Tegucigalpa – El gobierno de Estados Unidos, a través de la embajadora Laura Dogu expresó su preocupación por la reforma energética anunciada por el gobierno hondureño, al tiempo que externan su preocupación por el efecto que tendrá sobre la inversión extranjera y la independencia de la agencia reguladora.
Mediante un posteo en su cuenta de Twitter, la diplomática norteamericana expresó: “La reforma energética es crítica para el desarrollo económico. Estamos analizando la propuesta energética y como escrito nos preocupa el efecto que tendrá sobre la inversión extranjera y la independencia de la agencia reguladora”.
La embajadora Dogu ha sostenido reuniones con personeros de gobierno para abordar los temas relacionados a la propuesta del gobierno de aprobar una nueva Ley de Energía.
El gobierno hondureño anunció que renegociará los contratos de energía eléctrica con los generadores privados y en caso que no accedan a una reducción de tarifas por kilovatio puede asumir el control de las plantas tras el pago de un justiprecio de la misma, de acuerdo al proyecto de la nueva ley de Energía turnada al Congreso Nacional.
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Desde el sector privado las alertas están encendidas y algunos hablan del mal mensaje, mientras otros señalan que el gobierno está tomando el tema de prisa, ya que apenas lleva tres meses, para un problema que lleva más de 12 años.
El gobierno considera la energía eléctrica como un bien público de seguridad nacional y un derecho humano, por lo que declarará emergencia del sector, de acuerdo a los primeros artículos del proyecto de ley.
Los sectores que serán declarados en emergencia son la Comisión Reguladora de Energía Eléctrica (CREE), el ente responsable de despacho, las actividades de generación, transmisión, distribución y comercialización de electricidad, la importación y generación de energía eléctrica.
Igualmente se autoriza a la junta directiva de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) a implementar un Plan de Emergencia para la recuperación del Subsector y el rescate de la Empresa Pública.
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Pero el proyecto de decreto asegura que el gobierno garantiza la continuidad de la inversión en las áreas de generación, transmisión y distribución, pero las mismas no podrán exceder en cada una de las áreas a lo invertido por el Estado y la empresa pública.
La tarde del lunes de esta semana, el gobierno y los generadores privados iniciaron el diálogo para revisar los contratos de energía eléctrica que produce el sector privado, tras darse a conocer que se encuentra en el Congreso Nacional un proyecto de Ley de Energía que destaca que el gobierno podrá adquirir las plantas si sus dueños no aceptan una baja en las tarifas en que venden la energía eléctrica. JS
