Tegucigalpa (Especial Proceso Digital) – Los nuevos consejeros interinos del Consejo Nacional Electoral (CNE), han asumido sus nuevas funciones desde donde deberán impulsar las reformas electorales que requiere el país para blindar el proceso de los ataques electorales sufridos en los pasados comicios, desglosados sistemáticamente en un documento denominado “La verdad Histórica”, presentado por el órgano electoral y que reflejan parte de un boicot permanente para evitar la conclusión de las elecciones generales y la declaración de un ganador en los tres niveles electivos en contienda: presidencial, diputados y gobiernos locales.
La designación de los nuevos consejeros interinos—temporales por un año mientras concluye el permiso otorgado por el Congreso Nacional a las consejeras titulares—ha captado el interés de la opinión pública y la ciudadanía que demanda agilidad en los procesos para llevar a cabo las reformas político-electorales que devuelvan la confianza y credibilidad en la principal institución rectora de los comicios en el país como es el CNE.
El Consejo Nacional Electoral (CNE), ha quedado altamente debilitado tras los comicios generales de noviembre de 2025, donde de acuerdo con las consejeras propietarias Cossette López y Ana Paola Hall, “la democracia estuvo a punto de perderse” y aunque el riesgo no ha disminuido, el país amerita de un proceso de reformas que blinden a la institución de futuros ataques administrativos y electorales de cara al 2029 cuando se vaya nuevamente a elecciones.
El tiempo, de aquí al 2029, si bien puede parecer largo, no es tan así. Las lecciones de los comicios generales de 2025 revelan que los correctivos para fortalecer la institucionalidad deben hacerse con tiempo y a tiempo. Los nuevos consejeros interinos han identificado algunas de las acciones que deben impulsarse para evitar las trampas electorales.
Una de ellas es el beneplácito del presupuesto del CNE, el cual debe aprobarse con anticipación y no dejarlo para última hora por cálculos políticos. El atraso en el consentimiento presupuestario en época electoral atrasa todo el cronograma electoral. El CNE, a la fecha, sigue adeudando cerca de 37 millones de lempiras por concepto de transporte utilizado en las elecciones.
En tanto, la Unidad de Política Limpia responsable de fiscalizar el dinero de las campañas políticas, sigue sin tener el presupuesto que le fue aprobado recientemente y ello le impide poder decir con certeza—seis meses después de los comicios—quién o quiénes financiaron las recientes campañas políticas y la procedencia de los recursos, si fueron de forma lícita o ilícita.
El tema presupuestario según el consejero interino del CNE, Eduardo Fuentes, es una de las prioridades que serán abordadas en el pleno para sus propuestas al Congreso Nacional pues no se debe permitir que la falta de recursos paralice la operatividad del ente electoral. Se pide que el presupuesto del CNE sea aprobado con un año de antelación.
Fuentes, uno de los nuevos consejeros interinos con mayor experiencia en materia electoral, dijo que es necesario también reformar el mecanismo de escrutinio especial para que no se detenga el proceso si los partidos políticos se rehúsan a integrarlo, como sucedió en los pasados comicios.
El caso de los escrutinios especiales
En el informe del CNE sobre los hechos ocurridos en los pasados comicios se detallan los incidentes relacionados con los escrutinios especiales, que no dependen del CNE sino de los partidos políticos, los retrasos en el conteo y cómo los escrutadores una mesa que debía recontarse en 4 horas promedio tardaba hasta 12 horas como responsabilidad absoluta de los partidos políticos.
El informe detalla las alianzas entre un ala del partido Liberal con el partido Libre para retrasar el reconteo de actas. “El 14 de diciembre, de acuerdo con el Informe de la Dirección Electoral del CNE (a cargo del CLE y de la parte logística de los escrutinios especiales), al momento de intentar integrar las JEVR para iniciar los escrutinios especiales, miembros del Partido Liberal de Honduras y del Partido Libertad y Refundación se colocaron frente a los accesos del CLE, impidiendo físicamente el inicio del escrutinio especial”, señala el informe.
