Seguridad Fronteriza y Migración

Arabesca Sánchez

Aquella mañana, escuché como la noticia llegaba a casi todas las oficinas del edificio en donde me encontraba, a través de las radios encendidas en cada laboratorio, mientras -con varios de nuestros compañeros- comentábamos con asombro aquellas escenas tan inconcebibles como desgarradoras. Acababa de suceder el ataque terrorista más impactante en continente americano y todos nos sentimos conmovidos y preocupados -en mayor medida quienes tenemos familiares en ese país amigo-, muchos de inmediato comenzaron a comunicarse con sus seres queridos para confirmar que se encontraban bien.

El 9/11 -como se conoce hoy en día- fue un evento fatídico, que fue conmemorado durante el mes de septiembre en muchas ceremonias en nombre de todas las víctimas y los valientes hombres y mujeres que atendieron la emergencia. Pero el 9/11 también pasaría a la historia como el día en que también se comenzaría a reescribir las nuevas reglas que marcarían el nuevo curso de la seguridad fronteriza en todo el mundo.

De inmediato la migración estuvo bajo mayor escrutinio, y las direcciones e institutos de migración comenzaron a implementar nuevos pasaportes que incluían la renovación y digitalización de datos personales, fotografías, y firmas digitales, mientras en su proceso de solicitud incorporaba el registro de huellas dactilares digitalizadas a partir de los famosos escáner de huellas digitales -de rodado decadactilar- además de la instalación de ricas bases de datos en cada estación de inmigración de los aeropuertos, puertos y estaciones fronterizas terrestres.

También estas nuevas reglas incluyeron además los cambios en las políticas públicas de migración -pues la migración pasó a ser un asunto de seguridad nacional y de soberanía nacional- y ponían el foco de atención en la migración irregular, y al endurecerse las reglas de la seguridad fronteriza, cada migrante sin documentos de viaje comenzó a estar bajo la lupa de la sospecha por parte de las estaciones de control migratorio y de los funcionarios que en ellas operan.

Resultado de esto -y de acuerdo con los datos oficiales de CENISS-, cerca de medio millón de hondureños -493,989 en total- fueron deportados desde Estados Unidos en el periodo comprendido entre enero del 2008 a julio del 2020; aunque también hay que mencionar que cerca de 40,000 hondureños se han mantenido como beneficiados del TPS -permiso temporal de trabajo a quienes llegaron a Estados Unidos luego que el Huracán Mitch hiciera estragos en el territorio hondureño-. En el caso de los retornados desde México sumaron165,909 desde enero del 2016 a julio de 2020; y ahora también desde Guatemala se retornaron 679 desde enero de 2019 a mayo del 2020 -ahora habrá que sumar también, los 110 retornados de la primera caravana de octubre.

En el antecedente histórico puede observarse que durante el año 2014, las recurrentes imágenes de hondureños -menores incluso- llenaron las portadas de los principales medios del país, y pronto vimos la visita de diplomáticos y gobernantes en los centros de retención de migrantes ubicados en frontera sur -de Estados Unidos- con la promesa de que los traerían a casa de forma segura.

De inmediato, se decretó crisis migratoria, y vino la creación de algunas leyes de protección a migrantes y sus familiares -con énfasis a aquellos que aún buscan el paradero de sus familiares que migraron por tierra y nunca más volvieron a dar señales de vida a quienes dejaron atrás-, se crearon centros de atención al migrante retornado -de los cuales las hermanas escalabrinianas nos dejaban saber de vez en cuando, por sus declaraciones en medios sobre su situación – y se volvieron frecuentes las imágenes del retorno de las llamadas unidades familiares en municipios fronterizos.

Los sectores que han atendido a través del tiempo este tema en el país, de inmediato comenzaron a alertar sobre la necesidad de establecer condiciones para atender de forma digna a quienes vuelven a su país luego de haber sufrido todo tipo de mal tratos y/o peligros durante su travesía migratoria; mínimamente asegurar atención médica, un empleo o emprendedurismo -a adultos- y el reingreso al sistema educativo -en caso de los menores-.

