y participación ciudadana, dijo.ACAN-EFE