“En la cronología de los hechos contenida en el Informe referido (que se adjunta) se describen acciones de reiterados bloqueos de accesos al CLE para impedir el inicio del escrutinio especial, por parte de miembros de Libre y de un sector del PLH; negativa de miembros de los dos Partidos de conformar las mesas de escrutinio”, agrega el informe presentado por las consejeras López y Hall.
Las reformas electorales deben contemplar estos aspectos para evitar que esos hechos se repitan, además de buscar alternativas internas para el Sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP) para no depender obligatoriamente de contrataciones externas. Se prevé que el CNE tenga su propio TREP de forma permanente desarrollando las capacidades logísticas necesarias.
Un equipo de exconsejeros y exmagistrados del máximo ente electoral trabaja en un planteamiento de reformas electorales a presentarse públicamente a fin de que sea considerado por la comisión de reformas electorales del Congreso Nacional. En estas propuestas de reformas en las que trabajan se encuentran reformas a los reglamentos internos del CNE para evitar caer en el boicot interno que vivieron las autoridades al no lograr la integración del pleno por motivaciones político-ideológicas.
Trabajan en la propuesta de la impresión de las papeletas electorales para que se hagan fuera del país, limitar la participación de las Fuerzas Armadas en el proceso para evitar que se repita su reprochable papel en los comicios internos y antes de las elecciones generales, especialmente de su entonces jefe, Roosevelt Hernández.
La propuesta de los exconsejeros y exmagistrados electorales buscan que se reformen al menos 50 artículos de los casi 300 que contiene la actual ley electoral. Intentan que el blindaje de las próximas elecciones sea sólido y que las reformas electorales, más allá de la segunda vuelta o la ciudadanización de las mesas, sean herramientas que devuelvan la confianza y credibilidad de la ciudadanía en sus instituciones electorales.
Los nuevos consejeros interinos más que agilizar y resolver los asuntos pendientes en materia administrativa en el CNE, están obligados a abocarse ante la Comisión de Reformas Políticas del Poder Legislativo y las instancias civiles que promueven las reformas electorales para acompañar las iniciativas, dar sus puntos de vista técnicos y sólidos, y garantizar que los próximos comicios no serán más de lo mismo, ni peor que la crisis a que estuvo sometida el país.
La cámara legislativa se encuentra en un receso del cual piensa retornar en la tercera semana de julio, y el tema de las reformas electorales debe estar entre las prioridades de este nuevo período, pues de acuerdo con el diputado presidente de la comisión de reformas políticas, Antonio Rivera, la meta es que las mismas sean sometidas a pleno para el mes de octubre cuando se obtengan los consensos sobre las reformas propuestas.
Las decisiones pendientes
Asimismo, se está a la espera de que el órgano legislativo elija a las nuevas autoridades pendientes de los entes electorales en el CNE y el TJE. En el caso del CNE se debe elegir al sustituto del consejero Marlon Ochoa—destituido mediante juicio político—además de la renuncia de una consejera suplente.
En el caso del Tribunal de Justicia Electoral (TJE) se debe elegir al sustituto del magistrado Mario Morazán—destituido luego de un juicio político—y a los magistrados suplentes de ese organismo. El único que se ha electo en propiedad en el TJE es el magistrado Arístides Mejía en sustitución de la extinta magistrada Miriam Barahona.
La cámara legislativa no ha podido elegir a las nuevas autoridades en propiedad que faltan en el CNE y el TJE por carecer de “consensos políticos”, pese a haber existido un proceso de selección de postulantes que están a la espera de la decisión final de la comisión especial para determinar quiénes tienen opciones de ser elegibles para ser sometidos a votación en el hemiciclo.
En medio de esa disrupción del proceso, las reformas electorales nuevamente vuelven al centro del interés público y mediático pues si bien existe un nuevo gobierno, luego de ser salvado el proceso, la democracia y la institucionalidad hondureña siguen bajo fuertes riesgos políticos y democráticos, han advertido los expertos en materia electoral. (PD)
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