Tegucigalpa- “Una propuesta de reforma integral del sector eléctrico. Su alcance la convierte en la iniciativa más ambiciosa en más de una década. Pero una reforma como esta se evalúa por lo que produce, no por lo que enuncia”, apunta un análisis de Sendas Think Tank (laboratorio de ideas) que profundiza en la iniciativa de reformas al subsector eléctrico que ahora se socializa en el Congreso Nacional (CN).
– El análisis advierte que las reformas sin gobernanza blindada y sin una ruta clara de ejecución, corren el riesgo de repetir errores del pasado.
Honduras se encuentra ante una de las decisiones más trascendentales para el futuro de su sistema eléctrico, ya que el anteproyecto de Ley para la Modernización del Sector Eléctrico, remitido por el Poder Ejecutivo al Congreso Nacional el pasado 3 de junio, plantea una reestructuración integral de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) y la creación de nuevas instituciones para corregir las fallas que durante años han llevado al sistema a una crisis financiera y operativa.
Las reformas son necesarias partiendo de la magnitud del problema que es evidente, ya que es conocido que la ENEE acumula una deuda superior a los 4,500 millones de dólares, equivalente al 11% del Producto Interno Bruto (PIB), mientras que las pérdidas de energía rondan el 38%, una de las tasas más elevadas de la región.
Según el análisis que elaboró Sendas, en colaboración con especialistas del sector eléctrico, el proyecto parte de un diagnóstico acertado y construye una arquitectura institucional adecuada, pero deja abiertas interrogantes fundamentales sobre cómo garantizar que la transformación ocurra en la práctica y no quede únicamente plasmada en la ley.
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Avances importantes
Entre los aspectos más destacados del proyecto figura el fortalecimiento de la Comisión Reguladora de Energía Eléctrica (CREE), que contaría con mayor independencia financiera y procesos de selección más técnicos para sus autoridades.
También propone la creación de un Operador del Sistema y del Mercado (OSM), separado de la ENEE, con el objetivo de eliminar conflictos de interés históricos en la operación y despacho de energía.
La reforma contempla además la división de la ENEE en empresas especializadas de generación, transmisión y distribución, una medida orientada a mejorar la transparencia financiera y la rendición de cuentas.
Asimismo, incorpora mecanismos modernos como licitaciones internacionales competitivas, regulación para sistemas de almacenamiento energético y una mayor transparencia en los costos y cargos del sistema eléctrico.
Riesgo de que la reforma que quede solo en papel
Pese a los avances, el informe advierte que la creación de nuevas instituciones no garantiza por sí sola un cambio real.
Uno de los principales riesgos identificados es la captura política de las nuevas estructuras. Los especialistas señalan que la ley define las entidades, pero no establece con suficiente claridad cómo se evitará que las prácticas de discrecionalidad, clientelismo e influencia política continúen reproduciéndose bajo nuevas figuras administrativas.
También cuestionan la permanencia de la ENEE como empresa matriz, al considerar que podría convertirse en un canal de influencia política sobre las subsidiarias, afectando la independencia operativa que la reforma busca promover.
La crisis financiera el gran vacío e inversiones pendientes
El punto más crítico del análisis es la ausencia de una solución integral para la situación financiera del sistema, apunta el análisis en referencia.
Las pérdidas que actualmente no son reconocidas por la tarifa representan aproximadamente 500 millones de dólares al año, pero el Gobierno aún no ha definido metas concretas ni plazos para reducirlas.
A esto se suma el enorme peso de la deuda acumulada. Los expertos sostienen que dividir la ENEE no resolverá automáticamente los pasivos heredados y advierten que, sin un mecanismo de transición financiera, las nuevas empresas podrían iniciar operaciones en condiciones de insolvencia.
El informe también subraya que combatir el hurto de energía requerirá acciones coordinadas del Estado, incluyendo sanciones más efectivas y mecanismos judiciales especializados que permitan recuperar la cultura de pago y fortalecer la sostenibilidad financiera de la distribuidora.
La modernización del sistema demandará además inversiones millonarias. Se estima que Honduras necesitará alrededor de 900 millones de dólares para transmisión eléctrica y más de 800 millones para distribución durante la próxima década.
Sin embargo, el proyecto no establece con claridad quién financiará estas inversiones ni cómo se incorporarán sus costos dentro del esquema tarifario.
Los analistas también consideran insuficiente el esquema de conducción de la reforma, ya que incluye a instituciones que simultáneamente deben ser reguladas o transformadas, lo que podría generar conflictos de interés durante la implementación.
Una oportunidad histórica
Para Sendas, la aprobación de la ley representa apenas el primer paso de un proceso mucho más complejo.
La organización sostiene que el éxito dependerá de tres factores inseparables: una reforma estructural efectiva, mecanismos de gobernanza que protejan las nuevas instituciones de la interferencia política y una estrategia financiera capaz de reducir pérdidas mientras se atiende el peso de la deuda acumulada.
«Una reforma de esta magnitud no ocurre dos veces en una generación», concluye el informe. La verdadera prueba no será la aprobación del decreto, sino la capacidad del Estado para ejecutarlo y demostrar resultados concretos en los próximos meses.
De lo contrario, Honduras podría enfrentar el riesgo de repetir la historia de reformas anteriores que, pese a haber sido bien diseñadas, nunca lograron transformar la realidad del sector eléctrico. LB
