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Reformas a Ley de Privación de Dominios, ¿con posibilidad de veto?

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Tegucigalpa – Luego de la aprobación de reformas, el martes de esta semana, a la Ley de Privación de Dominios de Origen Ilícito, diversas opiniones han surgido en torno a la temática. Unos señalan que las modificaciones blindan a corruptos y narcotraficantes, otros dicen se hizo ley porque la norma vulneraba el estado de inocencia y el principio de retroactividad que solo debe ser en materia penal cuando favorece al imputado.

– En veto es la negativa del Presidente de la República para aprobar una ley.

– “No podemos retroceder”, dijo el presidente Hernández con respecto a la aplicación que ha tenido esta ley desde que fue aprobada hace varios años.

– EEUU califica las reformas como “un paso atrás” en la lucha contra corruptos y narcotraficantes.

La Ley sobre Privación Definitiva del Dominio de Bienes de Origen Ilícito, que consta de 86 artículos, fue creada mediante decreto legislativo 27-2010 y luego sufrió algunas reformas en julio de 2014 (siete artículos), sin embargo esta semana sufrió de nuevo varios modificaciones.

Juan Orlando HernándezPresidente HernándezEste jueves el presidente hondureño Juan Orlando Hernández dijo que “no podemos retroceder” en torno a la efectividad que ha producido la Ley de Privación de Dominios de Bienes de Origen Ilícito.

El mandatario hondureño manifestó a la prensa, tras ser consultado por la controversial reforma a la referida norma, que todas estas las leyes que tienen que ver con la lucha contra la corrupción y el crimen organizado “nos ha dado éxito y Honduras es líder de la región”.

En ese sentido, señaló que “no podemos retroceder”, estamos escuchando a los técnicos para ver los ajustes que piensan hacer, pero tenemos una decisión clara y sólida.

Agregó que “estamos en ese proceso, no vamos a retroceder y seguimos en esa ruta”.

Estados Unidos se refirió en las últimas horas al tema de las reformas a la Ley de Privación de Dominios, por medio del encargado interino de Negocios de la Embajada acreditada en Tegucigalpa, Brian Nichols, quien calificó la actuación del Congreso como “un paso atrás” en la transparencia, la lucha contra la corrupción y el narcotráfico.

“El señor presidente (Juan Orlando Hernández) tiene que tomar las decisiones que él estime conveniente, pero para mí esa legislación ha sido un paso atrás”, reiteró el representante de Washington.

Posibles escenarios

Una vez que el Congreso aprueba una ley, el artículo 216 de la Constitución reza que luego es trasladado al Poder Ejecutivo para su sanción. Es así que este poder del Estado lo pueden también vetar en un plazo de 10 días bajo la fórmula “vuelva al Congreso” y se deberá exponer detalladamente por qué razones se está en desacuerdo. En el caso que no se objete el proyecto se sanciona y se publica en el Diario Oficial La Gaceta.

Sin embargo, ante la posibilidad que el Ejecutivo lo devuelva al Congreso, éste lo somete a nueva deliberación y se repite la discusión, y puede ratificarlo en este caso con el respaldo de al menos 86 votos (dos tercios de la Cámara) y lo pasa al Poder Ejecutivo con la fórmula “ratificado constitucionalmente” y solo así deriva en su publicación inmediata.

En tanto, si la reserva o el veto ejecutivo se fundamentan en la creencia de que la ley es inconstitucional debe ir a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) para que emita un dictamen en el término que le señala el Congreso. Posteriormente se conozca esa opinión se vuelve a discutir.

OABI no administraba bienes, generaba recursos

Raúl Pineda AlvaradoPara el analista, abogado y exdiputado al Congreso Nacional, Raúl Pineda Alvarado, existe la posibilidad de un veto de las reformas a la Ley de Privación de Dominios por parte del presidente Hernández.

“Esa posibilidad puede darse en función de que aparentemente hay un cierto desencuentro entre el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo por razones que no tienen necesariamente que ver con las a reformas de la Ley de Privación de Dominio”, analizó.

Pineda Alvarado señaló que de la política criminal depende o no el veto a estas reformas. “La política criminal la hacen los diputados, pero también los periodistas, es decir que si en los medios de comunicación se crea un ambiente hostil a esta reforma, lo más probable es que el Poder Ejecutivo trate de manera obsequiosa de quedar bien con lo que llamamos la opinión publicada, no necesariamente la opinión pública”, arguyó.

Desglosó que lo que ha sucedido en la aplicación de esta Ley de Privación de Dominios es que la OABI se ha convertido en una fuente generadora ingresos y el Ejecutivo ve a esta oficina como eso.

“Con esta reforma la OABI ya no va a poder con tanta rapidez, hacer lo que ha venido haciendo, es decir hoy le aseguraban un bien y en aplicación de la ley de uso emergente de bienes incautados la podía vender en el próximo mes y el propietario del bien a lo que tenía derecho, bajo el entendido que un juez dictara sentencia favorable, únicamente podía reclamar la transferencia por la que OABI vendió el bien”, detalló.

