- Dice que si alguien tiene información precisa debe darla a conocer
- Asegura que no hay error alguno en el procedimiento parlamentario seguido en ese caso.
“Vivimos en un Estado de Derecho, en un país donde el estado de legalidad está sobre estas cosas, es decir, hay operadores de justicia que al darse una información de este tipo tienen la obligación de abrir o reiniciar con las investigaciones. Creo que esto no puede quedarse en la especulación”, dijo el diputado liberal a periodistas.
Negó su participación en actos reñidos con la ley desde su cargo de presidente del Congreso Nacional por siete meses, tras la defenestración del entonces presidente Manuel Zelaya, y desde su gestión como secretario del mismo Poder del Estado, antes de la crisis política.
“Simple y sencillamente al frente del Congreso Nacional nosotros jamás avalamos ni incurrimos en un acto que pueda colindarse como irregular, mucho menos que pueda colindar con aspectos que puedan considerarse delitos. Simple y sencillamente sentimos que en esto debe abrirse las investigaciones y si alguien tiene información que pueda ayudar debe proporcionarse, porque no podemos vivir de la especulación”, apuntó.
Recordó que en Honduras “vivimos en un estado de Derecho y no cabe la menor duda que un acto como este debe investigarse y llegar al fondo del asunto en función de establecer si hubo irregularidades, actos que puedan considerarse delitos y quienes pudieron haber participado en ese acto si fuese irregular desde el punto de vista administrativo e incluso del orden penal. No debemos especular más, yo siento que este es un momento en que ese y otros temas deben profundizarse y llegar al fondo de su investigación”.
Según los cables de la embajada estadounidense en Tegucigalpa, uno de los actos de corrupción ocurrió una semana antes de que las autoridades interinas dejaran el poder.
“La aprobación de un gran contrato hidroeléctrico con tan escaso beneficio para el Estado, justo una semana antes de que el régimen deje la oficina es el principal ejemplo. (…) Fuentes fiables de la Embajada han implicado directamente a Micheletti y a algunos de sus socios más cercanos en este contrato. Miembros del Congreso y otros que en tiempos normales habrían efectuado un escrutinio del caso estaban distraídos con la crisis política y las elecciones», dice Los informes publicados por Diario El País de España.
Según ese informe, “Hugo Llorens se refería a la concesión de la licencia de explotación de la represa José Cecilio del Valle a un consorcio hondureño-italiano del que el propio Micheletti era socio. Aunque el cable del embajador no recoge este dato un informe del 22 de febrero de 2010 del Tribunal Superior de Cuentas hondureño revela que la concesión fue efectuada cuando aún no había concluido el contrato con la empresa española Elecnor. La publicación de la concesión en La Gazeta -el equivalente en Honduras al Boletín Oficial del Estado (BOE) de Honduras- estuvo plagada de irregularidades. «Fue la primera vez que se falsificó La Gazeta en la historia de nuestro país», recordaba esta semana Manuel Gamero, director del diario hondureño Tiempo”, dice la nota.
«Según las fuentes de la Embajada, Micheletti fue uno de los socios hondureños que facilitó la concesión», indicaba el cable fechado el 20 de febrero de 2010. «Los principales facilitadores fueron Saavedra, el ministro de Obras Públicas de Micheletti, Saro Bonanno y los íntimos de Micheletti Johnny Kafati y Roberto Turcios. Es inconcebible que este contrato pudiera haberse conseguido sin el conocimiento de Micheletti», agrega la comunicación.
Saavedra recordó que en el caso de la represa, su única participación fue decidir si se enviaba a una comisión ordinaria o a una comisión especial, y una vez que hubo un dictamen se mandó al pleno a su discusión como corresponde, y en el pleno en ese momento no hubo nadie que cuestionara el procedimiento ni de forma ni de fondo.
“Nosotros autorizamos a cualquier persona reiniciar la investigación porque eso es lo que corresponde en un país de leyes. Simple y sencillamente en el Congreso se le dio el trámite que correspondía a una iniciativa de ley y eso es prácticamente cumplir con la necesidad que habíamos asumido aunque fuese por siete meses”, manifestó.
Saavedra pidió averiguar quiénes son los socios de la empresa involucrada en esta transacción “porque en esto no se debe jugar con la dignidad de las personas”.
Aseguró que no hubo error alguno en el procedimiento parlamentario seguido en ese caso, e incluso, recordó que fue él quien presentó la iniciativa de derogatoria una vez que se dieron las denuncias de irregularidades.
Finalmente dijo no tener porque avergonzarse de sus actuaciones al frente del Congreso Nacional y de sus actividades personales. “Soy un hombre como cualquier otro sometido al imperio de la ley y si hay algún indicio de alguna naturaleza simplemente me someteré al imperio de la ley porque siempre he actuado respetuoso de la ley”.
