Tegucigalpa (Especial Proceso Digital /Por Lilian Bonilla) – Con hospitales saturados, miles de pacientes sin medicamentos y listas de espera que se cuentan en años, el sistema de salud hondureño llega a 2026 en una de sus etapas más críticas.
– Mora quirúrgica, falta de medicamentos, baja inversión, subejecución presupuestaria, infraestructura colapsada, pacientes que esperan un año por una cita médica y hospitales nuevos inconclusos explican la crisis que ahora intenta enfrentar directamente el presidente Nasry Asfura.
– Enfermar en Honduras, casi una sentencia de muerte, por un sistema que excluye al paciente.
La inversión pública en salud apenas alcanza el 3 % del Producto Interno Bruto (PIB), la mitad de lo recomendado por la Organización Mundial de la Salud (OMS), que establece como estándar mínimo el 6 % para garantizar cobertura y calidad en los servicios.
A pesar de que la Secretaría de Salud (Sesal) ha manejado en promedio el 6.5 % del Presupuesto General de la República en la última década, el problema no sólo ha sido de recursos, sino de ejecución. Entre 2022 y 2024 se dejaron de ejecutar 5,448 millones de lempiras, según el informe Estado del País en Salud de la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ). Solo en 2024, la ejecución presupuestaria fue del 74 %, y de ese monto, el 31 % se gastó en el último trimestre del año, reflejando una gestión tardía e ineficiente.
Durante el gobierno anterior se priorizó la construcción de nuevos hospitales, pero sin una reforma estructural del sistema sanitario. Ninguno de esos centros fue inaugurado y la mayoría continúa con avances mínimos, mientras la red hospitalaria existente se deteriora, los quirófanos siguen cerrados y los centros de salud carecen de insumos básicos.
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Problemas de nunca acabar
Los problemas en salud son estructurales y recurrentes, no faltan los paros de labores de médicos y enfermeras por incumplimiento de acuerdos laborales, desabastecimiento crónico de medicamentos —especialmente para pacientes renales y crónicos—, alta mora quirúrgica, reducción en la cobertura de vacunación y un modelo de atención centrado en lo curativo, sin enfoque preventivo ni de atención primaria.
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No hay que ser especialista para darse cuenta de la realidad en el sistema de salud que se cuenta sola cuando cada día las filas en hospitales, centros de salud y el mismo Instituto de Seguridad Social, son interminables y las quejas las mismas, el sufrimiento de la población es un verdadero viacrucis.
La esperanza de un nuevo gobierno… soluciones o promesas que no se cumplirán
El nuevo gobierno de Nasry Asfura ha colocado a la salud como una de sus prioridades inmediatas, al punto de decretar Estado de Emergencia en el sector por un año mediante la Ley de Medidas Excepcionales para la Atención Prioritaria en Materia de Salud, que se espera se concrete en el Legislativo la próxima semana.
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En una decisión inédita, el propio presidente de la República, asumió la conducción directa de la cartera sanitaria, una señal que para algunos refleja compromiso extremo y para otros, evidencia la gravedad del colapso institucional, al grado que no hay quien quiera asumir esa institución por considerarla “una papa caliente”.
Desde el Congreso Nacional, una de las primeras iniciativas fue una propuesta de ley orientada a reducir la mora quirúrgica, garantizar el abastecimiento de medicamentos y mejorar el trato a los pacientes, misma que viene impulsada por el Ejecutivo.
Las medidas han generado expectativas, aunque también escepticismo. Mientras algunos sectores hablan de “la adrenalina del inicio del gobierno”, otros temen que las promesas se enfríen y el sistema continúe atrapado en la misma dinámica de abandono.
Un desafío mayúsculo
Los expertos consultados por Proceso Digital, coinciden en que, sin una reforma profunda, la emergencia será apenas un paliativo.
La directora de Salud de ASJ, Blanca Munguía, ha advertido que el sistema está “sin rumbo”, con más de 12,000 hondureños en espera de cirugías y tiempos de hasta 12 meses para acceder a un especialista.
Por su parte, el exdirector del IHSS, Carlos Aguilar, ha señalado que, sin reorganizar el acceso territorial, transformar los mecanismos de compra de medicamentos y ampliar la cobertura, cualquier medida será temporal.
Desde la sociedad civil, el Foro Social de la Deuda Externa y Desarrollo de Honduras (FOSDEH) plantea concebir la salud como un derecho humano fundamental y propone revertir la privatización, despolitizar la gestión sanitaria, fortalecer la infraestructura pública y crear equipos especializados para compras internacionales con criterios de transparencia y eficiencia.
Un sistema enfermo y sin rumbo
“Estamos en una crisis que pone en riesgo la vida de miles de hondureños, por lo que esta debe ser una agenda prioritaria de intervención del nuevo gobierno”, expresó la directora de Salud de la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), Blanca Munguía, en conversación con Proceso Digital.
