Tegucigalpa- El Tribunal de Sentencia de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), informó este lunes que la audiencia de proposición de pruebas para la exministra de Finanzas (2006- junio 2009), Rebeca Santos, fue reprogramada para el 21 de febrero próximo.
A Santos se le acusa del delito de fraude en perjuicio de la administración pública.
El Tribunal de Sentencia señaló a través de un tuit que a petición de la Fiscalía, la audiencia fue suspendida y reprogramada para el 21 de febrero a las 9:00 de la mañana.
Santos está procesada en este caso, junto al exministro de la Presidencia, Enrique Flores Lanza, quien decidió no someterse a la justicia mientras no se nombren fiscales internacionales por considerar que el juicio es político y está contaminado por las autoridades hondureñas. El exfuncionario está prófugo de la justicia.
La exministra Santos ha venido cumpliendo con las medidas cautelares que le impuso el juez desde 2010, cuando decidió someterse a la justicia por considerar que no cometió ningún delito como lo ha indicado durante seis años la Fiscalía Especial para la Transparencia y Combate a la Corrupción Pública (FETCCP).
Según investigaciones realizadas por la Fiscalía, durante 2008 y 2009, se encontró información sobre acuerdos ejecutivos emitidos y suscritos por el ministro de la Presidencia, Enrique Flores Lanza, donde supuestamente se autorizó al Fondo Hondureño de Inversión Social (Fhis), para que durante los meses de octubre y noviembre de 2008, mediante procedimiento de contratación directa autorizada por el Estado se hiciera la contratación de publicidad por 30 millones de lempiras.
Asimismo, son acusados de contratar para el gobierno trabajos artísticos o técnicos especializados en el área de publicidad, autorizando para esto la cantidad de 30 millones de lempiras.
Este acuerdo quedó establecido en las directrices que se siguieron y según las investigaciones quedaba fuera de los parámetros de la Ley Orgánica de Presupuesto.
Luego de celebrarse la audiencia inicial, ahora queda un término de dos meses para programar la audiencia preliminar, siempre y cuando la defensa no haga uso de los recursos legales que la ley establece.
