Tegucigalpa – Un sector del magisterio de Honduras rechazó hoy la nueva Ley Fundamental de Educación que el Parlamento aprobó este lunes y que supone una enseñanza de calidad, además de gratuita, para los niños y jóvenes del país.
«Esta es una ley demagógica porque no se están creando las condiciones para su ejecución», dijo a los periodistas el presidente del Colegio Profesional Superación Magisterial Hondureño (Colprosumah), Edwin Oliva.
La ley fue aprobada anoche tras un proceso de discusión con diversos sectores sociales, incluidos los maestros, que duró unos ocho meses.
Sin embargo, hay maestros organizados en varios colegios, entre ellos Oliva, que ahora alegan que no están dadas todas las condiciones para que la ley se pueda aplicar como se pretende.
«Creemos que es una decisión política del actual Gobierno, que anda haciendo política, que promueve candidatos y que quiere dar la idea de resolver todo con leyes en este país», acotó Oliva.
Otro de los argumentos de los docentes, es que no se puede garantizar los 200 días de clases que se deben impartir al año, si el Gobierno no le paga puntualmente los salarios a miles de maestros.
La nueva ley establece, entre otras cosas, que los maestros de los centros de educación prebásica, básica y secundaria deben ser profesionales universitarios y que la enseñanza será bilingüe.
Además de obligatoria y gratuita, la nueva ley fija un nuevo plan para los tres niveles de educación, pasando la básica de seis a nueve años.
Honduras figura entre los países latinoamericanos con muchas deficiencias en su sistema educativo, principalmente en el sector público.
En los últimos tres años, por ejemplo, los estudiantes del sector público perdieron varios meses de clases por protestas de maestros que exigen el pago de salarios atrasados a unos 6,000 docentes y manifestaciones políticas.
En 2009, los estudiantes perdieron medio año de clases porque los educadores se sumaron a la protesta del Frente Nacional de Resistencia Popular, que surgió tras el golpe de Estado al entonces presidente, Manuel Zelaya, el 28 de junio de ese año.
El presidente del Colegio Magisterial de Profesores de Educación Media de Honduras (Copemh), Óscar Recarte, considera que con la nueva ley educativa «los diputados al final no supieron lo que aprobaron porque lo hicieron con demasiada irresponsabilidad».
En su opinión, hay errores en los planes al eliminar los ciclos comunes y básicos técnicos, que es una educación por especialidad, para convertirlos ahora «en una educación básica».
Además, indicó Recarte, «las escuelas no tienen la infraestructura necesaria, ni los laboratorios necesarios para dar la educación necesaria en el siglo en que estamos».
El diputado Rodimiro Mejía, miembro de la Comisión de Seguimiento de la Ley Fundamental de Educación, dijo a periodistas que gradualmente se irá cumpliendo y que el Estado dispone de 16,000 millones de lempiras (unos 842 millones de dólares) para iniciar con su ejecución.
Esos recursos se invertirán en la medida que se vaya ejecutando la ley, indicó Mejía, quien además resaltó que el Estado está consciente «de la pésima infraestructura educativa» que tiene el país, lo que han denunciado los maestros.
«El proceso implica que se le dote a estudiantes y maestros de lo que necesitan en el aula, y esa es la responsabilidad que ahora asume el Estado con el propósito de fortalecer la educación», acotó.
La ley fue aprobada anoche tras un proceso de discusión con diversos sectores sociales, incluidos los maestros, que duró unos ocho meses.
Sin embargo, hay maestros organizados en varios colegios, entre ellos Oliva, que ahora alegan que no están dadas todas las condiciones para que la ley se pueda aplicar como se pretende.
«Creemos que es una decisión política del actual Gobierno, que anda haciendo política, que promueve candidatos y que quiere dar la idea de resolver todo con leyes en este país», acotó Oliva.
Otro de los argumentos de los docentes, es que no se puede garantizar los 200 días de clases que se deben impartir al año, si el Gobierno no le paga puntualmente los salarios a miles de maestros.
La nueva ley establece, entre otras cosas, que los maestros de los centros de educación prebásica, básica y secundaria deben ser profesionales universitarios y que la enseñanza será bilingüe.
Además de obligatoria y gratuita, la nueva ley fija un nuevo plan para los tres niveles de educación, pasando la básica de seis a nueve años.
Honduras figura entre los países latinoamericanos con muchas deficiencias en su sistema educativo, principalmente en el sector público.
En los últimos tres años, por ejemplo, los estudiantes del sector público perdieron varios meses de clases por protestas de maestros que exigen el pago de salarios atrasados a unos 6,000 docentes y manifestaciones políticas.
En 2009, los estudiantes perdieron medio año de clases porque los educadores se sumaron a la protesta del Frente Nacional de Resistencia Popular, que surgió tras el golpe de Estado al entonces presidente, Manuel Zelaya, el 28 de junio de ese año.
El presidente del Colegio Magisterial de Profesores de Educación Media de Honduras (Copemh), Óscar Recarte, considera que con la nueva ley educativa «los diputados al final no supieron lo que aprobaron porque lo hicieron con demasiada irresponsabilidad».
En su opinión, hay errores en los planes al eliminar los ciclos comunes y básicos técnicos, que es una educación por especialidad, para convertirlos ahora «en una educación básica».
Además, indicó Recarte, «las escuelas no tienen la infraestructura necesaria, ni los laboratorios necesarios para dar la educación necesaria en el siglo en que estamos».
El diputado Rodimiro Mejía, miembro de la Comisión de Seguimiento de la Ley Fundamental de Educación, dijo a periodistas que gradualmente se irá cumpliendo y que el Estado dispone de 16,000 millones de lempiras (unos 842 millones de dólares) para iniciar con su ejecución.
Esos recursos se invertirán en la medida que se vaya ejecutando la ley, indicó Mejía, quien además resaltó que el Estado está consciente «de la pésima infraestructura educativa» que tiene el país, lo que han denunciado los maestros.
«El proceso implica que se le dote a estudiantes y maestros de lo que necesitan en el aula, y esa es la responsabilidad que ahora asume el Estado con el propósito de fortalecer la educación», acotó.
