Tegucigalpa (Especial Proceso Digital/Por Lilian Bonilla) – El Sistema Nacional de Emergencias 911 nació en 2015 como una de las apuestas más ambiciosas del Estado hondureño para enfrentar la criminalidad y modernizar la respuesta ante emergencias.
– Reconstruir el SNE-911 es vital porqué detrás de cada conflicto y cada disputa política, hay una realidad innegable: cuando alguien marca 911, no llama al gobierno de turno. Llama al Estado, por casos que pueden hacer la diferencia entre la vida y la muerte.
Creado mediante el Decreto Legislativo 58-2015, el sistema fue concebido como un servicio público y de seguridad nacional que unificaría bajo un solo número la atención policial, médica, de bomberos y protección civil.
Más de una década después, el 911 se ha convertido en un reflejo de las tensiones estructurales del país: altos niveles de violencia, fuerte inversión en seguridad, denuncias de corrupción, politización del empleo público y disputas por el control de una institución estratégica.
Tres voces expertas consultadas por Proceso Digital, el exsubdirector operativo y tecnológico del SNE-911 Juan Carlos Degrandez, el director de Seguridad de la Asociación para una Sociedad más Justa ASJ Nelson Castañeda, y la coordinadora del Observatorio de la Violencia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras Migdonia Ayestas, coinciden en algo esencial: el 911 es una herramienta estratégica de seguridad nacional. La diferencia está en cómo se administró y qué se perdió en el camino.
El nacimiento de una plataforma clave
El 911 sustituyó números dispersos como el 199 de la Policía Nacional, el 114 para violencia doméstica y el 112 de investigación criminal. Se integró a proyectos como “Ciudades Seguras” y el presupuesto fue financiado principalmente con recursos de la Tasa de Seguridad Poblacional.
Durante su primer año atendió más de 735 mil emergencias. En cinco años, según cifras oficiales presentadas por el entonces ministro Lisandro Rosales, superó los cinco millones de emergencias atendidas y recibió más de 64 millones de llamadas, de las cuales 5.4 millones se tradujeron en acciones concretas. Además, se reportaron más de 703 mil atenciones médicas prehospitalarias y la implementación de telemedicina durante la pandemia.
Con cinco centros regionales (Tegucigalpa, San Pedro Sula, Santa Rosa de Copán, Tela y Choluteca) y miles de cámaras de videovigilancia distribuidas en Francisco Morazán, Cortés, Copán, Valle, Yoro, Atlántida y Lempira, el sistema se proyectó como el pilar tecnológico de la seguridad nacional.
El modelo contractual y las primeras controversias
En 2021, mediante el Decreto Legislativo 73-2021, se autorizó la suscripción directa de un contrato con Dynamic Corporation, S.A. de C.V. por más de 154 millones de dólares, con vigencia hasta 2028. El decreto que dio paso a la intervención en 2023, el Decreto Ejecutivo PCM 11-2023, cuestionó la legalidad del proceso, el costo del contrato y la ausencia de aprobación legislativa para compromisos que trascendían periodos de gobierno.
La Comisión Interventora denunció que la institucionalidad del 911 estaba “secuestrada” bajo un fideicomiso leonino, en el que la empresa administraba alrededor de 2,000 millones de lempiras anuales durante ocho años.
Al cierre de 2021 el sistema contaba con más de 1,300 empleados distribuidos en centros regionales, pero el 95 % del personal permanente fue cancelado, la Comisión argumentó ordenamiento institucional. Sectores críticos denunciaron despidos masivos para reemplazar personal por militantes de colectivos de Libre.
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Más grave aún, cuando el contrato entró en disputa, el sistema de monitoreo quedó apagado, incapaz de visualizar más de 3,500 cámaras ni de responder adecuadamente a emergencias. En un país con altos índices de violencia, la suspensión del servicio no fue solo un problema administrativo, sino un riesgo directo para la seguridad nacional.
Desmantelamiento de un sistema de seguridad nacional
El experto en ciberseguridad y exsubdirector operativo y tecnológico del Sistema Nacional de Emergencias (SNE) 911, Juan Carlos Degrandez, en entrevista con Proceso Digital aseguró que antes del debilitamiento institucional registrado en los últimos cuatro años, el 911 alcanzó importantes logros operativos, tecnológicos y estratégicos que posicionaron al sistema como una herramienta clave en la lucha contra el crimen en Honduras.
Degrandez recordó que el éxito del 911 se sustentó en tres pilares fundamentales: personal idóneo, innovación tecnológica constante y una visión clara del potencial de la institución. En el ámbito de recursos humanos, explicó que el equipo fue conformado mediante rigurosos procesos de selección con pruebas de confianza, evaluaciones de idoneidad y capacitación especializada, incluso en Corea en sistemas de videovigilancia (CCTV). Aseguró que cualquier persona que violó normas fue separada y rechazó contundentemente vínculos con estructuras criminales.
