La política lleva clavada en su esencia el sello de la cotidianeidad. Se hace día a día y su curso es vertiginoso. Quienes por vocación y voluntad se dedican a guiar la sociedad, se someten, digámoslo así, a un plebiscito cotidiano. Por esa razón se ven obligados a reposicionar de forma permanente sus posturas para adaptarlas a la cruda realidad que les hinca el devenir. Es por ello también que a veces nos sorprende su actitud frente a los antagonismos y, por supuesto, su propensión casi inequívoca a cometer errores.
La política se conjuga en tiempo presente, de tal manera que los amigos de ayer pueden ser los enemigos de hoy o viceversa. Este hecho suele escandalizar a los puristas que la conciben como una práctica sacramental, sujeta a una normatividad comparable a los dogmas de la religión. ¡Craso error! Max Weber lo escribió en una frase lapidaria: “Quien se dedique a la política debe saber que hizo un pacto con los demonios, de tal manera que no siempre lo bueno conduce a resultados deseables y que, en otras ocasiones, lo malo puede generar cosas buenas”
La tragedia de Honduras, por lo tanto, no es que sus políticos actúen a veces de forma contradictoria, sino que, por lo general, suelen estar fuera de circuito; juegan en ligas inferiores, son amateurs que concentran sus esfuerzos, sobre todo en obtener ganancias para su pecunio y el de sus familiares y patronos. La inmensa mayoría carece incluso de una idea intuitiva acerca de sus deberes y dedica tiempo y esfuerzo a trabajar en actividades alejadas de su verdadero quehacer.
A todo lo anterior hay que sumar otro desaguisado aún más peligroso: a la gente en nuestro país le encanta depender de esos políticos inhábiles. Los idealiza en espera de que le resuelvan sus problemas, aun los personales. En otras palabras, la tragedia hondureña está signada por una doble insensatez: la inoperancia y bajas competencias de quienes pretenden erigirse como guías de la sociedad y la actitud pueril de una ciudadanía que persiste en esperar que el estado -léase los políticos- satisfaga el total de sus necesidades.
La coyuntura actual constituye una buena muestra de lo apuntado: En nuestro país, los precios más sensibles para el bienestar general son fijados por la autoridad: El transporte público, los combustibles, la energía eléctrica, el agua potable, el cemento, el salario mínimo, el tipo de cambio y muchos más. No hay lugar para la competencia, para la posibilidad de ser más productivos en la generación e intercambio de los bienes más básicos.
Luego, cuando la situación mundial presiona como en estos días, la gente se molesta porque el gobierno que tanto dice quererlos se ve obligado a incrementar los precios que él mismo fijó.
El análisis más simple de la ciencia económica demuestra con claridad que la fijación artificial en el precio de los insumos o de los bienes finales, produce tal distorsión en el sistema económico, que acabará por hacer más pobres a los pobres y por generar incentivos a la especulación y por ende, beneficios a quienes puedan gozar del favor de la autoridad, alimentando así el círculo vicioso de la gobernanza fallida, el latrocinio y la corrupción.
Lo peor es que no hay nada que hacer ante semejantes desatinos. Hace muy poco, los miembros de la Comisión Reguladora de Energía (CREE), intentaron corregir una situación que claramente afecta el ciclo financiero de la ENEE, ya de por sí en crisis, y que había sido impuesta en los últimos meses de la administración anterior en un intento por ganar votos a costa de un mayor deterioro de la empresa.
La decisión técnica fue revertida por los políticos que, corroídos por el temor al juicio callejero y la crítica de la oposición, se apresuraron a “corregir” la medida sin preguntarse siquiera las consecuencias de sus actos en el futuro del sector eléctrico.
Las cosas son y seguirán siendo así en la política hondureña. Para quienes se sientan en los curules del Congreso Nacional, también para los “dizque” asesores del Ejecutivo, así como para las y los jueces del Poder Judicial, es menester que un estado inconsciente de su mandato y no las leyes económicas y sus sanas instituciones, sea quien decida lo bueno y lo malo. Eso, lamentablemente, nos continuará llevando de forma inexorable por el camino que han seguido naciones fracasadas como Haití.