Valoró como “buenas” las reformas a la polémica ley, pero citó existen conflictos de intereses que deben ser dilucidados.

Reformas garantizan derecho de inocencia

Diputado José CrúzDiputado José Cruz“Me abstuve de votar en favor o en contra de las Reformas de Privación de Dominio -a pesar de que había una línea sin argumento de mi partido para hacerlo en contra-, lo digo valientemente, pues atendí mis principios de abogado”, así reaccionó José Cruz, diputado del Partido Libertad y Refundación (Libre), por Cortés.

El tema de la Ley de Privación de Dominio es eminentemente legal; desde hace mucho era cuestionado, porque violenta el principio de inocencia que está en la Constitución, -argumentó Cruz-, por eso era necesario realizar las reformas.

Subrayó que “en Honduras, y es válido, hay una lucha contra la corrupción, pero los que somos abogados estamos apegados a los derechos constitucionales y creemos que debe privar el principio de inocencia, nadie es culpable sino hasta que un juez lo declare culpable de cometer un delito, y eso aplica para las personas y los bienes que éste posee”.

Para Cruz, las reformas a la Ley de Privación de Dominio desarrollan principios legales para la búsqueda de la justicia o la aplicación correcta de las garantías que establece la Constitución.

Consultado si las reformas blindan a los corruptos, respondió: “Insisto, a nadie se le deben quitar los bienes en cuanto un juez no declare la culpabilidad, eso es un principio universal. Para eso hay un aseguramiento, una medida cautelar sobre un bien para que no pueda ser vendido o alquilado, mientras esté el juicio y no sea vencido en el mismo. Eso no es proteger corruptos”.

Analizarán reformas para presentar recursos

Abogado Marlon DuarteAbogado Marlon DuarteMientras a criterio del abogado penalista Marlon Duarte, lo primero que analizó fue que el Parlamento hizo bien al aprobar las reformas a la Ley de Privación de Dominios.

Aplaudió las mencionadas reformas en cuanto a que ya no existe el principio de retroactividad. “Las razones que utilizó el Congreso para reformar la ley detallan claramente que la misma ley es arbitraria y que no se le puede seguir aplicando a casos que están abiertos y vigentes”.

Duarte, que representa a la familia Rosenthal, refirió que en base a las reformas aprobadas por el Legislativo, procederá a analizar lo que favorece a sus clientes. “Lógicamente los Rosenthal deberán hacer su papel a nivel internacional con los abogados que tienen en otros países para exigir deducción de responsabilidades a quienes hicieron piñata de los bienes que les incautaron a esta legendaria familia sampedrana”.

El jurisconsulto dijo que “estamos preparados con cada número, cada detalle, de donde proviene el origen lícito de los bienes. Aquí hay bienes y empresas de 1950, cuando en ese tiempo ni existía la regulación de materia penal para algunas situaciones que hoy se tipifican como delitos. Por eso lo repito, en un país y Estado de Derecho, no se pueden emitir leyes en el futuro para regular acciones ya caducaron en el tiempo”.

Reveló que las pérdidas por la aplicación de esta normativa a la familia Rosenthal asciende a más de 10 mil millones de lempiras. “Solo en hato ganadero eran mil 300 millones de lempiras, más todo el menaje que se destruyó en las viviendas y empresas, el lucro cesante, el lucro emergente y las pérdidas en el banco que habían más de siete mil millones de lempiras, y alguien tiene que dar cuenta de eso”, apostilló.

El también representante de la familia Matta, dijo que les procederán a entregar el 80 por ciento de bienes que les han sido asegurados, aunque lamentó no se les entregue la emblemática casa ubicada en la colonia Los Ángeles de capital hondureña, donde funcionan las oficinas administrativas de la Oficina Administradora de Bienes Incautados (OABI).

“Las actuaciones del pasado no se pueden regular con leyes del futuro”, dijo el reconocido profesional del derecho.

La ley era inquisidora

Mario Segura ArocaMario Segura ArocaFinalmente, el diputado liberal Mario Segura Aroca manifestó que él no votó por la Ley de Privación de Dominio en vista que ese día no se presentó a la sesión parlamentaria.

“Yo no estuve el día de la sesión, pero quiero aclarar con mucha responsabilidad que si hubiera estado presente habría votado a favor de la norma. Primero, porque siento que es inconstitucional, una ley inquisidora que si bien ha ayudado a diezmar el crimen organizado, en ese afán se ha llevado de encuentro a muchos que no tienen nada que ver”, aseveró.

Segura Roca dijo que siempre actuará con responsabilidad en sus votaciones en el Congreso de la República y no seguirá líneas partidarias de Elvin Santos -jefe de bancada- o del titular del Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal (CCEPL), Luis Zelaya.

“En el caso específico de esta ley, estoy a favor de las revisiones que se hicieron en el Congreso”, concluyó el diputado liberal.

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