“Es una ley de seguridad, de protección precisamente por el riesgo que toman los mandatarios y en este caso también los presidentes de la Corte Suprema de Justicia y del Congreso Nacional y el fiscal general y fiscal adjunto del Ministerio Público, que son quienes participan en la regulación de las leyes para que sean aplicadas”, arguyó la funcionaria.
Añadió que la medida se toma debido al riesgo que incurren las personas en el momento que aceptan el cargo y posteriormente a cualquier represaría, y en base a eso, fue discutida y aprobada la ley y aprobada en el diario oficial La Gaceta.
Reiteró que la medida aplica para los ex presidentes una vez que dejen el cargo, aunque siempre han gozado de seguridad mientras ostentan el cargo, pero por la situación de riesgo y las represalias que pueden ocurrir a futuro es que se ha decidido que una vez que cesen en el puesto, los ex fiscales, así como los titulares de los tres poderes del Estado, puedan seguir con seguridad.
La medida está establecida en el decreto 325-2013, publicado este lunes en el diario oficial La Gaceta y que se aplicará a partir de los actuales altos funcionarios del Estado.