Además, en el afán por averiguar cuáles han sido las causas de que tantos hondureños opten por irse del país hacia el norte, varias encuestas se hicieron a quienes volvieron retornados y las respuestas casi siempre fueron las mismas -buscando oportunidad económica, reunificarse con sus familiares que ya viven en Estados unidos, o huyendo de amenazas directas o hacia sus hijos-.

Estamos en 2020, y la situación agrega además el impacto del CIVID 19, -en materia migratoria por lo que se aprobó el decreto 51-2020 para atención de repatriación de cuerpos de hondureños fallecidos en el extranjero y el apoyo económico de sus familiares durante el proceso de repatriación, con el correspondiente apoyo del despacho de relaciones exteriores-, la pandemia ha provocado el cierre de empresas y con ello también de empleos, y la condición económica del país, seguramente marcará la pauta para el comportamiento de la migración en los próximos años; de momento el objetivo sigue siendo, establecer una política pública migratoria que designe recursos, instituciones, actores, responsabilidades, y formas de atención desde varias aristas sobre este tema que de forma recurrente se encuentra presente en la agenda bilateral entre -Honduras y Estados Unidos- y en agenda multilateral entre Honduras y los países de Centroamérica y México.

Al entrar en el octavo mes de encierro por la cuarentena que comenzó en el mes de marzo, más de 78,000 casos de COVID19 reportados y más de 2,000 personas fallecidas, alrededor de 1600 empresas afectadas y el descalabro de cerca de 400,000 empleos es hasta ahora el saldo que tenemos como país; era de esperarse que muchas familias de bajos recursos no podrían soportar la presión económica que esta situación ha puesto sobre ellas; solo era cuestión de tiempo y al final la crisis estalló y con ello una cuarta caravana de hondureños se encaminaron nuevamente hacia el norte del continente americano buscando satisfacer sus necesidades que son una mezclan entre necesidad de empleo, reunificación familiar, mejorar sus condiciones de vida, violencia, y ahora por si fuera poco también la pandemia y la suspensión de garantías constitucionales que a muchos les ha dejado sin al menos siete derechos constitucionales y sin las tres garantías constitucionales; aunque la de mayor impacto sigue siendo la de la libre movilización.

Así luego de meses de estar viendo y escuchando el mensaje de funcionarios que cada domingo por la noche anuncian la extensión de la cuarentena, la apertura comercial parcial, la salida de acuerdo al ultimo número de la tarjeta de identidad – ahora dos por día- y el ya rayado quédate en casa; mientras los anunciantes de estas cadenas nacionales siguen con sus empleos fijos con su salario fijo en sus bolsillos cada fin de mes; mientras las familias que ahora se van de migrantes en caravanas no han podido sostener sus hogares desde el segundo mes de decretado el cierre por cuarentena; que difícilmente va a entender de razones del llamado al encierro aunque ese mensaje se transmita cada noche en un claro abuso de la figura de la cadena nacional.

En conclusión. sí quienes trabajan en este sector, logran este objetivo de identificar las principales necesidades en materia migratoria, diseñar una propuesta viable, validar su contenido y lograr la aprobación de una política pública migratoria integral que atienda al que se quiere ir, al que es deportado, al que se va, y además a los familias d emigrantes desaparecidos; sin duda estarán encontrando la forma de armonizar el hecho de que, si bien es cierto que la migración debe atenderse de forma regular y segura, igual de cierto es que las remesas de migrantes hondureños sostienen gran parte de familias y benefician -con su flujo de capital- a otros sectores dentro de todo del país y ese ha sido y es quizá, el kit del asunto como popularmente se dice por ahí. Mientras tanto el endurecimiento de política migratoria en países de tránsito y de llegada, ya contempla -desde la perspectiva de seguridad fronteriza- la maximización del uso tecnológico como la biometría en la era digital como próximo paso de la seguridad de fronteras y con ello el comienzo de un nuevo reto para los oficiales de la seguridad fronteriza, los defensores de derechos de los migrantes, el fenómeno migratorio en general y los migrantes. Mientras este nudo se desata, Que estén bien. Hasta la próxima entrega.

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