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Se dilata en el Congreso Nacional aprobación de Ley de Protección para Periodistas

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Tegucigalpa – Aunque este miércoles se aprobó en el Congreso Nacional en segundo debate, la Ley de Protección a los Defensores de Derechos Humanos, Periodistas, Comunicadores Sociales y Operadores de Justicia, se espera que el anteproyecto de decreto sufra varios cambios ya que se ha entrada en un proceso de socialización con organizaciones de la sociedad civil que han presentado un documento con las modificaciones que consideran deben practicarse a la iniciativa.
 

A inicios de junio pasado, el Congreso Nacional aprobó en primer debate el proyecto de decreto que crea la Ley de Protección para los Defensores de Derechos Humanos, Periodistas, Comunicadores Sociales y Operadores de Justicia.

La implementación de esta ley estará fundamentada en la Constitución de la República y la normativa internacional de los derechos humanos, en aplicación de los siguientes principios de buena fe, eficacia, idoneidad, coordinación, concurrencia, voluntariedad, exclusividad, complementariedad, prevención, temporalidad, causalidad, proporcionalidad, confidencialidad, igualdad y respeto, señala el proyecto original.

En el capítulo tres, se establece que toda autoridad civil, policial y militar, está obligada a proporcionar la información de forma expedita y brindar toda la colaboración requerida por parte de las diversas instancias encargadas del cumplimiento de la ley para la consecución de sus fines.

En el artículo 16 de la ley se crea el Consejo Nacional de Protección para los Defensores de Derechos Humanos, Periodistas, Comunicadores Sociales y Operadores de la Justicia, adscrito a la Secretaría de Derechos Humanos, Justicia, Gobernación y Descentralización.

Sin embargo, en este momento las organizaciones de la sociedad civil, están haciendo aportes al proyecto de ley a fin que sea una iniciativa sólida cuando se discuta y apruebe en tercer u último debate en la Cámara Legislativa.

Organizaciones de la sociedad civil, se reunieron este miércoles con miembros de la comisión de derechos humanos del Congreso Nacional, para entregar un documento que contiene aportes para consensuar la Ley de Protección de Defensores de Derechos Humanos, Periodistas, Comunicadores Sociales y Operadores de Justicia.

La representante de las organizaciones de sociedad civil, Reina Rivera, indicó que reconocen que en el país hay grupos que por su trabajo, están expuestos a riesgo como en el caso de los periodistas, comunicadores sociales y trabajadores de radios comunitarios, se exponen a un entorno de mayor violencia.

Igualmente, en el lado de los defensores de derechos humanos y operadores de justicia, también afrontan un riesgo particular y por eso ha surgido un clamor de parte de las organizaciones sociales de contar con una ley especial para la protección de esos grupos.

Indicó que al momento que el Poder Legislativo se encontraba debatiendo el anteproyecto de la ley de protección, las organizaciones de la sociedad civil, de libertad de expresión y de defensoría de derechos humanos y organizaciones internacionales como la Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil) y Protección Internacional que tiene su sede en Bruselas y que es un organismo especializado en la protección de esos grupos, solicitaron una participación para hacer aportes y mejorar la propuesta de decreto.

Detalló que una de las observaciones que hicieron es que en el proyecto que se estaba discutiendo en el Congreso Nacional, no garantizaba el tema del presupuesto para las personas de esos grupos que estén en riesgo o que planteen que han sido amenazados.

También se observó que habían algunas debilidades en los procedimientos por lo que se están planteando nuevas formas y se plantea que todos los trámites relativos a esa ley, deben tener el trato de preferentes y urgentes y prioritarios, apuntó Rivera.

El proyecto contiene 73 artículos, sin embargo, con las observaciones y condensación que han hecho las organizaciones de la sociedad civil quedaría en 67 artículos.

Agregó que asimismo, se solicita que el Estado adopte políticas públicas que tiendan a reconocer la labor que hacen esos grupos vulnerables y una serie de observaciones para que sean incorporadas al proyecto ahorita que el Congreso Nacional está discutiendo el anteproyecto que se encuentra en su segundo debate.

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