Tegucigalpa.- La Sala de lo Constitucional admitió este viernes una acción de inconstitucionalidad interpuesta el lunes 8 por un grupo de quince diputados nacionalistas y uno de la izquierdista Unificación Democrática, tendente a despenalizar las sanciones contempladas en varios artículos constitucionales y del código penal que prohíben abordar el tema de la reelección presidencial para sugerir reformas, informó el noticiero Telenoticias 5 estelar, de la Corporación Televicentro.
La Sala de lo Constitucional dio trámite así a la petición de analizar la expulsión del ordenamiento jurídico de los artículos 239, párrafo segundo de la Constitución, y el artículo 42, numeral 5, constitucionales, que contemplan la prohibición de referirse al tema de la reelección so pena de ser inhabilitados políticamente.
Otro artículo que estudiará la Sala Constitucional para su eliminación es el 330 del Código Penal, mediante el cual se imponen sanciones a quienes promuevan o ejecuten actos relacionados a ejercer nuevamente la Presidencia de la República o desempeñen dicho cargo bajo cualquier título.
La Sala Constitucional ordenó también que por razón de contenido, los autos presentados por los diputados sean trasladados también a la Fiscalía de la Constitución del Ministerio Público, quien emitirá una opinión, pero esta no será vinculante.
La Sala Constitucional también admitió, basándose en el derecho de petición que contempla el artículo 80 de la Constitución, los escritos de oposición presentados por los diputados, Esdras Amado López, Francisco Javier Aguilera, Héctor Enrique Padilla, Jari Herrera, Waldina Paz , Doris Alejandrina Gutiérrez y Rafael Virgilio Padilla, de los partidos Libre, Liberal, PAC y Pinu, quienes se oponen a la expulsión del estamento jurídico de los artículos, párrafos y numerales que pidieron los 15 diputados nacionalistas y uno de la UD.
Los magistrados de la Sala Constitucional también remitieron, en un solo expediente, estos recursos de oposición a la Fiscalía de la Constitución del Ministerio Público para su respectivo pronunciamiento, que tampoco será vinculante.
Una vez que se conozca la opinión del fiscal especial del Ministerio Público sobre la vía de acción de inconstitucionalidad interpuesta por los 15 diputados nacionalistas y de la UD, así como la oposición a la misma hecha en recursos de oposición por otro grupo de parlamentarios, el pleno de la Sala Constitucional procederá a analizar todo el expediente para valorar los pros y los contras.
Si al final de ese estudio y análisis, la Sala Constitucional resuelve por unanimidad expulsar del ordenamiento jurídico las sanciones que impiden abordar ampliamente el tema de la reelección, la reforma es inminente y deberá ser acatada en forma inmediata.
Pero si por el contrario, la Sala Constitucional no logra unanimidad en cualquiera de sus veredictos—a favor o en contra—de la expulsión del ordenamiento jurídico del artículo, párrafos y numerales constitucionales, la decisión deberá pasar al pleno de la Corte Suprema de Justicia, quien tendrá la última palabra, aseguran los expertos.
La acción ha provocado un gran debate en la clase política hondureña, ya que un sector favorece que finalmente se pueda debatir el tema de la reelección presidencial, mientras otros se apegan a que se mantenga la prohibición que establecieron los constituyentes de 1980-1981 cuando redactaron la actual Carta Magna.
Al interior de los mismos partidos políticos, incluso se debate si hay que seguir hablando de la reelección, como ocurrió recientemente en una rueda de prensa del partido Libertad y Refundación (Libre), donde su excandidata presidencial Xiomara Castro de Zelaya dijo que no descartaban diálogos con los nacionalistas para impulsar la eliminación de la prohibición.
Igual sucede en los partidos Liberal, Anticorrupción, la tercera y cuarta formaciones políticas con representación parlamentaria.
