Washington, (EEUU).- (Especial para “Proceso Digital”- Por Alberto García Marrder)
Se agudiza en Estados Unidos la crisis institucional al insistir el presidente Donald Trump en no reconocer su reciente derrota electoral y en denunciar un supuesto fraude, sin presentar pruebas que avalen esa acusación.
Ante esta situación inédita en la historia de este país, el presidente electo, el exvicepresidente Joe Biden, está sufriendo un desgaste político y su próximo gobierno- si toma posesión el 20 de enero- podría estar bajo la sospecha de no haber ganado legítimamente las elecciones del 3 de noviembre.
Si ese es el plan de Trump, estaría socavando los cimientos de la democracia al impedir una transición pacífica de poder.
En las últimas 48 horas han sucedido tres acontecimientos serios en esta operación de deslegitimar el triunfo electoral de Biden:
1- El líder de la mayoría republicana en el Senado, Mitch McConnell, mostró todo su respaldo a Trump e insistió que está en su derecho en pedir una investigación de las “irregularidades” que pudieron ocurrir en la jornada electoral. Se equivocaron los analistas, incluyéndome a mí, que pensábamos que el todo poderoso e influyente McConnell era el único que podía convencer a Trump que abandone la Casa Blanca con dignidad.
2- El Fiscal General (Ministro de Justicia), William Barr, ha pedido a sus fiscales, en una medida sin precedentes, que investiguen las posibles irregularidades en las pasadas elecciones.
3- El gobernador del estado de Florida, el republicano Ron DeSantis, ha pedido a los legisladores de Michigan y Pensilvania que ignoren el voto popular a favor de Biden y que sus electores del decisivo Colegio Electoral voten por Trump en su crucial reunión del 14 de diciembre.
Tanto en Michigan como en Pensilvania ha habido quejas de la campaña electoral de Trump de un supuesto fraude en las votaciones por correo. En Estados Unidos, no es el voto popular directo el que elige al presidente. Es el Colegio Electoral y Biden ya ha ganado los 270 electores necesarios para ser elegido, siempre y cuando en esa reunión del 14 de diciembre se certifique su victoria.
Pero son las Asambleas Legislativas de cada uno de los 50 estados (muchas controladas por los republicanos) los que designan a esos electores que, en teoría, tienen que votar por el candidato que ha obtenido la mayoría de los votos populares en cada estado.
Si la de Florida o las de otros estados siguen la recomendación de DeSantis, habría una parálisis institucional. Entonces, (y este es el gran objetivo de Trump) el asunto iría a parar al Tribunal Supremo en Washington, donde el presidente tiene ahora una nueva mayoría de jueces conservadores, de seis a tres.
Mientras tanto, Trump ha dado órdenes al estamento gubernamental que no cooperen con los demócratas en una transición de competencias hasta que no se aclaren las diferentes impugnaciones que se han presentado sobre los resultados electorales en varios estados.
El diario “The Washington Post” dice que pocos piensan, hasta en algunos sectores republicanos, que va a servir de algo esas impugnaciones y demandas judiciales. Y que, lo más lógico es que sea Biden el que tome posesión el 20 de enero como nuevo presidente.
Y que nadie duda que un día antes, Trump abandone la Casa Blanca… gruñendo.
