Reformas a la Fiscalía, ¿Un paso para poner fin a la impunidad?

Tegucigalpa – Antonio Trejo, abogado de profesión y defensor humanitario, es la víctima número 78 en la lista de la impunidad que marca la muerte de los profesionales del derecho en Honduras en los últimos tres años.
 

– Registros del Comisionado de Derecho Humanos dan cuenta de más de 70 muertes de abogados, la mayoría de ellas se encuentran sin castigo.

– Urtecho demanda una eficiente investigación en la muerte de su colega Antonio Trejo.

La impunidad parece no tener límites en este país centroamericano donde las muertes violentas se cuentan hasta por decenas como ocurrió durante el fin de semana. Frente a los hechos, el presidente del Colegio de Abogados y Fiscal adjunto, Roy Urtecho, ha recordado la determinación del fiscal general Luis Rubí, de sometera la institución a una auditoria profunda para dar paso a reformas urgentes.

Urtecho citó la carta girada por el fiscal general a la subsecretaria de Estado para Seguridad Ciudadana, Democracia y Derechos Humanos de los Estados Unidos María Otero, a fin de pedir que se practique una auditoría al Ministerio Público para que se den las reformas necesarias. Otero visitó Tegucigalpa este septiembre y durante su estancia firmó un memorando de entendimiento con el gobierno de Porfirio Lobo.

Para Urtecho es momento para que los fiscales de tierra adentro, forenses, investigadores criminales y administrativos puedan hablar. “Es el momento de hablar y de actuar”, sugirió, mientras la vorágine de crímenes agravados por le débil accionar de los órganos de prevención, investigación y judicialización, dan carta libre a la muertes impunes.

La declaración de Urtecho pone en perfectiva la premura con que se avanza en la agenda para reformar la Fiscalía hondureña, como un paso obligado a la depuración y efectividad de los operadores de justicia.

Los abogados, víctimas favoritas del crimen


En torno a las muertes violentas de abogados, Urtecho manifestó que “hay que demandar eficiencia al ente de investigación” y señaló que “al no tener una respuesta lo primero que se dice es que se trata de una acción por las ejecutorias como litigantes privados y mientras no prueben lo contrario, así será”, lamentó.

En este país, los abogados y los periodistas son dos de los sectores sociales vulnerables ante el creciente accionar criminal que abate a Honduras.

Antonio Trejo, la última víctima, destacado por sus acciones en defensa de los Derechos Humanos, además era uno de los apoderados legales del Movimiento Unificado Campesino del Aguán (MUCA), fue asesinado en la colonia América, el pasado sábado tras departir en una reunión de amigos.

La víctima tenía trayectoria en su lucha en el movimiento campesino, él fue detenido luego de las protestas del MUCA frente a las instalaciones de la Corte Suprema de Justicia el pasado 21 de agosto.

En el desalojo, la Policía usó gases lacrimógenos y cachiporras para dispersar a los manifestantes. En la acción, cuatro campesinos quedaron lesionados y 25 fueron detenidos. Entre los detenidos se dio cuenta de los dirigentes del MUCA, Yoni Rivas, Vitalino Alvarez y Antonio Trejo.

Urtecho fue abordado por Proceso Digital durante el velatorio del abogado Trejo. Allí él dijo que con esta muerte el ejercicio de la profesión ha sido vulnerado nuevamente.

“Nos han matado laboralistas, penalistas, defensores de Derechos Humanos, como Colegio de Abogados condenamos enérgicamente la acción criminal”, dijo Urtecho.

Manifestó que la organización gremial que preside trabaja para investigar la muerte de Trejo. “Estamos con nuestro fiscal suplente Ramón de Jesús Urbina, haciendo las investigaciones en la Fiscalía de Derechos Humanos y en la Policía con respecto a cuando él fue detenido en las manifestaciones que se dieron frente a la Corte Suprema por la situación del MUCA”, acotó.

El también fiscal adjunto urgió la aprobación de la Ley del Mecanismo de Protección de los Defensores de Derechos Humanos y Operadores de Justicia.

Agregó que “el Estado está obligado a garantizarnos el libre ejercicio de la profesión a los operadores de justicia, llámese jueces, fiscales, policías o litigantes privados”.
Recordó que existe una iniciativa de ley que será presentada ante el presidente Porfirio Lobo para darle vida a una ley de mecanismos de protección de Derechos Humanos. El proyecto busca que los crímenes contra abogados se tipifiquen cualificados, especialmente, en el caso de que la víctima sea un operador de justicia, la pena deberá aumentarse desde 30 años hasta prisión de por vida, señaló.

“Cuando matan a un abogado se trata de una afrenta al Estado”, puntualizó.

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