Tegucigalpa – De acuerdo a un informe del estatal Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh), el reclutamiento de menores de edad por parte de pandillas es un factor creciente que impulsa el desplazamiento forzado en Honduras.
– 79 % de los reclutamientos son realizados por las maras y pandillas, según el informe de Conadeh.
El crimen organizado encuentra, especialmente en la niñez y la juventud, la fuente de suministro del recurso humano para incrementar las filas de sus integrantes o reemplazar las bajas de sus miembros activos, por razones de muerte o privación de la libertad, señaló el ente estatal a través de un comunicado
El reclutamiento forzado de niños y jóvenes por parte de maras y del crimen organizado, se constituye en una de las modalidades violatorias que generan desplazamiento forzado de personas en el país, subraya el informe del Conadeh.
El documento establece que, en el 2017, el ente estatal atendió 56 casos, a nivel nacional, relacionadas al reclutamiento forzado de niñas, niños y adolescentes, que lo ubican como una de las causas que terminan en desplazamiento de personas.
De acuerdo al Conadeh, una de las características identificadas sobre esta vulneración de los derechos humanos de los habitantes, consiste en centrarse en el uso y vinculación de las niñas, niños y adolescentes en las actividades de asociaciones ilícitas.
Sin embargo y, en menor medida, también incluye a personas adultas, que mediante amenazas de muerte, intimidación y hostigamiento, los obligan a cumplir con sus exigencias al margen de la ley.
En ambos casos, el crimen organizado encuentra, especialmente en la niñez y la juventud, la fuente de suministro del recurso humano para incrementar las filas de sus integrantes o reemplazar las bajas de sus miembros activos, por razones de muerte o privación de la libertad.
Por lo general, las personas reclutadas, por maras o bandas del crimen organizado, son utilizadas como vigías o “banderas”, distribuidores de droga, cobradores de cuotas de extorsión o en el peor de los casos, en el sicariato.
El informe también hace referencia, que cuando se trata de niñas y mujeres jóvenes, estas son capturadas y reclutadas generalmente con fines de abuso o explotación sexual.
Una de las víctimas relató la forma en que las maras comenzaron a amenazarla de muerte si no vendía droga para ellos, por lo que acudió a diferentes instancias del sistema de justicia en el país a interponer la denuncia pero en ninguna de las instituciones fue escuchada.
Finalmente acudió al Conadeh a solicitar que se dejará constancia de los hechos, y que se haga saber, a las autoridades competentes, que en ninguna de las instituciones se le brindó el apoyo, incluso le dijeron que se cambiara de casa para que el asunto quedara arreglado.
En Honduras el reclutamiento forzado es considerado como una de las modalidades de trata de personas.
Además, está contemplado en la ley de trata como el reclutamiento de personas menores de dieciocho años para actividades criminales y, es definido como: “el uso de niños(as) en las actividades del crimen organizado”.
De acuerdo a la Unidad de Desplazamiento Forzado del Conadeh, los municipios con mayor incidencia de situaciones de riesgo o desplazamiento forzado por motivos del reclutamiento, ya sea por el crimen organizado o por maras, está el Distrito Central y San Pedro Sula, con el 73 por ciento de los casos.
Además, en El Progreso, Choloma y Choluteca se registró el 20 %, mientras que en los municipios de La Ceiba, Pimienta, San Lorenzo y Santa Bárbara, en su conjunto acumularon el 7 % restante.
El documento revela, que de acuerdo a las quejas presentadas ante el Conadeh, el 79 % de los reclutamientos son realizados las maras y pandillas, el 14 % por sujetos desconocidos o particulares, mientras que un 7 % se distribuye entre las bandas criminales y narcotraficantes.
En ese orden, el Conadeh ve con preocupación el alto grado de impunidad que existe en estos casos, en donde las familias al no encontrar respuestas efectivas de protección, por los cuerpos de seguridad y justicia del país, recurren a huir de sus lugares de origen para evitar que sus hijos u otros familiares, formen parte de las maras o del crimen organizado.
Otro de los hallazgos encontrados, es que el 64 % de los peticionarios que interpusieron quejas relacionadas al reclutamiento de uno o varios familiares, en su mayoría menores de 18 años, decidieron solamente exponer los hechos que motivaron el riesgo o desplazamiento interno de la familia o del afectado, sin considerar la posibilidad de interponer la denuncia ante las instancias competentes del Estado.
La realidad de las personas desplazadas internamente por esta modalidad violatoria, como en otras, es encontrarse con una serie de barreras que vulneran aún más el acceso y disfrute pleno de sus derechos humanos, en particular, cuando tienen restricciones de acceso a la justicia y debido proceso legal.
En el 2017, la Unidad de Desplazamiento Forzado atendió 688 casos de denuncias por diversas vulneraciones al derecho a la vida e integridad personal que afectaron a mil 424 personas, de los cuales el 51 % de los casos corresponde a riesgo de desplazamiento y el 49 % se concretó en desplazamiento forzado por la violencia.
