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Se perdieron 7 mil expedientes de crédito en Banadesa, denuncia diputado de Libre

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Tegucigalpa – El diputado integrante de la Comisión de Agricultura del Congreso Nacional (CN), Germán Altamirano, denunció este jueves que unos 7 mil expedientes de créditos se extraviaron del Banco Nacional de Desarrollo Agrícola (Banadesa).

– La junta interventora de Banadesa no dará resultados positivos, el sistema de intervenciones no funciona en Honduras, criticó Altamirano.

– La bancada de Libre se opone al cierre de Banadesa, hasta que no se conozca quiénes son los responsables de la crisis, agregó.

A criterio del parlamentario de Libertad y Refundación (Libre) el impacto económico sería de más de 800 millones de lempiras, la perdida de la documentación se ha dado desde el 2002 “el descalabro financiero es a propósito”, apuntó.

dt.common.streams.StreamServer 11El diputado de Libertad y Refundación, Germán Altamirano

“Los mismos medios de comunicación dijeron que los ratones se habían comido la documentación, pero es muy claro que son las ratas que han administrado en los últimos años al Banadesa, estamos hablando de más de 5 mil expedientes de crédito y más de 2 mil expedientes de fideicomisos, se perdieron y nadie sabe dónde está”, agregó.

Considera que por esas malas administraciones es que el sector agrícola del país se encuentra en una profunda crisis y sin oportunidades, porque el impacto sería mayor a los 800 millones de lempiras que estarían perdidos. “La documentación se viene perdiendo desde el 2002”, dijo.

Asimismo, expresó que “no tiene caso que se cierre el Banco Nacional de Desarrollo Agrícola, porque este ente sería administrado por las mismas personas que hoy lo tienen en la quiebra, no se sabe para que lo quieren cerrar, si para fortalecer al sector privado o para lucrarse de los fondos que le corresponden a los productores”.

Finalmente cuestionó que “es lamentable que 12 años después se vengan a revelar datos del descalabro financiero de Banadesa”, y agregó que la información de este caso ya está en manos del Ministerio Público, quien deberá hacer una investigación para deducir responsabilidades a los involucrados.

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