Tegucigalpa – El asesinato del ambientalista y regidor de Tocoa, Colón, Juan López, volvió a retumbar en los últimos días, luego de revelaciones brindadas por la fiscal Claudia Zenaida Paz Hernández y el auxiliar fiscal del Ministerio Público, Fabricio Perdomo, quienes fueron testigos ante la Comisión Especial del Congreso Nacional durante el juicio político al ahora exFiscal General, Johel Zelaya.
– Honduras es un país que ya consolidó un ciclo de impunidad tras registrar en la última década 111 asesinatos de defensores del ambiente y con 92 % de los casos sin respuesta.
El 14 de septiembre de 2024, Juan López, defensor del ecosistema y opositor al proyecto minero en Tocoa (Colón), fue asesinado a tiros. Su caso despertó condenas internacionales, y a pesar de detenciones preliminares, aún no se sabe nada de los autores intelectuales.
El Congreso Nacional admitió una denuncia de juicio político contra el Fiscal General Johel Zelaya, por lo que lo suspendió del cargo y nombró una comisión especial que lo llamó a comparecer al hemiciclo junto a siete testigos más, posteriormente fue destituido de su cargo por el pleno del Poder Legislativo y en su lugar fue nombrado Pablo Reyes.
En su testimonio la fiscal Claudia Zenaida Paz Hernández, denunció haber recibido amenazas y ser removida de su cargo tras negarse a firmar un requerimiento fiscal distinto al que había elaborado en el caso de Juan López.
La denuncia de la fiscal Paz Hernández fue ratificada por el auxiliar fiscal, Fabricio Perdomo, quien reveló la suspensión de la fiscal clave que llevaba el caso emblemático vinculado al asesinato del ambientalista López, desatando denuncias de persecución interna, manipulación de requerimientos fiscales y graves violaciones laborales.
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Suspensión en caso clave
El punto más delicado de su declaración giró en torno a la fiscal anticorrupción de La Ceiba, Claudia Zenaida Paz Hernández, quien —según su relató— fue removida tras negarse a presentar un requerimiento fiscal “suavizado” en un caso que involucraba al exalcalde de Tocoa, Adán Fúnez, y conexiones con el asesinato de Juan López.
Perdomo afirmó que fue testigo directo en la audiencia de descargo de la fiscal, donde se evidenció que ella pretendía presentar acciones penales con órdenes de captura que posteriormente fueron eliminadas en un nuevo requerimiento.
“Se negó a presentar un documento alterado (suavizado), y como consecuencia fue sometida a un proceso administrativo”, denunció.
Este viernes, el Comité Municipal de Defensa de los Bienes Comunes y Públicos de Tocoa, Colón, exigió al Fiscal General, Pablo Emilio Reyes, el ejercicio inmediato de la acción penal contra el exalcalde Adán Fúnez por presunta obstrucción de la justicia, así como la presentación de requerimientos fiscales contra los autores intelectuales del asesinato del defensor ambiental Juan López.
“Toda la verdad”
En medio del impacto generado por las revelaciones durante la audiencia del juicio político contra Johel Zelaya, el sacerdote jesuita Ismael Moreno alzó la voz públicamente para exigir justicia y transparencia en el caso del ambientalista Juan López.
A través de un mensaje publicado en su cuenta de la red social X, el también defensor de derechos humanos demandó que se esclarezca completamente el crimen y se identifique a todos los responsables, tanto materiales como intelectuales.
“Exigimos toda la verdad sobre el crimen de Juan López. El fiscal suspendido está en la responsabilidad de darnos toda la información sobre quiénes planearon y pagaron a los gatilleros. Deben caer todos los implicados, sin importar su posición política. Para Juan, toda la verdad”, expresó en el preludio de la destitución de Zelaya.
Nuevo fiscal debe de investigar
El padre Melo, como es conocido popularmente el sacerdote Ismael Moreno, le pidió al nuevo fiscal investigar sobre el hecho y los autores que arrebataron la vida del ambientalista, exfuncionario y líder religioso Juan López.
Afirmó que el caso de López no se reduce a un par de asesinos, sino que responde a un plan donde uno de los sospechosos es el señor Adán Fúnez.
El padre Melo ha sido el que se ha sostenido de pie exigiendo que se esclarezca la muerte de Juan López, realizando movilizaciones y día a día pidiendo que el caso no quede en la impunidad.
“Prueba de fuego”
Por su parte, el defensor de derechos humanos, Joaquín Mejía Rivera, se preguntó que el caso del crimen ambientalista Juan López será una “prueba de fuego” para el nuevo Fiscal General, Pablo Emilio Reyes Theodore.
A través de su cuenta de red social se refirió a la declaración de la fiscal Claudia Paz en la audiencia de juicio político del exfiscal general, Johel Zelaya, que denunció que este último impidió que avanzara en la investigación del caso.
Señaló que la denuncia que el exalcalde de Tocoa, Adán Fúnez, esté implicado en el asesinato del defensor del medioambiente debe investigarse.
Proceder en los requerimientos fiscales
Mientras que el presidente de la organización Jóvenes Promotores y Defensores de los Derechos Humanos (JOPRODEH), Jorge Jiménez, dijo que hay preocupación tras las revelaciones del testigo en el juicio político del fiscal Zelaya.
“Se evitó un requerimiento fiscal contra una de las personas claves en el caso, el exalcalde Adán Fúnez, eso nos llena de preocupación y el llamado es para el fiscal interino a proceder en los requerimientos fiscales en este caso con el fin de salvaguardar los derechos del país”, señaló.
Agregó que este es uno de muchos casos que han denunciado por causas de la persecución política que había emprendido el fiscal Zelaya.
Por qué su historia importa
El asesinato de Juan López representa más que la pérdida de un defensor ambiental: revela la intersección entre defensa del medio ambiente, exigencia de transparencia y estructuras de poder que operan en zonas con alta conflictividad. Su caso muestra cómo la vulnerabilidad se incrementa cuando un líder comunitario enfrenta simultáneamente intereses económicos, presión política y ausencia de protección estatal efectiva.
Su historia forma parte de “Guardianes silenciados” iniciativa impulsada por la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ) en el marco del proyecto “Justicia ambiental y protección a defensores ambientales”, con el apoyo de la Embajada Británica en Guatemala. El propósito es documentar patrones de violencia, evidenciar omisiones institucionales y exigir verdad, justicia y reparación para quienes defienden los bienes comunes del país.
92% de asesinatos de ambientalistas en la impunidad
Honduras es un país que ya consolidó un ciclo de impunidad tras registrar en la última década 111 asesinatos de defensores del ambiente y con 92 % de los casos sin respuesta, alerta el informe “Entre la Ley y el Abandono”, una radiografía presentada por la Asociación para una Sociedad Más Justa (ASJ) y el Comisionado Nacional de Derechos Humanos (Conadeh).
El hallazgo más alarmante revela que el 92 % de los asesinatos contra defensores ambientales no han sido castigados, consolidando un ciclo de impunidad que deja a los guardianes de la naturaleza en total desprotección, subraya el estudio. IR