En el plano tecnológico, destacó la implementación de lectores de placas, sensores de disparos, minería de datos y el avance de un proyecto de reconocimiento facial, además del uso de analítica e inteligencia artificial para la toma de decisiones estratégicas. Indicó que el 911 no solo atendía emergencias, sino que servía como plataforma de inteligencia para intervenciones coordinadas con la Policía Nacional, Policía Militar y entes de investigación. Como ejemplo, señaló que en el Distrito Central se redujo el robo de vehículos en 69 % en seis meses gracias al monitoreo estructurado y la coordinación operativa.
También subrayó que el 911 se convirtió en un centro nacional de coordinación, apoyando operaciones contra maras, pandillas, microtráfico y trata de personas, así como traslados de reos de alta peligrosidad en operativos “Arpía”. Durante la pandemia de COVID-19, implementó telemedicina y atención ambulatoria para evitar la saturación hospitalaria, además de acciones en protección animal y gestión de riesgos ante desastres.
Según Degrandez, el deterioro comenzó cuando se perdió la visión estratégica y se sustituyó personal técnico por criterios políticos, eliminando pruebas de confianza e interrumpiendo proyectos tecnológicos entre 2022 y 2026. Criticó la instalación de cámaras sin planificación sostenible y la ruptura de la coordinación interinstitucional.
Como propuesta, planteó “poner orden en casa”, reincorporar personal capacitado que supere nuevamente pruebas de confianza y retomar la modernización basada en automatización y analítica avanzada. Concluyó que el 911 no debe ser una herramienta política, sino un proyecto orientado a salvar vidas y proteger a la población, y que aún es posible rescatarlo si se prioriza la capacidad técnica sobre intereses partidarios.
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Reestructuración transparente
Desde una postura crítica, el director de Seguridad de la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), Nelson Castañeda, advierte que el problema no es sólo político, sino estructural.
“El 911 es el primer eslabón de acceso a la justicia. Si falla, falla todo el sistema”, señaló.
La ASJ denunció en distintos momentos la desconexión prolongada de cámaras en ciudades clave como Tegucigalpa y San Pedro Sula, lo que —según su análisis— favorece al crimen organizado en un país con altos índices de violencia, en la región.
Castañeda insiste en que el sistema debe ser manejado por civiles altamente capacitados, bajo estrictos controles de confidencialidad y con veeduría nacional e internacional para evitar clientelismo o infiltraciones.
Seguridad nacional, no militancia partidaria
Para la coordinadora del Observatorio de la Violencia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (OV-UNAH), Migdonia Ayestas, el 911 es mucho más que una central de llamadas: es un banco de datos estratégico y una pieza clave en la trazabilidad del delito.
“Debe tratarse con experticia. No puede convertirse en una institución de militantes políticos”, zanjó.
Ayestas sostiene que la falta de escalafón técnico genera un círculo vicioso: cada cambio de gobierno implica despidos masivos y reemplazos partidarios, debilitando la continuidad institucional.
Constantes acusaciones de politización
El patrón de supuesta reestructuración en el SNE-911 no es nuevo. Durante la administración anterior, el sistema fue acusado de privatización encubierta y uso político de las cámaras para monitorear protestas sociales. Ahora al inicio del nuevo ciclo gubernamental, también se denuncia personal supernumerario y plazas sin funciones claras en distintas dependencias, contratos amañados, compras de cámaras y drones entre otro equipo adquirido sin sustento, sobrevalorado y sin transparencia, aparte de ineficiencia en el manejo total de la institución.
Para los expertos este patrón se da porque el SNE-911, por su naturaleza estratégica, resulta atractivo para estructuras criminales y para actores políticos. Controlar flujos de información, monitoreo territorial y movimientos de fuerzas de seguridad convierte a la institución en un objetivo de infiltración.
Seguridad nacional: la otra cara del debate
Más allá de la disputa política, el 911 es un componente esencial en un país que enfrenta crimen organizado, narcotráfico, violencia común y desastres naturales frecuentes.
Desmantelar o debilitar el 911 no es una opción viable. Pero tampoco lo es permitir que se convierta en caja chica política o en botín contractual.
La institución ya ha demostrado capacidad operativa —millones de emergencias atendidas lo respaldan—, pero también ha evidenciado serias vulnerabilidades, sobre todo por infiltración política.
El reto no es solo tecnológico ni financiero. Es institucional.
En un país tan inseguro como Honduras, el 911 debe consolidarse como una entidad técnica, profesional y blindada frente a intereses partidarios o criminales. La transparencia en la contratación, la estabilidad del personal capacitado, la innovación tecnológica constante y el control ciudadano serán claves para que el sistema deje de ser noticia por sus crisis y vuelva a serlo por su eficacia. LB
