Tegucigalpa– El viceministro de Salud, José Miguel Castillo, aclaró que 985 personas fueron nombradas de forma irregular el 26 de enero por la administración anterior, sin cumplir con los procesos administrativos ni concursos establecidos por ley, por lo que han sido cesadas de sus funciones.
El funcionario detalló que entre estos nombramientos se encontraban alrededor de 400 médicos, 300 enfermeras y el resto personal administrativo, quienes —según explicó— fueron incorporados sin pasar por el sistema de Servicio Civil.
“Queremos ser claros: no se puede otorgar una plaza por decisión arbitraria. Todo nombramiento debe pasar por concurso; no podemos seguir formalizando actos ilegales”, enfatizó Castillo.
Indicó que, como medida responsable, el Gobierno acreditó el pago correspondiente al mes de enero el pasado 27 de marzo, pero confirmó que estas personas ya no mantienen relación laboral formal con la Secretaría de Salud.
En paralelo, el viceministro informó que 2,276 trabajadores por contrato, entre médicos, enfermeras y técnicos, sí han sido renovados de enero a junio. A este grupo se le pagaron los salarios de febrero y marzo, quedando pendiente enero, a la espera de la aprobación del Presupuesto General de la República.
Sobre el personal interino, Castillo reconoció la existencia de irregularidades, como casos en los que no se formalizaban licencias de médicos titulares, lo que provocaba pagos duplicados dentro del sistema.
Ante esta situación, anunció la suspensión temporal de los interinatos, que serán reorganizados y reactivados a partir del 1 de abril bajo un esquema administrativo ordenado. De los 471 interinos, 305 ya recibieron pagos de enero a marzo, mientras que 169 siguen pendientes por falta de documentación.
El viceministro subrayó que la Secretaría de Salud respetará los derechos laborales, pero no avalará prácticas irregulares. “No podemos seguir administrando con desorden ni generando más gasto público por decisiones incorrectas”, afirmó.
Finalmente, hizo un llamado al personal sanitario a la comprensión y al diálogo, reiterando que el objetivo es ordenar el sistema sin afectar la atención a la población, en medio de la crisis que atraviesa el sector.LB
