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Saldremos de estas honduras

Roberto Flores Bermúdez, Ex canciller

“Nosotros vemos en la confianza un medio de inversión, en la inversión una herramienta de crecimiento y en el crecimiento una posibilidad de superar pobreza y construir equidad.” Álvaro Uribe Vélez

La recuperación de las nefastas consecuencias de estos tres golpes seguidos que nos han sacudido en lo más profundo como personas, como familia y como nación, será gradual y progresiva.

Como todo problema que se confronta, es necesario desglosarlo y aplicar remedios específicos a cada parte, sin perder de vista la visión de conjunto. La pandemia del COVID-19 será vencida con el doble remedio, por una parte, de la eventual vacuna y, por otra, deberá contar con el comportamiento responsable de los compatriotas observando las medidas universalmente recomendadas de protección. Por su parte, el grave inventario de daños originados por los fenómenos meteorológicos de ETA y IOTA, se atenderán sobre la base de un plan de reconstrucción nacional que contará con los auspicios de la cooperación internacional. Lo logramos después del huracán Mitch. Nada quita que lo logremos en esta ocasión.

Mientras tanto, nadie puede ignorar el profundo dolor por la muerte de tantos que ha cobrado esta perversa troika de daños que se nos vino encima.

En nuestra visión hacia el futuro, conviene tener presente que el desarrollo económico es imprescindible para el desarrollo social, un sector que, hoy en día, sufre de fuertes déficits. Es del reconocimiento general que, las MIPYME y la inversión directa extranjera, son áreas complementarias en función del desarrollo económico. Sobre las MIPYE ya me he referido en una opinión anterior.

La inversión extranjera es generadora de empleo. También puede ser transmisora de tecnología y de mejores practicas, cuando está bien administrada en función de intereses compartidos entre Estado e inversionistas. Otro beneficio es su contribución a la ampliación de la cadena de suministros nacional y a impulsar el desarrollo tecnológico.

Bajo estándares centroamericanos, Honduras cuenta con una buena cuota de inversión directa extranjera. Comparativamente en la región — según cifras del Banco Mundial sobre flujos netos de inversión extranjera — Honduras y Guatemala están prácticamente a la par, superados solo por Costa Rica. Es estratégicamente importante conservar la que tenemos e incrementarla.

La inversión directa extranjera responde sobre todo, a la reputación de un país. De ahí que es necesario comprender que, el tratamiento preventivo con los inversionistas que ya fincaron casa en Honduras, es una herramienta importante. Según las instituciones internacionales como la UNCTAD, el Banco Mundial y la CNUDMI, las políticas de prevención de disputas pueden adquirir varias modalidades, incluyendo entre ellas el establecimiento de un centro de coordinación de las políticas del Estado; compartir información entre las diversas agencias del Estado que pudiesen intervenir en una respuesta temprana a un posible conflicto; examinar los sectores más sensitivos, como ha resultado ser el del medio ambiente en minería y en materia energética; la designación de un interlocutor institucional que conozca de quejas; y adoptar instrumentos para asegurar congruencia entre la legislación nacional y los tratados de inversión en que figuran obligaciones internacionales.

En efecto, el Departamento de Comercio y Competitividad del Banco Mundial ha expresado en varias ocasiones que, equivocadamente, muchos países no se preocupan por los inversionistas que ya se encuentran en el país, sino más bien en la promoción de inversión adicional. También ha señalado que es más importante para la promoción de inversiones tener un clima interno sin reclamos, o con mecanismos de prevención que permitan resolverlos antes de que se manifiesten.

Si entendemos que la inversión es un insumo vital para la reconstrucción del país al mediano y largo plazo, es conveniente adelantar más temprano que tarde, con las medidas nacionales que generen confianza, certeza, y responsabilidad en el trato balanceado de los intereses legítimos del Estado y de los inversionistas.

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