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Seguidamente, la especialista enumeró que, entre las acciones inmediatas, lo primero es comprar medicamentos, ya que el proceso de adquisición no se inició en octubre del año anterior, como corresponde, dejando a los establecimientos de salud en alto riesgo de desabastecimiento. Advirtió que, de no actuar de inmediato, para marzo de 2026 se podría registrar una escasez crítica, afectando especialmente a pacientes con enfermedades crónicas.
Otro de los puntos alarmantes es la mora quirúrgica. Según datos manejados por ASJ, al cierre de 2025 más de 12,000 hondureños estaban en lista de espera para una cirugía, de los cuales alrededor de 6,000 se encuentran en condición de mora, lamentó.
Asimismo, Munguía alertó que el tiempo de espera para acceder a un especialista oscila entre seis y doce meses, lo que coloca a los pacientes en una situación de alto riesgo al impedir diagnósticos tempranos.
En esa misma línea, el diputado liberal Carlos Umaña consultado por PD en el mismo tema coincidió que la mora quirúrgica, el desabastecimiento de medicamentos y el colapso hospitalario son los mayores retos que debe enfrentar la administración de Nasry Asfura.
El médico, aseguró que el sistema de salud de Honduras requiere una “reconstrucción profunda”, al considerar que el gobierno saliente no logró fortalecer la red hospitalaria y se concentró en proyectos de nuevos hospitales que quedaron inconclusos, mientras quirófanos y centros existentes continúan sin funcionar adecuadamente.
En ese sentido, afirmó que tanto la Secretaría de Salud como el Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), deben priorizar la recuperación de quirófanos, garantizar compras oportunas de fármacos y reducir las largas listas de espera para cirugías.
En el ámbito legislativo, el diputado subrayó la necesidad de aprobar una nueva Ley de Seguridad Social y una Ley Marco de Protección Social, que permitan modernizar el sistema. Recordó que el IHSS dispone de alrededor de 8,000 millones de lempiras entre fondos intocables y deuda histórica del Estado, recursos que —según dijo— podrían utilizarse para ampliar la cobertura, construir hospitales y policlínicos en ciudades con alta demanda y concluir obras como el Hospital Regional del Norte.
Finalmente, el diputado cuestionó las medidas anunciadas por las nuevas autoridades para enfrentar la mora quirúrgica, al considerar que se pretendía avanzar hacia una privatización sin consenso. Afirmó que el Colegio Médico se opone a estas iniciativas y recomendó abrir un diálogo con los gremios para construir soluciones conjuntas, evitando conflictos y garantizando que la atención médica siga siendo pública y accesible para la población.
Por su parte, el exdirector del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), Carlos Aguilar, sostuvo que facilitar el acceso a las citas médicas y a las cirugías postergadas es una acción urgente, pero advirtió que, sin un plan de reforma integral del sistema, estas medidas solo serán temporales y de emergencia. “Si no hay una reforma estructural, el problema se volverá a presentar una vez se agoten los mecanismos de intervención”, afirmó.
El exfuncionario destacó que cerca del 20% de la población hondureña aún no tiene acceso a servicios de salud, una cifra que consideró alarmante. En ese sentido, planteó que la reforma debe incluir no solo la ampliación de la infraestructura hospitalaria, sino también una reorganización territorial de la atención, ya que hospitales como el Escuela en Tegucigalpa y el Mario Catarino Rivas en San Pedro Sula continúan atendiendo pacientes de todo el país que podrían ser tratados en sus regiones de origen.
Otro punto clave, según Aguilar, es transformar los mecanismos de compra y distribución de medicamentos, que actualmente dependen en gran medida de compras directas y decretos de emergencia, lo que genera opacidad, encarecimiento de costos y problemas administrativos. Propuso una reforma profunda que permita adquisiciones sostenibles, transparentes y con rendición de cuentas.
Sobre las propuestas de llevar parte de la mora quirúrgica al sector privado y dispensar medicamentos en farmacias privadas, Aguilar opinó que pueden ser medidas oportunas siempre que sean transitorias, cuenten con salvaguardas de transparencia y se ejecuten mediante procesos de competencia abierta. A su juicio, las alianzas público-privadas pueden ser útiles ante la incapacidad actual del Estado para atender la alta demanda, especialmente en casos de pacientes con cáncer u otras enfermedades graves.
Los entrevistados además concluyeron que el uso de fideicomisos, sería adecuado ya que son mecanismos financieros eficientes si se manejan con transparencia, considerando la limitada capacidad histórica del Estado para adquirir y distribuir insumos médicos.
En ese sentido, se concluye que el desafío para el gobierno de Asfura es mayúsculo: pasar del discurso a la transformación real, elevar la inversión, ejecutar los recursos disponibles y reconstruir un sistema que hoy opera más como un mecanismo de supervivencia que como una garantía de vida. En un país donde enfermarse sigue siendo una condena, la reforma del sector salud ya no es una opción política, sino una urgencia nacional. LB
