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Proyecto de decreto para protección de periodistas ya está en el Congreso Nacional

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Tegucigalpa – La Secretaría de Justicia y Derechos Humanos (SJDH), ya socializó y envió al Congreso Nacional, el anteproyecto de decreto para la protección de periodistas, defensores de derechos humanos y operadores de justicia, aseguró la viceministra del ramo, Martha Sabillón.
 

“Lo que la SJDH en conjunto con las organizaciones de sociedad civil ha presentado al Congreso Nacional, es un proyecto de ley para la protección de los defensores de derechos humanos, periodistas, comunicadores sociales y operadores de justicia”, indicó la funcionaria.

Explicó que esa ley lo que pretende es la creación de tres unidades especializadas, una para la recepción de denuncias que estará instalada en la SJDH para que puedan interponer las denuncias los miembros de esos grupos que están sometidos a altos niveles de violencia en el país y mediante la cual se le podrán establecer una serie de medidas de protección para garantizar su vida o su integridad física o emocional.

Añadió que otra unidad que también funcionará en esa secretaría, se encargará de hacer las evaluaciones de riesgo y se trata de una dependencia especializada con profesionales de diferentes disciplinas que hará una investigación social del entorno de la persona para determinar cuál es el tipo de medida apropiada para garantizar su vida o su integridad.

Otra unidad que funcionará adscrita a la Secretaría de Seguridad que es la que se encargará de implementar las medidas, una vez que son decretadas y consensuadas con las víctimas. “Es una unidad especializada de protección integrada por policías con un alto perfil que se encargarán de la ejecución de las medidas que se estimen pertinentes por parte de la unidad de análisis de riesgo”, acotó.

Reiteró que se ha encontrado que existen altos niveles de violencia en contra de los periodistas, comunicadores sociales, operadores de justicia en el concepto amplio del mismo, que incluye a fiscales, policías, jueces e incluso abogados privados que trabajan en pro del acceso a la justicia y también en contra de los defensores de derechos humanos que realizan una defensa de sus propios derechos o de los de terceros.

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