Washington.- El Senado de EE.UU. aprobó hoy por unanimidad una ley que protege a autores, periodistas y editores estadounidenses de demandas por difamación entabladas desde el exterior que puedan minar la Primera Enmienda de la Constitución.
 

La legislación bipartidista pasa ahora a la Cámara de Representantes, donde aún no tiene fecha para su votación final.

Bajo la legislación, los tribunales federales en Estados Unidos no tendrán que reconocer o hacer cumplir un dictamen emitido en el exterior en casos de difamación que, a juicio de las autoridades, puedan minar las garantías de libre expresión consagradas en la Constitución del país.

Así, la defensa podría solicitar una orden judicial que, para efectos prácticos, deje sin validez en EE.UU. un dictamen emitido en el exterior por casos de difamación.

El principal autor de la ley, el senador demócrata Patrick Leahy, dijo en un comunicado que la medida evitará de esa forma que los tribunales estadounidenses se presten como herramienta para minar la Constitución.

Para Leahy, resulta inaceptable que los periodistas y escritores estadounidenses tengan que someterse a las restricciones a la libertad de expresión en otros países para determinar lo que puedan o no publicar.

«Las libertades de prensa y expresión son piedra angular de nuestra democracia. Permiten un riguroso debate y un intercambio de ideas que moldea nuestro proceso político; las demandas por difamación extranjeras están minando este intercambio de información», dijo Leahy en un comunicado.

Si bien el Congreso de EE.UU. no puede alterar las leyes en el exterior que perjudican la libertad de expresión en este país, «sí podemos asegurar que nuestras cortes no se conviertan en una herramienta para respaldar» dictámenes por difamación emitidos en el exterior, agregó.

Por su parte el senador republicano Jeff Sessions, que copatrocinó la medida, dijo que ésta permitirá que los escritores estadounidenses puedan «limpiar su nombre cuando un tribunal en el exterior determina indebidamente que éstos han cometido difamación».

Sin ofrecer detalles, Leahy mencionó el caso de Rachel Ehrenfeld, directora del Centro Estadounidense para la Democracia, que fue «víctima de una demanda por difamación en el Reino Unido» en 2005 y emprendió una campaña de presión para que el Congreso aprobara este tipo de legislación.

Ambos senadores insistieron en que la medida constituye un paso necesario para que las normas y restricciones a la libertad de expresión -e incluso «prácticas legales abusivas»- en otros países no atropellen el derecho constitucional de los estadounidenses a la libre expresión.