Tegucigalpa – Durante el año que está por finalizar, el Instituto Nacional Penitenciario (INP) destaca entre sus mayores logros el traslado de cinco mil 459 reos, la remoción de directores de centros penales y el sometimiento a la justicia de custodios. En tanto, también se suscitaron fugas espectaculares sin que hasta ahora haya responsables.
– En todos los centros penales se cambió a las autoridades, y se detuvo y acusó a varios custodios por cometer acciones al margen de la ley.
– Una fuga masiva de pandilleros en mayo de este 2017 aún no deja a responsables ante la justicia hondureña.
– En noviembre se cerró el macabro centro penal de San Pedro Sula.
En la presente administración de la directora del Instituto Nacional Penitenciario (INP), Rosa Gudiel, se ejecutaron las operaciones “Arpía”, en las cuales se trasladó a cárceles de máxima seguridad a los líderes de maras y pandillas, miembros del crimen organizado y narcotráfico, considerados de alta peligrosidad.
Desde el mes de febrero a la fecha se han trasladado a unos 5 mil 459 personas privadas de libertad, de las cuales más de 2 mil 500 permanecen en las cárceles de máxima seguridad “El Pozo I y II”, en Ilama (Santa Bárbara) y Morocelí (El Paraíso), respectivamente. Al centro penitenciario de El Porvenir (Francisco Morazán) se trasladó a 1 mil 490 internos y el resto a otras penitenciarias.
También se mejoraron las condiciones de vida de los internos quienes ahora cuentan con atención médica las 24 horas del día, reciben una alimentación balanceada y ya no duermen en el suelo como sucedía en el pasado, acciones que han sido supervisadas y aprobadas por organizaciones de derechos humanos.
Fuga sin precedentes
El 11 de mayo de este año se produjo uno de los episodios más oscuros en la historia del sistema penitenciario hondureño. Se produjo la fuga de 22 peligrosos jefes de la pandilla 18, y hasta el día de hoy no se conocen detalles de la espectacular huida.
Luego las autoridades bajaron la cifra de 22 reos fugados a 18 y con el transcurso del tiempo se ha logrado la captura de otros tantos.
La Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC) decomisó videos y documentos en la Penitenciaría Marco Aurelio Soto, sin embargo hasta el momento no hay responsables por este nefasto suceso.
Cierre del penal sampedrano
El 14 de octubre se dio por clausurado el centro penal de San Pedro Sula, recinto en el que se planificaban y ordenaban la mayor parte de los hechos violentos en el Valle de Sula.
El cierre de ese centro penitenciario fue posible gracias a la Operación Arpía, efectuada por los miembros de la Fuerza de Seguridad Interinstitucional Nacional (Fusina), en la que se trasladaron los 4,817 reos de alta, mediana y baja peligrosidad de San Pedro Sula a distintas cárceles de todo el país (del 15 de marzo al 13 de octubre de 2017).
El cierre del penal de SPS fue calificado como “el final de una historia de terror”. Esta cárcel hondureña fue escenario de incendios, motines, fugas, intentos de fuga, enfrentamiento entre privados de libertad, introducción de armas de fuego, granadas, drogas, licores y celulares.
Previo al cierre en la cárcel se encontró un poderoso arsenal y una cuantiosa cantidad de dinero en fectivo.
Los cambios
En la actualidad, cada centro penal cuenta con los Consejos Técnicos Interdisciplinarios (CTIs), integrados por abogados, trabajadores sociales, médicos, psicólogos y las autoridades del centro penal, entre otros profesionales que son los encargados de conocer y resolver cada situación que se presenta referente a los privados de libertad.
A diferencia del pasado, todos los centros penales cuentan con personal de enfermería y médicos; en el caso de la Penitenciaría Nacional Femenina de Adaptación Social (PNFAS) se contrató a un médico pediatra para atender a los niños, hijos de las privadas, y también a un ginecólogo y un médico general.
Respecto a la alimentación, la misma es diseñada por un especialista en nutrición, quien también se encarga de supervisar la dieta para los internos que padecen de alguna enfermedad o que han sido objetos de alguna intervención quirúrgica.
Sobre las condiciones en que se vive dentro de las cárceles, cada interno cuenta con su propia cama, luego de que las autoridades sacaron de los establecimientos penitenciarios todos los negocios que por años funcionaron en ellas y acondicionaron los locales para usarlos como dormitorios, mejorando la situación de hacinamiento.
En el caso de los agentes penitenciarios, se les ha dotado de uniformes nuevos; también se les mejoraron los dormitorios y cuentan con alimentación. A los centros penales se les asignaron vehículos para el traslado de las personas privadas de libertad, se acondicionaron espacios y se les asignó más personal de seguridad para mantener el orden y control.
En las últimas horas también se les mejoró el monto del seguro de vida a los agentes penitenciarios, que antes era de 60 mil lempiras y a partir de 2018 será de 200 mil.
Asimismo se realizan gestiones para mejorar su salario, entre otras prebendas en reconocimiento a la labor que realizan en los presidios.
Remociones y suspensiones
German McNiel, subdirector del Instituto Nacional Penitenciario (INP), declaró que para adecentar el sistema penitenciario del mes de febrero a la fecha se ha realizado “la mayor suspensión de directores” y se procedió legalmente contra aquellos custodios que han infringido la ley, siendo cancelados de sus puestos de trabajo.
Reveló que en este tiempo se cambió a todos los directores de los centros penales a nivel nacional; para dinamizar el sistema se hizo intercambio de custodios y a las labores de seguridad y control al interior de las cárceles se sumaron los 592 nuevos agentes, quienes ya cumplen asignaciones en las cárceles de máxima seguridad.
El funcionario mencionó que los esfuerzos para mejorar el sistema penitenciario, así como las condiciones de vida de las personas privadas de libertad y del personal encargado de la custodia, continúan por parte de las autoridades penitenciarias, quienes cuentan con el apoyo del presidente Juan Orlando Hernández, impulsor de la transformación del sistema penitenciario.
