Tegucigalpa – La exfiscal auxiliar contra el crimen organizado, Francia Sofía Medina, podría recuperar su libertad en un plazo de 25 días debido a la falta de resolución de los recursos de amparo presentados ante la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), instancia que actualmente enfrenta una desintegración parcial.
– La medida de prisión preventiva para Medina vence el 29 de mayo.
De acuerdo con la información oficial, el plazo de la prisión preventiva de Medina está próximo a vencerse, luego de haber sido ampliado anteriormente. Ante este escenario, si la Sala Constitucional no emite un fallo oportuno, las autoridades judiciales estarían obligadas a otorgarle la libertad, mientras se resuelven las acciones legales pendientes.
El caso se encuentra en una etapa crítica, ya que el Tribunal de Sentencia de la Sección Judicial de San Pedro Sula mantiene en suspenso la lectura del fallo del juicio oral y público desarrollado entre finales de noviembre y principios de diciembre de 2025. Esta decisión responde a la espera de la resolución del recurso de amparo interpuesto por la defensa de la exfuncionaria.
El recurso busca determinar si durante el proceso judicial se vulneraron derechos fundamentales de Medina, lo que podría incidir directamente en la validez del juicio. Según la normativa vigente, particularmente el Código Procesal Penal y la Ley sobre Justicia Constitucional, el tribunal debe esperar el pronunciamiento de la Sala antes de emitir sentencia definitiva.
La situación se ha complicado aún más por la desintegración de la Sala de lo Constitucional, luego de que uno de sus magistrados, el abogado Warner Vallecillo, fuera nombrado presidente de la CSJ, dejando a la Sala con solo cuatro integrantes. Esta condición ha profundizado la mora en la resolución de casos, incluido el de la exfiscal.
Durante el juicio, tanto el Ministerio Público como la Procuraduría General de la República solicitaron una condena contra Medina por los delitos de lavado de activos y falsificación ideológica. Además, le atribuyen responsabilidad en al menos 45 delitos relacionados con falsificación de documentos públicos, sustracción, destrucción, ocultación de información y uso de documentos falsos.
Según ambas instituciones, las acciones imputadas a la exfiscal habrían causado graves afectaciones al orden socioeconómico, la administración pública y la fe del Estado hondureño.
Por su parte, la defensa técnica legal ha solicitado la nulidad de varias pruebas clave, entre ellas dictámenes de documentología, análisis financieros y patrimoniales, así como videos forenses. Asimismo, ha pedido la absolución total de Medina y su inmediata liberación.
El origen del caso se remonta a una investigación iniciada tras el decomiso de 63,000 dólares a una paleontóloga. Luego de comprobarse la procedencia lícita del dinero, se solicitó su devolución; sin embargo, al realizar el trámite en el Banco Central de Honduras (BCH), se descubrió que el efectivo ya había sido entregado a funcionarios del Ministerio Público.
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A partir de esa irregularidad, una investigación interna reveló que desde 2021 Medina habría realizado al menos 37 retiros de dinero decomisado bajo custodia estatal, sumando un total de 88 millones de lempiras. Estos hallazgos derivaron en su captura a finales de noviembre de 2023.
El recurso de amparo interpuesto en este caso tiene como objetivo proteger derechos fundamentales y revisar la legalidad de actuaciones judiciales. En caso de que la Sala Constitucional falle a favor de la exfiscal, cualquier sentencia emitida por el tribunal podría quedar sin efecto.
En ese contexto, la falta de un pronunciamiento oportuno por parte de la Sala no solo mantiene paralizado el proceso judicial, sino que también abre la posibilidad de que Medina recupere su libertad por el vencimiento de la medida cautelar, generando preocupación sobre el impacto de la mora judicial en casos de alto perfil en Honduras.
Versión de la defensa
El abogado defensor de la exfiscal Francia Sofía Medina, Juan Carlos Berganza, advirtió que la situación procesal de su representada podría definirse en los próximos días, por lo que podría quedar en libertad si se resuelven los recursos pendientes o si se modifica la medida prisión preventiva, la cual vence el 29 de mayo.
El caso enfrenta un escenario de incertidumbre en la Corte Suprema de Justicia, donde según la defensa, la falta temporal de magistrados ha retrasado la resolución de recursos clave.
Aunque recientemente se han nombrado sustitutos para reactivar la Sala de lo Constitucional, la exfiscal podría recobrar su libertad si los amparos no se resuelven antes del vencimiento de la prisión preventiva.
Beganza explicó la existencia de irregularidades procesales, lo que a su criterio generó un “conflicto de competencia negativa” que debió ser resuelto por la Corte Suprema de Justicia.
“El único que puede resolver esto es el órgano superior, en este caso la Corte Suprema. Sin embargo, se han tomado decisiones que han generado confusión procesal y nulidades dentro del expediente”, señaló el abogado.
El defensor también cuestionó que el Tribunal de Sentencia de San Pedro Sula haya continuado conociendo la causa pese a recursos presentados por la defensa, los cuales, según afirmó, planteaban la falta de competencia del órgano juzgador.
Por este motivo sostuvo que estas acciones han provocado dilaciones en el proceso judicial, aunque aclaró que, a su juicio, no se deben a los recursos de amparo, sino a decisiones adoptadas por los propios tribunales que conocen la causa.
Exposición pública
Asimismo, afirmó que Medina habría sido expuesta públicamente de forma indebida durante el proceso y cuestionó la validez de algunas pruebas presentadas por el Ministerio Público.
“Viene un vocero del Ministerio Público, que es un bocón, a decir que ella se había operado y que de ahí había sacado dinero. Esa es mentira. Eso no apareció ni siquiera en el juicio, violentándole el derecho a la imagen y el honor a esta persona” aseveró el profesional del derecho.
Francia Sofía Medina fue suspendida de su cargo como fiscal en el 2023, luego de ser acusada de supuestamente desviar 88 millones de lempiras de las arcas del Banco Central de Honduras (BCH), razón por la cual se le imputan 42 delitos de lavado de activos, falsificación de documentos, uso de información privilegiada, enriquecimiento ilícito, entre otros. AD
