Tegucigalpa – La reciente decisión de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), de sobreseer los recursos de inconstitucionalidad y amparos presentados contra el prolongado estado de excepción del gobierno anterior, ha desatado una ola de críticas en el sector jurídico.
–Sobreseimiento deja un «mal sabor de boca»: La justicia que llega tarde, zanjó Castañeda.
El pleno de magistrados de la Corte Suprema de Justicia de Honduras (CSJ), votó de manera concurrente en las últimas horas para sobreseer el estado de excepción que se mantuvo vigente por más de tres años en el país, durante la administración de la presidenta Xiomara Castro.
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La medida, que había sido presentada por el gobierno de Libre como una estrategia central para combatir la criminalidad, estuvo marcada desde su inicio por fuertes cuestionamientos de organismos de derechos humanos, tanto nacionales como internacionales, que denunciaron abusos y pidieron reiteradamente su eliminación.
En ese contexto fueron varios quienes llegaron a interponer recursos y amparos para tratar de frenar lo que consideraban una ilegalidad que violentaba derechos, pero no hubo resultados.
Sinónimo de impunidad
Para la reconocida abogada constitucionalista, Ruth Lafosse, consultada por Proceso Digital esta resolución no es más que un mecanismo político para garantizar la impunidad frente a presuntas violaciones de derechos humanos.
Lafosse explicó que, en términos procesales, el sobreseimiento en una acción de inconstitucionalidad implica que los magistrados decidieron no revisar el fondo de la denuncia. El argumento utilizado suele ser que el hecho «ya pasó», una postura que la jurista tilda de evasiva.
«Es la manera de lavarse las manos y no ejercer la función de control constitucional que les ordena la ley», sentenció Lafosse.
Un cheque en blanco para el abuso
La crítica de la constitucionalista apunta a que, al cerrar estos expedientes, la CSJ envía un mensaje de validación tácita a las medidas de seguridad implementadas durante más de tres años por la administración de Xiomara Castro. Según Lafosse, esto deja en la indefensión a ciudadanos que sufrieron: allanamientos de morada sin las formalidades legales ni permisos judiciales, agresiones físicas y daños personales permanentes, violaciones a derechos fundamentales bajo el amparo del decreto ejecutivo.
Para la experta, el sobreseimiento se traduce directamente en impunidad. Al dictar que «ya no hay nada que hacer», la Corte bloquea cualquier vía para deducir responsabilidades penales o civiles contra los funcionarios que ejecutaron actos violatorios.
«Miren qué hacen: el sobreseimiento es el instrumento político óptimo para confirmar que el estado de excepción nunca violó la Constitución, dejando a las víctimas sin un lugar a dónde acudir para resarcir sus daños», concluyó.
CSJ evadió crear jurisprudencia
Consultado por Proceso Digital, el director de Justicia y Seguridad de la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), Nelson Castañeda, calificó el sobreseimiento del estado de excepción que decidió el pleno de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), como un «cálculo político»; al tiempo que calificó la resolución como una maniobra que evidencia la subordinación del máximo tribunal al poder político.
A renglón seguido apuntó que el argumento utilizado por los magistrados —quienes alegaron que el recurso carecía de objeto porque la medida ya no está vigente— resulta inaceptable.
«¿Por qué no resolvieron o analizaron estos recursos mientras el estado de excepción estaba siendo aplicado y generando violaciones a los derechos humanos? ¿Por qué esperar hasta que el gobierno sale y entra uno nuevo?», cuestionó.
Según el análisis de Castañeda, esta dilación permitió que el poder político influyera en la operatividad de la Sala de lo Constitucional, evitando que los magistrados tuvieran la «aptitud y actitud» para enfrentar una medida que, asegura, fue arbitraria, desproporcionada e ilegal.
Más allá de la impunidad: La pérdida de jurisprudencia
El punto central de la crítica de la ASJ no es solo la falta de castigo a los abusos —tarea que Castañeda enfatiza corresponde al Ministerio Público — sino la omisión de crear un precedente legal.
El objetivo era la doctrina: Los recurrentes buscaban que la Sala de lo Constitucional estableciera jurisprudencia clara para limitar a futuros gobiernos.
En ese sentido lamentó que el mensaje enviado, al evitar el fallo de fondo, la CSJ dejó a la deriva la interpretación sobre cómo deben aplicarse medidas excepcionales sin violentar la Carta Magna.
La ASJ, cuyo recurso fue el primero en ser presentado tras el inicio del estado de excepción, aún aguarda confirmación sobre si su expediente fue incluido en el paquete de sobreseimientos del pleno, pero desde ya el sobreseimiento es una señal más de la opacidad con la que se manejó este caso, apuntó.
Cuestionamientos de organismos internacionales
Durante ese periodo, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh) denunció graves violaciones a los derechos humanos en el país.
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En su informe anual presentado en Tegucigalpa, el representante del organismo, Juan Carlos Monge, advirtió que el estado de excepción “perdió su carácter excepcional y temporal” luego de acumular al menos 24 prórrogas desde su implementación en diciembre de 2022.
El documento también alertó sobre ejecuciones, desapariciones forzadas y casos de tortura atribuidos a fuerzas de seguridad en un contexto marcado por tensiones políticas y altos niveles de impunidad.
Casi mil denuncias por abusos
A nivel nacional, el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos de Honduras (Conadeh) registró aproximadamente mil quejas contra agentes de los cuerpos de seguridad del Estado durante la vigencia de la medida.
Diversos sectores críticos sostuvieron durante años que el Estado adoptó políticas de seguridad que no produjeron resultados eficaces, mientras se restringían derechos fundamentales. Entre las principales críticas figuró la militarización de la seguridad ciudadana, particularmente mediante el fortalecimiento de la Policía Militar del Orden Público (PMOP).
Analistas y organizaciones civiles señalaron que la prolongación del estado de excepción terminó convirtiéndose en la principal estrategia de seguridad pública, pese a que originalmente debía ser una medida temporal.
Las investigaciones deben continuar
Los expertos coinciden que, a pesar del sobreseimiento, no se puede permitir la impunidad por los abusos y el Ministerio Público está llamado a investigar y judicializar los casos de excesos policiales y militares, incluyendo denuncias graves como agresiones sexuales y allanamientos ilegales.
Y en síntesis, apuntan que esta resolución deja al descubierto una grieta profunda en la administración de justicia hondureña y además la percepción de que la Sala de lo Constitucional se ha convertido en un ente reactivo que, en lugar de frenar los abusos del poder, prefiere esperar a que las tormentas políticas amainen, renunciando así a su rol como máximo garante de la Constitución.
El estado de excepción fue decretado el 6 de diciembre de 2022 mediante el Decreto Ejecutivo PCM 29-2022, el cual suspendía varias garantías constitucionales, entre ellas la libertad personal, el derecho de asociación y reunión, la libre circulación, la protección contra detenciones arbitrarias, la rendición de caución y la inviolabilidad del domicilio. Bajo el argumento de enfrentar al crimen organizado y la delincuencia común, la medida fue prorrogada en múltiples ocasiones, a través de al menos 18 decretos adicionales, extendiendo su vigencia durante más de tres años. LB
